Pero esta ley también asegura otras dos mejoras importantes. Obliga a la formación específica en violencia sexual de los policías, jueces y fiscales que vayan a intervenir en estas denuncias y al establecimiento de protocolos detallados y coordinados para los exámenes forenses y la recogida de pruebas. Y, en segundo lugar, crea los llamados centros de crisis, de los que habrá al menos uno por provincia. Durante las 24 horas del día, los 365 días del año, ofrecerán atención y acompañamiento urgente a las víctimas y asesoramiento para la asistencia jurídica gratuita, las ayudas psicológicas, sociales, económicas, laborales y habitaciones que puedan precisar, y para que ejerzan su derecho a la reparación.
El Gobierno ya tiene aprobada una inversión de 66 millones para poner en pie estos centros de 24 horas, que hoy solo existen en Madrid y Asturias, en todas la autonomías.
