El rechazo de las comunidades congela hasta junio el modelo de residencias que pretende el Gobierno

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

Belarra, en el centro, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales
Belarra, en el centro, durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES | EUROPAPRESS

La conselleira de Servizos Sociais cree que son aspiraciones «irrealizables» porque carecen de presupuesto

25 may 2022 . Actualizado a las 20:01 h.

Las cuatro comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia), pero también Cataluña y el País Vasco e incluso Extremadura y Castilla-La Mancha (PSOE) dieron al traste con las aspiraciones del Ministerio de Derechos Sociales que pretendía sacar adelante este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales su ambicioso modelo de residencias que ahora deberá esperar, como mínimo, a junio.

El departamento que dirige Ione Belarra apuesta por un sistema en el que la ratio disminuya hasta «un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo». Además, plantea la «supresión total» de las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas en un plazo máximo de tres años.

Para la conselleira de Política Social, Fabiola García, son aspiraciones «irrealizables» porque carecen de presupuesto y para lo único que servirían es para «encarecer y dificultar el acceso de los ciudadanos».

La Asociación Gallega del Sector de la Dependencia (Agasede) también ha mostrado su «total rechazo a la propuesta» porque «no respeta a los centros residenciales preexistentes y, por lo tanto, aboca a la destrucción de plazas», aparte de que «discrimina directamente al rural, limitando el número de plazas de los centros residenciales frente a las grandes urbes, haciendo que muchos centros dejen de ser viables».

Pero las críticas al proyecto de Belarra le han llovido desde todos los frentes. «Ya están bien de que el Estado muchas veces invite pero no pague», se quejó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.