Solo se permitirá derivar pacientes a la sanidad privada en casos excepcionales
SOCIEDAD
El Sergas desvió 117.000 cirugías y 300.000 pruebas diagnósticas en cinco años. Sanidade asegura que ya justifica el concierto con un informe, tal y como exige el ministerio
15 jun 2022 . Actualizado a las 21:01 h.El Gobierno de Pedro Sánchez quiere una atención sanitaria cien por cien pública. Con este objetivo, el Consejo de Ministros aprobó ayer en segunda vuelta el proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que, entre otras cosas, cierra la puerta a nuevos copagos, amplía los colectivos que tienen derecho a asistencia con cargo a fondos públicos y limita los acuerdos con la privada. Mantiene, sin embargo, la posibilidad de derivar pacientes en casos «excepcionales». En los últimos cinco años, el Sergas desvió más de 117.000 cirugías y 300.000 pruebas diagnósticas, lo que supone el 2,6 % de los pacientes asistidos.
La norma, que se envía ahora al Congreso para su tramitación, estipula como modelo prioritario para la prestación de servicios la «gestión directa», entendiendo que solo debe recurrirse a la gestión indirecta —externalización de la atención— bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente, precisó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar prestaciones de ciertos servicios públicos en la privada. Según la titular de la cartera sanitaria, esto «respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas» y, al mismo tiempo, el modelo de «cogobernanza».
Principio del fin de los copagos
Con esta nueva ley, que recupera la carta común de servicios única en todo el territorio español, el Ejecutivo pretende además acabar con el sistema que obliga al paciente a asumir económicamente parte de los tratamientos. El plan impide la implantación de nuevos copagos y exime de tener que costear parcialmente los productos ortoprotésicos y el transporte sanitario no urgente a los colectivos más vulnerables: pensionistas con rentas inferiores a 5.635 euros o que no pagan IRPF por tener ingresos de menos de 11.200 euros anuales, familias de menores con discapacidad del 33 % o superior, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y perceptores de la prestación no contributiva por hijo o menor a cargo. En total, unos seis millones de ciudadanos, los mismos a los que en enero del 2021 se les liberó de pagar un porcentaje de las medicinas que consumían. ¿Qué dejarán de asumir ahora? El copago ortoprotésico se aplica a todo tipo de prótesis externas, como las de extremidades, articulaciones, cara o boca; a las órtesis (estructuras correctoras) de columna, manos o pies; al calzado ortopédico; a las sillas de ruedas, andadores o bastones; y a otros elementos como vendajes de compresión o audífonos.
Españoles en el extranjero
Todos los residentes en España tienen derecho a asistencia pública, pero ¿qué pasa con los que viven fuera cuando vuelven de visita? Desde el 2014, los que no cotizan ni perciben prestaciones pierden su tarjeta sanitaria si pasan más de 90 días en el extranjero. Con la intención de «devolver» derechos a la ciudadanía, Darias anunció ayer que esta ley amplía el derecho a la atención a las personas de origen español que viven en el extranjero y a sus familiares. También, a los solicitantes de protección internacional, a las víctimas de trata o explotación sexual, y a los que no estén registrados ni autorizados como residentes en España. «Era algo que ya permitió el Real Decreto Ley del 2018 tras la llegada de Sánchez a la Moncloa, pero había dudas de interpretación», matizó la ministra.
Sanidade dice que ya justificaba el concierto con un informe, tal y como exige el ministerio
«O proxecto de lei aprobado polo Goberno de España mantén a posibilidade de contratar asistencia sanitaria con medios alleos ao sistema público, simplemente inclúe a previsión de ter que realizar unha memoria xustificativa, algo que non é alleo ao xeito habitual de contratar da Xunta de Galicia», aseguran desde la Consellería de Sanidade. El Sergas, insisten, ya elabora un informe justificando la necesidad del concierto cada vez que deriva un paciente a un centro privado.
«Todas as licitacións deste tipo de prestacións contan cun informe do órgano promotor que debe xustificar a necesidade da contratación e a insuficiencia dos medios propios para prestar o servizo —añaden fuentes del Gobierno gallego—. Deste xeito, todos os contratos e acordos marco que a Xunta ten en vigor con entidades privadas para a prestación da asistencia sanitaria (como os vixentes nas áreas de Lugo, A Coruña, Ferrol ou Vigo) contaron xa con este tipo de memoria xustificativa, co que a lei estatal non suporá cambio algún nin nos contratos vixentes nin no procedemento futuro». Para el Ejecutivo autonómico no deja de ser «curioso» que un gobierno socialista promueva limitar las derivaciones a la privada: fue durante el bipartito cuando la comunidad destinó más fondos a este tipo de conciertos, defiende. «Ata os 220 millóns de euros e un 6,06 % do orzamento sanitario —precisa Sanidade—. Nos seus catro anos de goberno, o gasto en actividade concertada aumentou un 48 %: 70 millóns en catro anos».
Entre el 2017 y el 2021, el Servizo Galego de Saúde derivó a la sanidad privada 117.000 cirugías de las 1.173.000 realizadas en estos cinco años —el 10 %— y algo más de 300.000 pruebas diagnósticas de un total de 15.000.000 —el 2 %—, tal y como detalló el mes pasado el director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Jorge Aboal, durante una comparecencia en la Comisión de Sanidade del Parlamento.
Por áreas, en cirugía la que más derivó fue Ferrol, un 28 %; seguida de Ourense, con un 14 %; A Coruña, con un 12 %; Lugo, con un 10 %; Santiago, con un 7 %; Vigo, con un 6 %; y Pontevedra, con un 4 %. En cuanto a las pruebas diagnósticas, también Ferrol fue la que más derivó, con un 4,5 %; seguida de Lugo y Ourense, con un 3,3 %; Santiago, con un 1,9 %, A Coruña, con un 1,3 %; y Pontevedra y Vigo, con un 0,5 %.
Podemos avisa: la ley podría no salir adelante si no se modifica
La futura norma sanitaria ha recibido críticas de las patronales de la sanidad privada —ven un ataque directo a un sector que, dicen, absorbió el 30 % de las hospitalizaciones durante la pandemia—, pero también de Unidas Podemos que, pese a su condición de socio gubernamental, consideró la ley insuficiente, porque entiende que no impedirá la privatización de servicios sanitarios. Su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, avisó incluso de que es posible que la ley no consiga salir adelante en el Congreso si no se modifica para «derogar de verdad» la privatización de la sanidad.
Aunque reconoce que la normativa contiene «ciertos avances» con respecto al anteproyecto, considera que hay que «profundizar» en los cambios. La ley fue respaldada ayer, sin embargo, por todos los ministros, también los de la formación morada. «Quiero decir bien alto y bien claro que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso», expuso Darias. La norma contó con aportaciones del resto de los ministerios, aseguró.