Padres divorciados que chocan sobre la vacuna anticovid de sus hijos recurren al juez
SOCIEDAD
Las demandas pueden llegar a costar 500 euros y tardar un año en tribunales
31 ago 2021 . Actualizado a las 16:41 h.Ignacio Bermúdez de Castro, abogado gallego, cuenta con que será uno de los primeros casos que se encuentre cuando vuelva al despacho. «Es tremendamente habitual y pasa con todo», señala. Los viajes de fin de curso y al exterior, la vacuna de la gripe, el psicólogo, el logopeda... No esperaban que con el coronavirus fuera diferente. El desacuerdo entre padres divorciados sobre si administrar o no la vacuna anticovid se resolverá en los juzgados. De hecho, desde la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) han advertido que ya se han registrado las primeras demandas. ¿El motivo? En la inmensa mayoría de los casos, la voluntad de fastidiar al otro, afirma Bermúdez de Castro. Sin embargo, Beatriz de Pablo, abogada y miembro de la Aeafa, asegura que la discrepancia también se comienza a producir entre algunos casados.
Los letrados cuentan con que los casos lleguen ahora, coincidiendo con el fin de las vacaciones y la vuelta al cole. Ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo, los padres, que comparten la patria potestad del menor deciden recurrir a un acto de jurisdicción voluntaria. A través de este procedimiento, recurren a un juez para que, previa valoración de los argumentos, otorgue la facultad de decidir a uno de los dos y zanje el conflicto. ¿Qué pasan por alto? El colapso que sufre el sistema judicial. «Llevarle la contraria al otro les puede llegar a costar un año y 500 euros», asegura el abogado gallego.
«Imagino que los jueces le van a dar celeridad», afirma De Pablo, pero confirma que cabe esperar que el proceso tarde en resolverse y que no se cumplan los plazos que marca la ley, que establece alrededor de 15 días para decidir. La falta de jurisprudencia jugará en contra. Y lo lamenta, porque entiende que «la justicia si es lenta, ya no es justicia», especialmente cuando está en juego la salud del menor.
«Estos niños llevan año y medio esperando la vacuna y ahora, por la discrepancia de sus padres, tendrán que esperar muchos meses más», insiste Bermúdez de Castro. Es enfático: «Debe primar el interés del menor. Es una temeridad por parte del progenitor llevar esto a un juzgado». Considera que, para evitar estas situaciones, es necesario que la pauta sea parte del calendario de vacunación oficial, tal y como ha sugerido el Gobierno. «Lo contrario significa que la vacuna puede llegar muy tarde para ese niño», señala el letrado coruñés.
Al respecto, el Ejecutivo indica que si «los servicios sanitarios entienden que esta decisión comporta riesgos extraordinarios al adolescente, por sus circunstancias clínicas individuales y la situación de riesgo de exposición al virus, pueden solicitar una decisión judicial».
De Pablos recuerda que además del coste económico, temporal, emocional, también implica «meter a tu hijo en un procedimiento judicial». Los que tengan 16 años pueden decidir por cuenta propia y evitar el proceso, pero los menores serán llamados a declarar porque el juez entiende que, en un tema que les afecta, hay que oírlos. Por eso, cree que los padres tienen «la obligación de resolverlo por otra vía». «Bastante colapso hay ya. La Justicia debe reservarse para lo importante», afirma. Sin embargo, y solo si no queda otra alternativa, recomienda asesorarse con un especialista en familia.
