—¿Cuándo podría estar en vigor?
—Si todos agilizamos la tramitación, podría ser antes del verano. Cuando antes esté antes tendrán los científicos mejores condiciones.
—Apoyan estudios de medicina de precisión.
—La ley reconoce por primera vez a los investigadores del sistema nacional de salud. Nuestro país está capacitado y tiene talento para desarrollar terapias avanzadas, pero lo que no existían eran fabricantes. Impulsaremos con 1.500 millones de fondos europeos el diseño de más terapias de precisión, que se fabriquen en nuestro país y se administren en la sanidad pública.
—¿Podrá usarse una vacuna española si hay una nueva vacunación masiva contra el covid?
—Se podrá. Tenemos la vacuna de Hipra y si todo va bien, tendríamos millones de unidades del fármaco preparadas para distribuir este verano. Además, es una vacuna mejorada, capaz de adaptarse a las variantes futuras y no necesita congelarse. Nos gustaría que la UE la incluyese en la compra centralizada.
—¿Los científicos españoles deben cortar su colaboración con los de la Rusia de Putin?
—La ciencia es un instrumento de paz, pero no puede haber cooperación con un país que ha roto todos los acuerdos internacionales.
Elisa Álvarez
En torno a cuatro mil investigadores trabajan en Galicia con contratos de obra y servicio, unos 25.000 en toda España. Su labor científica es determinante en las universidades gallegas, pero la reforma laboral los deja en una situación comprometida, ya que desaparece este tipo de relación contractual. ¿Y qué va a pasar con ellos? Los rectores trabajan en el marco de la CRUE para encontrar una solución que no solo dé continuidad a estos profesionales sino que les aporte una mayor estabilidad.
«Agora mesmo temos un problema temporal», indicaba ayer el rector de Vigo, Manuel Reigosa, durante la firma de un convenio en Santiago, ya que el Gobierno no ha habilitado una fórmula específica que permita reconvertir estos contratos, que en todo caso serán indefinidos, añadió Julio Abalde, rector de la UDC. Los rectores están trabajando con los ministerios de Ciencia, Universidades y Trabajo para adaptar estas relaciones contractuales a través de la Ley de ciencia.
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