El Congreso aprobó este jueves la norma, que aumenta la inversión e intenta eliminar la brecha de género y la precariedad laboral
25 ago 2022 . Actualizado a las 19:50 h.El Congreso dio este jueves el aprobado a la ley de ciencia, que entrará en vigor al día siguiente de su inminente publicación en el BOE, por lo que desarrollará de cara al nuevo curso. El Gobierno, tras pactar con ERC, logró que la mayoría del pleno rechazase la enmienda introducida en el Senado, encabezada por el PP, que pretendía permitir que los contratos de investigadores sujetos a proyectos competitivos financiados por la UE pudieran ser temporales. El texto inicial, el aprobado, dice que deben ser indefinidos. Es el único gran desacuerdo. El Congreso aprobó el resto de los artículos sin un solo voto en contra y con el «sí» de la gran mayoría. El acuerdo no fue absoluto, pero casi. Nadie votó «no». Solo se quedaron en la abstención Vox, PNV y JxCat. Los de Santiago Abascal denuncian tintes ideológicos y los nacionalistas ven riesgos de intromisión en sus competencias. Estas son algunas de las claves de la ley:
Duplicar la inversión
Se compromete a igualar la inversión en investigación de otros países de la UE. En menos de diez años se duplicarán los fondos públicos para I+D+i. Elevará de forma progresiva la inversión hasta alcanzar en el 2030 el 1,25 % del PIB (hoy es el 0,58 %). Si el Estado cumple y los inversores y empresas privadas mejoran en consonancia su escuálida aportación actual, la investigación y la ciencia españolas deberían recibir en el 2030 una financiación del 3 % del PIB entre fondos públicos y privados.
Cerrar la brecha de género
Los procesos de selección y evaluación deberán garantizar igualdad de oportunidades a quienes han asumido permisos de crianza o de cuidados, en su absoluta mayoría científicas, y los propios comités de evaluación deberán tener un mínimo de un 40 % de mujeres.
Contratos indefinidos
Crea un contrato indefinido para científicos, gestores y técnicos de grupos o proyectos de investigación que cuentan con financiación externa o ayudas oficiales obtenidas en concursos. No depende de los topes de la oferta pública, pueden optar licenciados, máster, técnicos superiores y doctores, y deben adjudicarse por mérito y capacidad. Beneficiarán a miles de investigadores que hoy viven con la incertidumbre de encadenar durante años contratos temporales o de obra y servicio.
Una carrera estable
Abre un itinerario previsible para que los investigadores con doctorado puedan iniciar una carrera profesional estable mientras logran una plaza pública permanente. Se crea un contrato de acceso a la carrera, con duración de tres a seis años, pero que ampliará su tope con los permisos por embarazo y crianza, violencia de género o cuidados de familiares. A partir del segundo año, la investigación de los doctores será evaluada. Si el resultado es positivo mejorará su salario y tendrán un certificado de «investigador establecido». El estatus les permitirá competir por una reserva de entre el 15 % y el 25 % de los puestos públicos de investigador y les liberará de parte de las pruebas de las oposiciones a una plaza funcionarial. Se busca asegurar el trayecto de investigadores competentes hasta las plazas públicas porque en una década se jubilarán unos 25.000.
Indemnización a predoctorales
Mejora las condiciones con una indemnización de 12 días por año al término del contrato. Y restringe el contrato de «investigador distinguido», sea español o extranjero, a científicos de prestigio y reputación internacional consolidada que vengan a ejercer de director de equipo o de centro.
Desburocratizar
Simplifica la justificación de las subvenciones y permite ayudas directas a proyectos que ya han sido evaluados por otros agentes públicos españoles.
Premiar la transferencia
La transferencia de conocimientos generados por los grupos de investigación a empresas se premiará con sueldo y promoción y las administraciones públicas podrán patrocinar start-ups que desarrollen los hallazgos.