Se acerca el final tras dos años de incertidumbre

La ansiada normalidad todavía no ha vuelto dos años después, aunque cada vez se le acerca más. La vacunación, ómicron y, por qué no decirlo, el cansancio de la población, hacen que en el día a día solo las mascarillas nos recuerden que todavía vivimos en medio de una pandemia mundial. El confinamiento más estricto es ahora un recuerdo lejano, aunque sus consecuencias, sobre todo en lo relativo a la salud mental, siguen más presentes que nunca. Dos años han pasado ya. Una crisis sanitaria sin precedentes que se ha visto acompañada por las normas caóticas que han regido las vidas de todos durante los últimos meses.

PRIMERA OLA

Era viernes, un 13 de marzo del 2020. Galicia se adelantó entonces por primera vez al resto del país y declaró la situación de emergencia sanitaria, en principio, durante dos semanas. Fuimos los primeros en cerrar bares, restaurantes y cafeterías. Ese día en Galicia había 122 infectados de covid-19. Fue el sábado cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma. En ese momento nadie se podía imaginar que un año y medio después el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional un decreto que de la noche a la mañana cambió la vida de todos los españoles. Los magistrados, divididos, entendieron que para acordar el confinamiento de toda la población era necesario declarar el estado de excepción. Pero eso vino después.

Antes, tras el confinamiento más estricto, comenzó el caos normativo que nos acompañaría hasta hoy. ¿Se acuerdan de las fases de la desescalada? Lo cierto es que sería para nota. A mediados de mayo del año 2020, las comunidades comenzaron a avanzar en el tablero del desconfinamiento, cada semana se anunciaban los territorios que subían un escalón de libertad con reglas distintas en todos los ámbitos. Galicia se convirtió el 16 de junio en la primera comunidad autónoma en dejar atrás el estado de alarma tres meses después de que se decretara. «Un ensayo general» para el resto del país. Mesas de hasta 25 comensales en unas terrazas con un aforo al 80 %, parques infantiles abiertos y bodas de 250 personas. La primera ola era historia y el verano con libertad total de movimiento... prometía. Las competencias para la gestión de la pandemia ya estaban en manos de las autonomías.

SEGUNDA OLA

Pero en pandemia no hay que lanzar campanas al vuelo nunca. Ahora lo sabemos, pero entonces fue toda una sorpresa. Sanidad acordó denominar como brote a toda «aparición de tres casos entrelazados». El 23 de julio Galicia registró el número más bajo de casos activos de covid-19 desde el inicio de la pandemia, eran 335. Ese mismo día se comunicaron dos nuevos contagios en 24 horas.

Desde entonces, todo fue subir y comenzaron las restricciones de nuevo. Esta vez Galicia fijó normas por zonas. Reuniones, aforos y movilidad dependiendo de la situación de cada ayuntamiento o área sanitaria. En agosto se convirtió en la primera comunidad que prohibió fumar en la calle sin distancia de seguridad.

El caos se extendió con cada comunidad afrontando la segunda ola «a su manera». Una situación que llevó al Gobierno a decretar un nuevo estado de alarma, pero con características distintas al primero. Menos estricto y con más margen de actuación para las comunidades autónomas, en aquel momento lo llamaron «cogobernanza» (algo que después también fue declarado inconstitucional).

En Galicia comenzaron los meses de cierres perimetrales por concellos. A principios de noviembre la hostelería volvió a parar por completo en 60 ayuntamientos (incluidas todas las grandes ciudades) y las reuniones se limitaron de nuevo a solo convivientes. La nueva desescalada se mezcló con la llegada de las primeras Navidades en pandemia, 17 distintas. ¿Se acuerdan? Las primeras de burbujas familiares. Cenas con tres escenarios estableció la Xunta: primera recomendación, solo la unidad de convivencia. Segunda, dos burbujas familiares como máximo. Tercera, «un límite de seis adultos» en el que los menores de diez años no contaban. Galicia y el resto de comunidades autónomas quedaron cerradas perimetralmente entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. A todo esto se sumaban las limitaciones por concellos, que por si no lo recuerdan, estaban divididos en niveles extremo, máximo, medio-alto, medio y básico. Cada uno con sus cierres perimetrales, sus horarios y aforos de hostelería y sus límites de reuniones.

