El TSXG deniega la petición de la Xunta para imponer el certificado covid en la hostelería y el ocio nocturno
SOCIEDAD
Los concellos con mayor incidencia deberán volver a la reducción de aforos y el cierre de los interiores de los locales
16 ago 2021 . Actualizado a las 19:55 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hizo pública el sábado su negativa a la petición por parte de la Xunta de un aval que permitiera imponer de nuevo el certificado covid para acceder al interior de los locales de hostelería y ocio nocturno. El alto tribunal notificó su rechazo a «autorizar judicialmente que ciertos establecimientos tengan la obligación pedir a los clientes el certificado», si bien no explicó su argumentario. El contenido íntegro del auto judicial «se dará a conocer en los próximos días», según señala.
Con esta resolución queda anulada la medida puesta en marcha por la Xunta de Galicia en una orden del 22 de julio y que exigía solicitar el pase sanitario a los clientes para acceder al interior de la hostelería de los concellos con nivel alto y máximo y del ocio nocturno en niveles medio y medio-bajo.
El TSXG anuló el pasado jueves la medida por considerar que no había sido autorizada judicialmente y, por tanto, no tenía vigencia. Los servicios jurídicos de la Xunta solicitaron este viernes un aval para restaurar su aplicación en virtud del interés general y la protección de la salud pública. Pero, menos de veinticuatro horas después, el tribunal denegó esta posibilidad.
La Justicia vuelve a ser, de este modo, el freno para algunas de las iniciativas políticas más restrictivas adoptadas para regular la crisis sanitaria. El TSXG ha actuado en la misma linea que antes hicieron los tribunales de Andalucía, Cantabria, Canarias y Melilla, donde también sus gobiernos intentaron imponer el pasaporte covid para regular el acceso al interior de los locales de hostelería y ocio nocturno en aquellos lugares donde la transmisión del virus registrara datos más preocupantes.
En el caso de Canarias, los jueces basaron su negativa en la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran que los datos relativos a la salud se sitúan dentro del derecho a la intimidad , por lo que no cabe exigirlos «en este contexto».
El Gobierno de Núñez Feijoo confiaba en que el TSXG respaldaría la exigencia del certificado covid, pero, tras la negativa, ha optado por aplicar de nuevo las restricciones de aforos que ya estaban vigentes en Galicia antes de la puesta en marcha del pase sanitario.
Así, a partir de la medianoche del lunes al martes 17 de agosto, en aquellos concellos que se encuentren en una situación sanitaria más comprometida debido al número de contagios, la hostelería deberá cerrar los interiores de el interior de cafeterías, bares y restaurantes en lugar de mantener una ocupación del 30 %, como venía haciendo hasta el jueves con la petición del documento a los clientes.
En los concellos que se sitúan en un nivel alto de transmisión según la última revisión, las ciudades de A Coruña, Vigo, Ferrol, Pontevedra y Lugo entre ellos, los aforos en interiores tendrán que bajar del 50 % al 30 %.
En lo que se refiere al ocio nocturno de los concellos en nivel medio y medio-bajo, pasará a situarse desde el martes en un 30 % en el interior y un 50 % al aire libre, esto último solo en el nivel medio.
El comité clínico se reunirá de nuevo el próximo miércoles para analizar los últimos datos sanitarios, lo que puede dar lugar a un cambio de las medidas aplicables a cada concello en función de la tasa de transmisión de la enfermedad.
División entre los hosteleros gallegos por una decisión que los aboca a limitar aforos de nuevo
La anulación del certificado covid por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras el recurso presentado por los hosteleros de Santiago, obliga al sector a volver atrás para aplicar restricciones que se habían aliviado a finales de julio. Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, asegura que la decisión del Tribunal de Xustiza «ha sido un mazazo». «Es la peor noticia que nos podía ocurrir, la de volver a restricciones más altas cuando estábamos funcionando correctamente con el certificado. Aquellos que han presentado el recurso para ayudar a la hostelería teóricamente sin contar con el sector, sin preguntarnos lo que habíamos pactado con la Xunta, ahora serán responsables de las pérdidas que esto ocasione. Estamos muy dolidos. Nos han hecho un daño impresionante», afirmó Cañete. Asegura que en las últimas horas se llevó a cabo una encuesta entre los 1.200 socios de este colectivo para saber si preferían el certificado covid o medidas restrictivas. «En este momento estamos en un 89,2 % de gente que prefiere seguir trabajando con el certificado, que estábamos trabajando bien. Hago responsables absolutas a aquellas asociaciones que han presentando un recurso sin contar con la hostelería», subrayó.
Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Provincial de Establecimientos Musicales y Espectáculos Reglados de Pontevedra, afirma que esperaban que la Xunta actuara de forma restrictiva «una vez que el TSXG no les diera la razón». «Ahora veremos los pasos a seguir y las medidas necesarias que tendremos que tomar. Para nosotros sigue siendo injustificado que, de tener que cumplirse esas medidas, no pudiéramos recuperar nuestros horarios o el cien por cien de nuestros aforos», opina.
A criterio de Lois Lopes, directivo de la Plataforma para a Defensa da Hostalaría Galega que impulsó el recurso, es preciso encontrar otras medidas para garantizar el funcionamiento del sector. «As alternativas non se poden situar entre facernos controladores dunha medida ilegal, ou reduccións de aforos e peches. Entendemos que hai outras alternativas, porque se restrinxes espazos seguros como a hostalaría, aumentan os inseguros como as festas privadas, que contribúen á evolución negativa da pandemia», afirma.
A quienes defienden el certificado covid ahora anulado Lois Lopes les responde que «unha ilegalidade non pode ser unha solución«. «Non estamos dispostos a colaborar con medidas ilegais que nos trasladan a nós a aplicación ilegal da medida». Señala, además, que no era posible para el sector acreditar la autenticidad de los documentos.