Nadia Mejía Amaya, miembro del equipo legal de la Red Lésbica Cattrachas de Honduras, explica que a día de hoy las 373 muertes incluidas en su informe son ya 433 y esconden detrás una realidad legal y social marcada «por el aspecto cultural arrastrado de las relaciones de la Iglesia con el Estado». El resultado es una moral conservadora y «una conducta de rechazo» que se manifiesta en todos los órdenes de la vida. «Aquí para los gais está prohibida desde al año 2000 hasta la donación de sangre. Y hay otras leyes que, sin ser específicas, tienen efectos claramente discriminatorios. El cambio de nombre por ejemplo, se niega para todo el mundo, y también, claro, para las personas trans», detalla la abogada, quien señala cómo en el 2013 se incluyeron en el Código Penal los delitos de odio y en el 2019 la no discriminación por razones de orientación sexual, y desde entonces no se han aplicado esos agravantes.
Pone múltiples ejemplos de ese rechazo, como el de las visitas íntimas en las cárceles. «Como la Constitución niega el matrimonio tenemos que recurrir a declaraciones juradas ante notario público de que existe esa relación sentimental, pero ni así las aceptan», cuenta Mejía, que ha visto muchos casos verdaderamente sangrantes en los «que a los fiscales algunas veces se les nota desconocimiento y en otros se ve que no quieren. Se basan en el prejuicio, capturan y exponen». Cita un homicidio, que los periódicos sensacionalistas titularon como «Gay mata a gay» y, después de difundir la imagen del supuesto asesino, en la rueda de reconocimiento ante el testigo principal, al acusado, una persona trans «lo presentaron rodeado solo por personas heterosexuales». Unos «fallos» y una «criminalización» que la abogada considera «intolerables».
Mejía llevó a los tribunales diversos casos de homicidios por motivos de odio.