El Gobierno tiene seis meses para crear el comisionado contra la discriminación
SOCIEDAD
Las multas por marginar se aplicarán, no obstante, cuando la ley llegue al BOE
02 jul 2022 . Actualizado a las 20:02 h.El Gobierno cuenta con un máximo de seis meses para constituir, dotar y poner en marcha la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, el organismo que debe liderar en todo el país la persecución contra la marginación o la exclusión de los ciudadanos en su día a día, en el empleo, la vivienda, la escuela, la sanidad, las comisarías y tribunales, el mundo digital o en el acceso a locales públicos o privados.
La lucha contra la discriminación y la imposición de duras sanciones a quien veje o segregue a una persona por su lugar de origen, etnia, edad, sexo, ideas, religión, orientación sexual, estado de salud o situación socioeconómica es una obligación de la Administración competente en cada caso, pero este comisionado especial será quien vigile y actúe para que nadie mire para otro lado ante estas violaciones de derechos (como ocurre hoy con demasiada frecuencia) y para que las víctimas cuenten con la orientación y el apoyo precisos para que se atrevan a dar el paso de la denuncia.
La autoridad independiente será un organismo autónomo unipersonal presidido por una personalidad de reconocido prestigio en la defensa y promoción de la igualdad y en la lucha contra la discriminación, suficientemente respetada y relevante como para que el mayor activo de la institución sea la auctoritas de quien la lidera. Muy similar en diseño y perfil al Defensor del Pueblo.
Sanciones por trato vejatorio
Sus principales funciones, además de recibir y tramitar las quejas y reclamaciones de los discriminados, de asesorarlos y protegerlos, serán ejercer la investigación de estas violaciones (tanto de oficio como a demanda), proponer y reclamar a las Administraciones la sanción de estos comportamientos vejatorios o discursos de odio, la comunicación de los casos que crea conveniente a la Fiscalía y la representación de las víctimas ante los tribunales. Otra de sus tareas principales será ejercer como órgano de mediación y conciliación para la resolución del litigio si ambas partes lo autorizan, emitiendo, eso sí, un fallo que será de obligado cumplimiento y pondrá fin a la vía administrativa.
La ley de igualdad de trato y no discriminación, más conocida como ley Zerolo, que fue aprobada esta semana en el pleno del Congreso, ordena al Ejecutivo que tenga este comisionado dotado de medios y personal, en marcha y con estatuto propio de funcionamiento como tarde para final de este año.
Su futuro presidente, el comisionado especial, será propuesto al Congreso en los próximos meses por el Gobierno, pero será la Cámara Baja, después de que los diputados examinen su idoneidad, quien deba aprobar al candidato. Si lo rechaza, el Ejecutivo tendrá tres meses para proponer otro nombre. Tras la ratificación, el nombramiento lo hará el Consejo de Ministros por real decreto.
La idea es que el elegido pueda desempeñar su puesto con total independencia y autonomía, incluso de quienes lo nombraron. La aprobación parlamentaria será por mayoría absoluta (lo que exige un amplio acuerdo) y el mandato de cinco años no será renovable, para evitar presiones de cara a la reelección. Con igual fin, solo podrá ser cesado por motivos muy tasados, que eviten la discrecionalidad del poder. Solo cabe su renuncia o su cese por incompatibilidad, incapacidad permanente, condena firme por delito doloso o incumplimiento grave de sus deberes.
No obstante, los meses de ausencia del comisionado contra la discriminación no frenarán la aplicación de la ley, que entrará en vigor en su totalidad de inmediato, al día siguiente de que se publique en el BOE. No más tarde de la próxima semana. Serán las Administraciones competentes quienes apliquen las duras sanciones (de hasta 150.000 euros) que contempla la norma, que además pueden ir acompañadas, en las faltas muy graves, de cierres temporales y pérdidas de subvenciones o de contratos públicos. Estos castigos solo le serán de aplicación a los expedientes de infracción posteriores a la entrada en vigor.