Italia: el pasaporte covid será obligatorio para todos los trabajadores del ámbito público y privado
SOCIEDAD
Después de implantar la obligatoriedad para docentes y sanitarios, el Gobierno de Draghi la extiende a todos los empleados, sean funcionarios o no
16 sep 2021 . Actualizado a las 20:07 h.En Italia será prácticamente imprescindible el pasaporte covid dentro de un mes. Ya era necesario para desplazarse en transporte público y para entrar en bares, restaurantes y museos. Pero ahora la exigencia irá mucho más allá. Después de obligar a los docentes y sanitarios a que posean este certificado, que prueba tener la pauta completa de la vacuna, haber superado la enfermedad o contar con una test con resultado negativo de menos de 48 horas, el Gobierno liderado por Mario Draghi da un paso más. El consejo de ministro acaba de extender, durante una reunión celebrada este jueves por la tarde, la obligatoriedad a todos los trabajadores, tanto a los del sector público como a los del privado.
La medida entrará en vigor el 15 de octubre. Quien se presente a su puesto de trabajo sin el pasaporte covid se arriesga a ser multado con entre 400 y 1.000 euros. Los funcionarios, además, pueden quedar suspendidos de empleo y sueldo, como ya les ocurre al personal del área sanitaria y educativa, mientras que queda todavía por definir qué ocurrirá con los asalariados del sector privado. Los sindicatos han presionado para que no pueda considerarse como causa de despido.
Al extender esta restricción a todos los trabajadores, el Gobierno de Italia pretende convencer a los ciudadanos que todavía no se han vacunado. Ya han completado el ciclo de inmunización más de 40 millones de personas, lo que supone casi el 75 % de la población mayor de 12 años, la edad mínima a la que es posible recibir los sueros contra el covid-19. El Ejecutivo espera que la nueva medida contribuya a que el porcentaje suba al menos hasta el 80% en las próximas semanas y se refuerce así la protección comunitaria antes de que empiece el frío y se produzca un eventual un repunte de la pandemia.
«La línea que hemos marcado desde el inicio sigue adelante y es la de extender el uso del pasaporte covid como el mejor instrumento para evitar los cierres y la vuelta de medidas más restrictivas», adelantó el ministro de Trabajo, Andrea Orlando. Su colega en el Gobierno, Mariastella Gelmini, ministra para Asuntos Regionales y Autonomía añadió: «Solo inmunizando a la gran mayoría de la población podremos contener los contagios. La vacuna es la única arma que tenemos contra el covid».
Antes de la aprobación de la nueva medida, los líderes sindicales mantuvieron un encuentro con el Gobierno para tratar de que el coste de las pruebas para detectar el coronavirus sea asumido por el Estado y no suponga un desembolso para los empleados. El Ejecutivo, no obstante, no estaba dispuesto a ceder en este punto porque sería un desincentivo a la hora de vacunarse para los trabajadores que todavía no lo han hecho por decisión propia. Al final, las pruebas serán gratuitas para quienes no puedan vacunarse, costarán de 8 euros para los menores de 18 años y 15 euros para el resto, frente a los alrededor de 20 euros que cuestan ahora.
Con la obligatoriedad del certificado covid en los lugares de trabajo se extiende el uso de este documento que ya se exigía para consumir en los espacios cerrados de bares y restaurantes, así como para acceder a museos, teatros, espectáculos, competiciones deportivas, gimnasios y piscinas. En caso de que esta medida no evite un repunte de los contagios, el siguiente paso que podría tomar el Gobierno sería la obligatoriedad de la vacuna, un escenario con el que Draghi ha reconocido que estaría de acuerdo.
Italia tiene grupos antivacunas que ya se hacían notar antes de la pandemia. Pero con esta crisis sanitaria y la campaña de vacunación, se han movilizado para manifestarse e incluso personas de estos colectivos han llegado a amenazar a epidemiólogos y a agredir a periodistas. De hecho, la policía italiana llevó a cabo una redada este mes de septiembre para detener a las facciones más violentas de estas agrupaciones.
El Gobierno de Francia también ha impuesto la vacunación a los sanitarios y la exigencia del certificado covid para la mayor parte de espacios cerrados relacionados con el ocio y distintas actividades, así como en el transporte público. La medida fue aprobada este verano por el Parlamento galo. En Estados Unidos, Joe Biden, el presidente del país, anunció recientemente que se ponían en marcha medidas que contemplaban la obligatoriedad de vacunarse para todos los funcionarios y contratistas del Ejecutivo federal.
Grecia ha impuesto la vacunación a sanitarios, aunque el Gobierno heleno acabó suavizando las sanciones que se imponían inicialmente.
En España no se han planteado leyes tan duras para ampliar el porcentaje de vacunación. Pero el Tribunal Supremo acaba de admitir el recurso de la Xunta sobre la posibilidad de pedir el certificado de covid en establecimientos de hostelería situados en concellos con situaciones epidemiológicas extremas. En Tribunal Superior de Xustiza de Galicia previamente había fallado contra el Ejecutivo gallego, porque, entre otras cosas, consideraba que demonizaba al sector de los bares y los restaurantes. Pero el Supremo considera que la medida propuesta por la Xunta es proporcionada. De momento, no está previsto que se aplique en la comunidad gallega, ya que la incidencia acumulada es mucho mejor que cuando se planteó esta exigencia.