El Senado aprobará este mes la ley que convierte todo acto contra la libertad sexual sin consentimiento claro en una agresión o violación, el acoso callejero en delito y la sumisión química en agravante
05 jul 2022 . Actualizado a las 15:58 h.«Solo sí es sí» dejará el mes que viene de ser un grito contra las agresiones machistas para transformarse en ley. Desde agosto, el consentimiento será el único criterio válido que podrán tener en cuenta jueces y policías para determinar si se ha producido o no un caso de violencia sexual, para ordenar la protección inmediata de la víctima y castigar el delito.
El Senado pisará el acelerador y aprobará este mismo mes la ley de libertad sexual, la que convertirá todo acto sexual sin un consentimiento claro en agresión o violación. Los partidos que conforman la amplia mayoría que en mayo respaldó la norma en el Congreso —todo el hemiciclo salvo PP y Vox— han acordado que supere el trámite del Senado sin enmiendas, sin hacer cambios en un texto ya negociado y pactado durante meses en la Cámara Baja.
La ausencia de modificaciones supone que el sí de la Cámara Alta será el definitivo y que enviará la ley directamente al BOE para que la publique y entre en vigor. El aval final se registrará entre el 18 y el 21 de julio, cuando los senadores celebren un pleno extraordinario al efecto.
La aprobación de la ley, que ha necesitado más de dos años de ásperas negociaciones y pulsos entre los socios del Gobierno —entre sí y con el resto de partidos—, se producirá solo unos días después del sexto aniversario del salvaje ataque de La Manada en los Sanfermines del 2016, cuando en la madrugada del 6 al 7 de julio cinco jóvenes se confabularon para acorralar y violar reiterada y salvajemente a una chica de 18 que estaba bebida en un portal del centro de Pamplona. Fue la enorme indignación popular desatada por la tenue condena inicial contra los asaltantes —la Audiencia de Navarra solo vio abuso y no violación— la que exigió la reforma del Código Penal que ahora se aprueba, que pretende que aquel atropello judicial no se repita.
La ley contempla en su disposición final vigesimoquinta su entrada en vigor a los 30 días de la publicación en el BOE, lo que quiere decir que el grueso de la norma, incluida la reforma del Código Penal, se aplicará ya antes de que finalice agosto.
El texto cambia todo el capítulo de delitos sexuales. La existencia o no de consentimiento por parte de la víctima es el núcleo de la regulación. Desaparece el abuso y todo acto no consentido será agresión sexual y toda agresión con penetración, violación. Ya no será preciso que medie violencia o intimidación para condenar por ambas categorías.
Toda agresión acarreará un mínimo de un año de cárcel, hay nuevas agravantes que sumarán entre dos y tres años de prisión al condenado, como la agresión a la pareja o expareja o el uso de sumisión química (emborrachar o drogar a la víctima para anular su voluntad), incorpora como delito el acoso callejero, se prohíbe la publicidad de la prostitución en cualquier soporte y considera violencia contra la mujer, además de la sexual y la de género, la mutilación genital, el matrimonio forzado, el acoso y la trata.
Puntos clave
La penetración impuesta es violación. Toda penetración no consentida es violación, haya o no violencia o intimidación.
Toda agresión tiene cárcel. El fin de los abusos acaba con las multas. La agresión se paga al menos con un año de cárcel.
Acoso callejero. Se castigan con localización o multa comportamientos o proposiciones sexuales hostiles o humillantes.
La ley garantiza a todas las víctimas de estos delitos, haya o no denuncia, un sistema de acogida, asistencia, ayudas y protección que les dará una cobertura muy similar a la que ya tienen las víctimas de la violencia de género, con apoyos legales, sanitarios, psicológicos, laborales, económicos o residenciales. Serán protegidas y asistidas por agentes, forenses y jueces especializados, atendidas en el teléfono 016 y sobre todo acogidas de forma integral en los centros de crisis de 24 horas que han comenzado a crearse en todas las provincias o en las equivalentes casas de niños, si son menores de 16 años. Pero esto no se aplicará de inmediato.
Las administradores tienen un plazo máximo de seis meses para poner a punto las estructuras de apoyo a estas mujeres. Los centros de crisis, los protocolos sociales que permitirán acreditar a las víctimas como tales aunque no denuncien, la implantación de unidades de valoración forense que aconsejen medidas de protección al juzgado, la toma de muestras y pruebas en un solo acto, o el canal específico para denunciar y bloquear la revelación de datos personales en internet.
El Gobierno tendrá un tope de un año para enviar al Congreso las reformas legales que permitan que los juzgados y fiscalías especializadas en violencia contra la mujer asuman la investigación de todos estos delitos, e idéntico plazo para remitir una reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita que se la garantice desde el minuto uno a todas las víctimas de las violencias sexuales.
