El ocio nocturno plantea suprimir las salas oscuras para frenar los abusos

gala dacosta diehl REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

CESAR QUIAN

Las violaciones por sumisión química aumentaron un 30 % en cinco años

04 ago 2022 . Actualizado a las 07:15 h.

Durante las últimas semanas han repuntado los casos de violencia sexual en España, siendo el espacio nocturno el principal escenario de abusos hacia mujeres. Preocupa, además, un fenómeno que se extiende por cada vez más comunidades, aunque todavía no se han registrado denuncias ligadas a la violencia sexual porque no conlleva un abuso asociado. Se trata de la inoculación de sustancias estupefacientes a mujeres jóvenes, y también a algún hombre, sin su consentimiento.

No está claro, sin embargo, que se trate de un episodio de sumisión química, porque para inyectar una sustancia y anular la voluntad de la víctima no basta con un simple pinchazo. Moda, broma o algo más, lo cierto es que esta práctica ha llegado a España importada de otros países como Francia o Reino Unido.

Pero dado que los abusos en momentos de ocio afecta casi exclusivamente a mujeres, el Ministerio de Igualdad firmó un acuerdo de colaboración con la Federación Española de Ocio y Espectáculos con el objetivo de garantizar que discotecas, bares y todos los espacios de ocio nocturno sean lugares seguros, iniciativa a la que se ha sumado el sector de ocio nocturno de Galicia.

El último estudio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) sobre violencia sexual y sumisión química apunta a que en los últimos cinco años han aumentado en más de un 30 % los casos de agresión sexual con sumisión química, sobre todo mediante intoxicación en la bebida. Además, el agresor es un conocido en la mayoría de los casos.

Según Samuel Pousada, presidente de la Federación de Asociaciones de Salas de Fiestas y Discotecas de Galicia, no existía hasta ahora un protocolo de actuación específico en los locales de ocio nocturno. Mientras se desarrolla un plan de acción con este tipo de establecimientos, el paso a seguir ahora es la difusión de material informativo acerca de los distintos tipos de sumisión química, entre ellos los pinchazos. Dentro de este material se incluyen cartelería con planes de actuación frente a una agresión o la creación de puntos lila en los aseos de mujeres donde puedan denunciar los casos, además de otros episodios de acoso. Pousada señala que, mientras estudian las medidas, se incidirá en cómo actuar frente a casos de violencia sexual en los cursos de controlador de acceso a discotecas.

Algunas de las medidas concretas que se barajaron en la reunión con la ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron la supresión de zonas oscuras en los locales, la concienciación del personal y la adecuación de las cámaras de seguridad, entre otras. El sector en Galicia ha recogido el guante y se muestra decidido, en su totalidad, a luchar contra este problema.

Sin denuncias en Galicia

En Galicia no ha habido por ahora ninguna denuncia relacionada con los pinchazos, pero es conveniente comenzar a desarrollar planes de acción concretos. La primera de las áreas sanitarias que activó el protocolo ante sumisión química fue la de Ourense, aunque más tarde se extendió a nivel gallego. Francisco Aramburu, jefe del servicio de Urxencias del Hospital de Ourense, lideró este plan pionero para abordar los casos de abuso mediante sumisión química. Explica que el primer paso, una vez en el hospital, es comprobar si se trata de una agresión sexual. En caso de serlo, se contacta con la policía.

Este protocolo no se limita a la atención sanitaria, sino que se extiende al servicio específico de apoyo a la mujer de la Policía Nacional, a la Audiencia Provincial y al equipo de Análisis Clínico del hospital. Exista o no un protocolo al respecto, hay que acudir a urgencias si se sospecha de sumisión química.

Las autoridades insisten en aumentar la seguridad y aclarar los pasos a seguir ante una agresión. Es aconsejable llamar al 112 y, en el caso de sentir síntomas como náuseas o pérdida de consciencia, hay que pedir ayuda y acudir a un hospital.

Las comunidades autónomas toman medidas frente los pinchazos, aún sin pruebas que los vinculen con abusos

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido este miércoles a las mujeres que están sufriendo pinchazos en locales de ocio a denunciarlos y ha recalcado que el pinchazo en sí supone ya un delito de lesiones, «un hecho grave de violencia contra la mujer», pues se les está expulsando de espacios públicos.

En declaraciones a TVE, la ministra ha subrayado la importancia de que las víctimas acudan rápidamente a un centro médico para que se le pueda hacer un análisis y pongan denuncia, porque, sin ella, será «muy difícil» conocer el patrón que siguen los autores, su finalidad, por lo que quedarán impunes.

Sin embargo, los casos de pinchazos identificados hasta ahora en España no están asociados a un episodio posterior de abusos de la víctima, por lo que, de momento, aún está por confirmar si se trata de un método de sumisión química como tal. En este sentido, el catedrático de Medicina Legal por la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, aseguró ayer que «es muy difícil» que con los pinchazos pueda haberse generado «una sustancia que no esté controlada en los análisis toxicológicos». Y por ahora no se han detectado. También ha advertido de un posible «efecto imitación» para «originar pánico». Sobre si realmente un pinchazo puede provocar sumisión química, destacó que «una cosa es pinchar y otra muy distinta es inyectar», tras añadir que inocular una cantidad suficiente para conseguir que la víctima entre realmente en un proceso de pérdida de conciencia o anulación de la voluntad «es realmente muy difícil».

Por su parte, la consejera de Integración Social de la Junta de Andalucía, Loles López, anunció que se pondrá en marcha un protocolo para actuar ante los casos de sumisión química y pinchazos. Otras comunidades como Cataluña, Cantabria y Extremadura están en proceso de actualizar los protocolos de actuación ante posibles casos de sumisión química por pinchazos. Mientras, las autoridades señalan que en la práctica totalidad de los análisis realizados no se han hallado sustancias ni han habido abusos posteriores.