TERCERA OLA

Mientras los villancicos sonaban, los expertos avisaban: las fiestas podían convertirse en un «cóctel explosivo». Antes de que eso pasara, que pasó, llegó el hito más importante de toda la pandemia. Un brazo y una aguja con un suero lleno de esperanza. En España, la primera vacuna aprobada por Europa comenzó a administrarse el 27 de diciembre. Araceli, en Guadalajara, fue la primera vacunada del país. Ese mismo domingo también se pusieron unas 500 dosis en Galicia. La primera fue para Nieves Cabo, de 82 años. Desde ese día, además de contar los casos cada jornada, también se comenzaron a contar los vacunados, uno a uno.

Pero mientras avanzaba ese ingente proceso de inmunización, la tercera ola se convirtió en tsunami. Otra vez cierres, toque de queda, solo convivientes, sin bares ni restaurantes ni cafeterías... Y la famosa cepa británica que nos llevó a un «semiconfinamiento», que no comenzó a levantarse hasta finales de febrero.

CUARTA OLA

Podría dejarse prácticamente en blanco porque, en realidad, Galicia sorteó una cuarta ola que en España fue relativamente leve, precisamente porque la vacunación masiva empezaba a tener efecto. Durante la primavera, la comunidad gallega se recuperaba con prudencia de la dureza con la que había golpeado la peor ola de la pandemia. Paulatinamente fueron levantándose restricciones, pero quizá lo que caracteriza a esta cuarta ola es que, más de un año después, dejaba de estar vigente el estado de alarma. Así que el cierre perimetral de la comunidad se levantó y quedó sin efecto el toque de queda. Se mantuvo el sistema de niveles y la gestión de la pandemia se judicializó: sin un instrumento que amparase la limitación de derechos, Galicia tuvo que empezar a recurrir a los tribunales para mantener medidas como el cierre perimetral por concellos, que se circunscribía a los de nivel máximo (igual que el toque de queda y el cierre de la hostelería) y limitar las reuniones de no convivientes entre la 1.00 y las 6.00 horas en el resto de niveles. En junio se eliminaron restricciones de reunión, salvo en hostelería, y empezó a manejarse el concepto fase final de la pandemia. Se retiraban también las mascarillas en el exterior. La variante delta todavía no había llegado.

QUINTA OLA

Todo comenzó con los viajes de fin de curso, especialmente a las islas Baleares. La primera ramificación en Galicia de lo que acabó por denominarse el megabrote de Mallorca fue en Pontevedra. El repunte en la transmisión, concentrada en esta ocasión en las franjas más jóvenes de la población, llevó a tener que retroceder en los planes de desescalada de la comunidad: se había anunciado un marco de restricciones veraniegas que quedó condicionado por el incremento de casos. El 14 de julio se tomaron medidas: el certificado covid se implantaba en el ocio nocturno. Se trataba de forzar el testeo de la población joven, mayoritariamente sin vacunar aún y con baja asistencia a los cribados masivos. No fue hasta principios de agosto que comenzaron a retirarse algunas de las restricciones que todavía estaban en vigor.

Llegó también el primer y último mazazo judicial: la sala de vacaciones consideraba que el certificado covid «demonizaba la hostelería» y rechazaba la autorización. El puente de agosto volvía a ralentizar el progreso hacia la nueva normalidad. Hasta inicios de septiembre, el funcionamiento de la hostelería dejaba de estar condicionado a la situación epidemiológica del concello en el que se ubicaba y pasaba a dos niveles de seguridad. Parecía que la normalidad estaba cerca, hasta el punto de que en octubre se levantó la emergencia sanitaria. Habían pasado 19 meses.

SEXTA OLA

Si hay alguna palabra que puede definir la ola de la que está saliendo Galicia es atípica. La irrupción de la variante ómicron y las altísimas tasas de vacunación (incluso con la dosis de refuerzo) hicieron que el ritmo de contagio llegase a cotas sin precedentes, pero no se tradujo en una presión hospitalaria alta, aunque sí en una saturación en atención primaria y urgencias.

El incremento fue sostenido, pero se fueron tomando medidas. El certificado covid se implantó primero para la hostelería y fue ampliándose paulatinamente a otras actividades, como gimnasios, residencias, hospitales de día y eventos multitudinarios. La alta interacción social de esas fechas aceleró el incremento en la transmisión, pero no fue hasta Navidad cuando se dio una explosión de casos sin precedentes, con un pico de más de 8.600 positivos diarios. A mediados de diciembre, llegó el primer mazazo: cancelaciones masivas de cenas de empresa que destrozaron las previsiones de la hostelería y el ocio nocturno, que se esperaba ya restricciones de cara a las fechas claves. Y tuvieron que llegar.

