El caso de una niña de 11 años embarazada tras sufrir abusos conmociona a Bolivia

La Voz REDACCIÓN

SOCIEDAD

Manifestación en Bolivia en defensa del derecho al aborto libre y seguro Juan Carlos Torrejon | EFE

La menor sufrió reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de 61 años, con quien vivía

25 oct 2021 . Actualizado a las 17:53 h.

El caso de una niña de 11 años que quedó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro ha causado conmoción y un nuevo debate entre quienes defienden el derecho de la menor de interrumpir la gestación y quienes lo rechazan.

El suceso fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado de su abuelastro de 61 años, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo.

La niña comentó a una prima «que sentía unos movimientos extraños en su vientre, y la prima le cuenta a su madre y es así que la tía es quien presenta la denuncia» por el suceso, explicó este domingo a Efe la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García. El agresor fue encarcelado y la menor, con 21 semanas de gestación, está ingresada en un hospital maternológico cruceño.

Según García, en un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo acogiéndose a una sentencia constitucional del 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del período de gestación en que se encuentre. Sin embargo, por la «injerencia» de una organización perteneciente a la Iglesia católica la mujer desistió de que se interrumpa el embarazo de su niña, denunció.

La menor había manifestado previamente a una junta médica que «no quiere ser madre», por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación, explicó García. Pero luego una abogada que la organización religiosa le puso a la madre presentó un memorial de desistimiento junto a una carta manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, por ahora paralizado. «Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres», sostuvo García.

El aborto en Bolivia es legal «bajo condiciones de delitos de carácter sexual» desde 1970, aunque antes se requería una orden judicial para el procedimiento, recordó García. A partir del fallo constitucional del 2014, se permite la interrupción legal «con la fotocopia simple de la denuncia» y «con el procedimiento informado a la víctima», precisó.

Según García, en el 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que «104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales seis son menores de 13 años». «Esta situación es alarmante, la violencia sexual flagela a Bolivia todavía y las niñas siguen siendo las principales víctimas», lamentó.

Consultado por los medios sobre el caso, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, opinó este domingo que se debería evaluar psicológicamente a la menor y si decide interrumpir su embarazo «se le debe generar todas las condiciones materiales para que así lo haga».

«Imagínense una niña de 11 años que todos los días tenga que ver a su hijo o a su hija producto de una violación. No podemos tolerar este tipo de conductas dentro de nuestro país y no podemos destruirle la vida a una niña de 11 años. Debemos generar las condiciones materiales para que se interrumpa este embarazo si así se lo define», manifestó.

Por contra, la Iglesia católica abogó en un comunicado por «salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas» y ofreció «acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre» en un centro para madres adolescentes con el apoyo «material, médico, psicológico y espiritual» correspondiente.

La iglesia manifestó su «más firme repudio por la brutal violación» sufrida por la niña, pero insistió en que «ambas son vidas humanas independientes» porque un feto de 5 meses ya es una criatura «bastante formada» que goza de protección legal y que «un crimen no se soluciona con otro crimen». García insistió en que debe prevalecer el bienestar físico y emocional de la menor y consideró que el Estado debería intervenir para velar por sus derechos.