Guatemala amplía hasta cinco años las penas de cárcel para las mujeres que aborten

La Voz REDACCIÓN

SOCIEDAD

Manifestaciones contra la ley del aborto aprobada en Guatemala
Manifestaciones contra la ley del aborto aprobada en Guatemala SANDRA SEBASTIAN | REUTERS

La polémica ley fue aprobada en el Congreso del país centroamericano con 102 votos a favor, solo ocho en contra y 50 en blanco

09 mar 2022 . Actualizado a las 08:56 h.

El Congreso de Guatemala aprobó este martes una polémica ley que eleva las penas de cárcel para los abortos en el país centroamericano y que además busca combatir a «grupos minoritarios» que son «incongruentes con la moral cristiana».

La normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, fue aprobada en la noche de este martes con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. En contra de la ley votaron ocho legisladores y otros 50 no emitieron voto en el Parlamento guatemalteco para la aprobación de la polémica ley, según informa Efe.

La iniciativa 5272, planteada inicialmente en el 2017 hasta su aprobación este martes, aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo. De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, dijo a periodistas que la ley «viola los derechos humanos» y «viola acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala». Rodas dijo que plantearán una «acción de inconstitucionalidad» ante las autoridades para que la normativa «no tenga efectos». El funcionario añadió que los políticos «hablan de la familia y la vida» cuando «en la práctica hacen otras cosas».

El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse «considerando» la «existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana».

La diputada Patricia Sandoval, aliada al oficialismo, indicó en el pleno que «por concepto de familia entendemos la unión de un hombre y una mujer», durante su intervención en el Parlamento. «Perdónenme, pero cuando a mí me hablan de familias diversas, yo quisiera con todo respeto que me expliquen a qué se refieren, porque yo no comprendo. Quisiera que tuvieran el valor de ser más directos», añadió. Sandoval enfatizó que la ley «es el sentir de los guatemaltecos» y es por ello que se aprobó la normativa.

Por su parte, la diputada Lucrecia Hernández Mack, de la agrupación de oposición Semilla, exigió al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que «vete la ley» pues tiene «a luces muchas inconstitucionalidades». Hernández Mack dijo afuera del Congreso que la ley «respeta y viola el derecho a la libre expresión del pensamiento» y «viola la libertad de credo» en un país constitucionalmente laico.

La legisladora de Semilla, grupo político nacido de la lucha anticorrupción en el 2015 y que votó en contra de la ley, ya había advertido dentro del Parlamento que el nuevo estatuto establecerá como «sospechosas» a mujeres que aborten por problemas médicos. Samuel Pérez, también diputado de Semilla, indicó ante sus compañeros el Congreso que la norma «en realidad debería de llamarse ley para encarcelar y matar mujeres» y agregó que «es una de las cosas más descaradas que están haciendo en esta legislatura y encima de todo lo hacen el Día de la Mujer».

Guatemala es uno de los países más pobres de América (el 59 % de sus 18 millones de habitantes) y según cálculos oficiales uno de cada dos niños que habitan su territorio sufren de desnutrición.