Al mismo tiempo, ambos instaron a que se archivara el procedimiento, «impidiendo así que la otra empresa cobrara la cantidad por la se había despachado de 114.108 euros, así como la realización de las fincas embargadas».
Por estos hechos, se acusa a los procesados por un delito de insolvencia punible y se solicita para cada uno de ellos tres años de prisión y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que supone el pago de 10.800 euros. Además, se insta a la nulidad del acuerdo extrajudicial entre ambas empresas.