El BNG presenta una enmienda a la ley del aborto contra la objeción de conciencia en la sanidad pública

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Exige que se garantice «que la dispensación de anticoncepción de emergencia se realice sin injerencias de ninguna asociación o entidad»

04 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La nueva ley del aborto impulsada desde el Ministerio de Igualdad recupera que las jóvenes de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de los padres. Esa es una de las novedades que ha generado más controversia. El texto fue enviado al Congreso y el pasado octubre acabó el período de enmiendas.

Néstor Rego, el diputado del Bloque en el Congreso, ha presentado propuestas de corrección de la ley que conciernen a los sanitarios y a los que dispensan la píldora del día después. «No compartimos que se siga garantizando el derecho a la objeción de conciencia. Si el aborto es un derecho, el personal que ejerce su labor en la red pública de salud debe tener la obligación de garantizarlo», se indica en el texto.

La nueva ley establece que los sanitarios pueden seguir ejerciendo la objeción de conciencia, como hasta ahora. Pero contempla la creación de un registro de objetores en cada comunidad y señala que los centros deben organizarse para que se garantice el derecho al aborto, es decir, que todos los hospitales públicos con servicio ginecológico están obligados a contar con personal sanitario que no se oponga a practicar interrupciones del embarazo. La norma especifica, además, que los que se nieguen a realizar abortos en el sector público no podrán hacerlo tampoco en clínicas privadas.

También se pide que se contemple que, en el «caso excepcional» de que una paciente sea derivada a un centro privado, «el sistema de salud público asumirá íntegramente los gastos de desplazamiento y estancia, debiendo realizarse un seguimiento tras la intervención».

El BNG exige que se garantice «que la dispensación de anticoncepción de emergencia se realice sin injerencias de ninguna asociación o entidad», apunta el documento. «En muchos casos la dispensación en centros y farmacias se acompaña de folletos e informaciones repartidos por asociaciones provida. Es necesario garantizar que no se produzcan estas injerencias», indica.

En estas enmiendas también se recoge la necesidad de que se proteja a las mujeres trabajadores, y de que se consignen «partidas específicas para la financiación de la investigación en salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de género y con una visión integral que permitan garantizar una atención digna, de calidad y libre de violencias».