El Gobierno recuperó la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y las comunidades fueron gestionando por su cuenta. Nochebuena y Navidad, en Galicia, se sucedieron con la recomendación de celebrarlas solo entre convivientes, o, a lo sumo, dos burbujas familiares. No fue hasta Nochevieja que se recuperaron restricciones que recordaron a las Navidades del año anterior: limitación de reuniones de no convivientes entre las tres y seis de la madrugada (que se bautizó como toque de non queda), horarios recortados en la hostelería y el ocio nocturno, cierre de barras y reducción de comensales por mesa. Las cabalgatas, mejor estáticas, y la carrera de San Silvestre, sin público.

Sin un paraguas común para una cogobernanza

En la primavera del año 2020, España vivía momentos sin un igual. Por segunda vez en la historia de la democracia se decretaba el estado de alarma y el país entraba en un régimen de confinamiento que duraría hasta junio, cuando llegó el fin de la desescalada. La nueva normalidad duraría apenas unos meses, y desde entonces las comunidades han ido gestionando la pandemia sin apenas paraguas común. Un ejemplo es la tercera ola. A finales de enero del 2021, con los peores datos vistos hasta el momento, Madrid no tenía un cierre perimetral y mantenía la hostelería abierta. Eso, al mismo tiempo que Galicia encaraba un cierre total del sector para contener el contagio y mientras en algunas comunidades se prohibían las reuniones de no convivientes, en otras era posible.

En mayo, el Gobierno levantaba un estado de alarma que dejaba solo la vía judicial a las comunidades para decreta medidas que afectasen a derechos fundamentales. Así que mientras algunos tribunales avalaban restricciones, otros las rechazaban. Al final, hubo que recurrir al Supremo, que sentaba jurisprudencia. Ocurrió también en Galicia, cuando en verano la sala de vacaciones rechazó el aval a la implantación del certificado covid (que se había utilizado ya en la comunidad) y el Supremo corrigió el auto del TSXG, autorizándolo. Los especialistas en derecho señalaban que los instrumentos con los que las comunidades podían actuar eran muy endebles.

Mientras en el País Vasco un juez hablaba de la epidemiología como un cursillo y rechazaba el cierre de la hostelería, en otras comunidades se restringía incluso el funcionamiento del comercio. Los negocios funcionaban en tramos horarios, o tenían que cerrar a las seis de la tarde. Y, al final, el propio estado de alarma acabó judicializado. Vox presentaba un recurso que fue estimado parcialmente por el pleno del Tribunal Constitucional en una ajustadísima votación, que declaraba ilegal aquel primer confinamiento al entender que el Gobierno debía haber declarado el estado de excepción (que exige una autorización previa del Congreso).

Las comunidades reclamaban una legislación que les otorgase herramientas jurídicas con las que gestionar la pandemia, pero nunca llegó. Mientras, Galicia sacaba adelante una Lei de Saúde que pronto fue recurrida por el Gobierno al entender que tenía visos de inconstitucionalidad. El artículo más polémico era el de la vacunación, que abría la puerta a la obligatoriedad. Ese mismo punto, solo añadiendo un «determinados colectivos» al final, se publicó en un decreto del Gobierno balear que sí salió adelante. Al final el Ejecutivo autonómico incluyó una disposición que remarcaba que la vacunación es voluntaria. Y se zanjó la cuestión.

El único foro conjunto ha sido el consejo interterritorial, del que en un momento dado salió una batería de indicadores que establecían niveles de riesgo y asociaban restricciones. Pero la competencia de la gestión ha residido fundamentalmente en las comunidades, que han ido gestionando de manera individual (con excepciones, como el uso de la mascarilla).

Que el paraguas común de cogobernanza ha hecho siempre agua se ha demostrado, más si cabe, con la sexta ola, en la que incluso los datos diarios han dejado de ser comparables entre comunidades. Algunas continuaron notificando solo los positivos mediante pruebas realizadas por el personal sanitario, mientras Galicia tomó la decisión de empezar a computar también las autodeclaraciones. Es decir, se considera positivo por coronavirus confirmado cualquier persona que tenga un test de antígenos realizado en el domicilio con resultado positivo.

Eso acabó afectando también a la gestión de las bajas laborales. Algunas comunidades automatizaron el alta, y otras no. Así que dependiendo de donde residiese una persona o no tenían rastreo (algunas autonomías renunciaron a hacerlo ante el volumen de transmisión) mientras en otra se mantenían las pruebas diagnósticas de los servicios sanitarios como vía de confirmación del positivo. En Madrid no se computaban los autotest, pero daban la posibilidad de acceder a una incapacidad temporal. Y en Andalucía se consideraba caso positivo, pero para tener una baja laboral había que confirmarlo con una prueba realizada por los servicios sanitarios.

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María Hermida