La comisión de asuntos económicos del Congreso aprobó el dictamen de la nueva ley audiovisual, que indigna a las productoras independientes
19 may 2022 . Actualizado a las 05:15 h.Las tensiones por el espionaje al independentismo no interfirieron hoy con la aprobación del dictamen de la ley audiovisual en la comisión de Asuntos Económicos del Congreso. ERC se mantuvo fiel al pacto suscrito el pasado diciembre, cuando, entre otras cosas, arrancó al Ejecutivo el compromiso de destinar 15 millones de euros anuales para producir contenido series y películas en catalán y otras lenguas cooficiales y apoyó, junto al PSOE, Unidas Podemos y el PNV el texto.
Los nacionalistas vascos mantuvieron hasta esta semana la incógnita de su posición. El lunes, sin embargo, anunciaron un acuerdo que salva, según adujeron, sus tres principales objetivos: la defensa del autogobierno, la preservación de la autonomía de EiTB y garantías sobre la presencia del euskera en el nuevo marco audiovisual derivado de una directiva europea.
El PP, Vox y Junts per Catalunya votaron en contra del dictamen, mientras que Bildu y Ciudadanos optaron por la abstención. Pero, debate lingüístico al margen, la iniciativa ha llegado a la recta final de su tramitación envuelto en polémica por la indignación de uno de los principales sectores afectados, las productoras independientes.
Viabilidad amenazada
Todas las asociaciones que representan a ese ámbito suscribieron el miércoles un comunicado en el que advirtieron de que las enmiendas introducidas en el último momento por el PSOE como meras mejoras técnicas tendrán un resultado catastrófico para su viabilidad y la del sector cultural que gira en torno a la producción independiente. El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, se hizo eco de esa denuncia y llegó a amenazar con dejar caer la ley si el PSOE no se avenía a dar marcha atrás en una serie de modificaciones que, a juicio de las citadas asociaciones, favorecerán una concentración de la industria en el' duopolio' televisivo actual en el corto plazo y, en el medio, en las grandes plataformas internacionales. Finalmente, sin embargo, los morados respaldaron la ley.
Series en gallego
Por primera vez gigantes audiovisuales como Netflix, Amazon Prime, Disney+ o HBO estarán obligados por ley a financiar la producción de cine y series nacionales, tal y como ya hacen las televisiones tradicionales. La nueva ley audiovisual impondrá a las grandes plataformas de streaming apoyar económicamente series y películas en castellano y en las lenguas cooficiales del Estado (euskera, catalán y gallego), así como el cine independiente y también el hecho por mujeres.
La normativa obliga a las grandes plataformas a dedicar un 5 % de los ingresos generados en España a financiar obra audiovisual europea (siguiendo la transposición de la normativa de la UE que la nueva ley recoge), pero reservando una cuota a películas y series en castellano y en las lenguas cooficiales del Estado. Al menos se dedicarán 15 millones de euros para este tipo de producciones, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de las plataformas de streaming, como se pactó con ERC para salvar en su momento los Presupuestos Generales del Estado.
El texto también llega para potenciar el cine independiente (aunque en este asunto hay controversias para acotar bien la definición de «independiente» como ha reclamado la Plataforma de Productoras) y el creado o dirigido por mujeres. También hay una pequeña cuota para apoyar las películas de animación y los documentales.
La normativa, que se extiende a lo largo de 130 páginas, regula desde los horarios de protección de menores en televisión a la prohibición de usar sus datos con fines comerciales y también controlará por primera vez a los youtubers, que tendrán que inscribirse en un registro oficial.
Se ha introducido una enmienda de Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, CUP y Nueva Canarias para que los espectáculos taurinos sean considerados «contenido perjudicial» para el desarrollo «físico, mental y moral» de los menores. Y el PP ha propuesto otra enmienda para que se prohíban los anuncios de juguetes que favorecen los estereotipos de género, algo ya contemplado en el código de autorregulación acordado por el Ministerio de Consumo, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes y Autocontrol, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre.
