Admite a trámite los recursos presentados por mayores y menores contra decisiones judiciales
15 sep 2022 . Actualizado a las 09:29 h.En enero del año pasado, un juez de Santiago autorizó a vacunar frente al coronavirus a una usuaria de un centro de mayores incapacitada después de que su hija se negase rotundamente a que le pusiesen la inyección. El magistrado defendió su decisión alegando lo conveniente de esta inoculación para la salud de la señora y estipuló que únicamente quedaría anulada si esta recuperase su capacidad de discernir y voluntariamente se negase. Nueve meses después, una jueza de Vigo permitió a una mujer divorciada vacunar a su hija de 12 años a pesar de la oposición del padre. A diferencia del primer fallo, que se emitió en tiempo récord, este pleito se alargó durante tres meses, con ambos progenitores batallando en los tribunales. Tras escuchar a la menor, que aseguró querer protegerse frente al virus, como el resto de sus compañeros, se atribuyó a la madre la facultad para decidir. También a principios de este año la Justicia asturiana concedió a la madre de una niña de ocho años la capacidad de decisión en favor de la vacunación al considerar «innegable» el valor individual y social de la inyección.
Casi todos los casos de este tipo que han llegado a los tribunales se han resuelto a favor de la inmunización —de los que han trascendido, solo una jueza de Tenerife dio la razón a la madre de un adolescente, contraria a la vacunación, y otra de Palencia reconoció la duda de un padre que se oponía ante la inexistencia de información sobre efectos adversos—, pero ¿puede realmente un juez obligar a vacunarse contra el covid-19? El pleno del Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite los recursos de amparo presentados por personas mayores y padres de menores contra decisiones que les obligan a ponerse la inyección. Analizarán si vulneran el principio de igualdad y el derecho fundamental a la integridad física y moral.
El tribunal añade en un comunicado que, además, los recursos plantean un problema que afecta también al derecho a la protección de la salud y a la intimidad personal y familiar, sobre el que no hay doctrina constitucional. El asunto, según los magistrados, «trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social».
Las personas que han recurrido ante el Constitucional estiman que la inoculación de un medicamento en fase experimental debe tener siempre carácter voluntario y, por lo tanto, consideran que las resoluciones judiciales que les obligan a vacunarse son contrarias a los derechos fundamentales reconocidos no solo en la Constitución, sino también en los convenios y tratados internacionales.