Entra en vigor la ley que permite solicitar la eutanasia activa en España
SOCIEDAD
Los trámites para obtenerla duran 51 días y se necesitan dos peticiones
25 jun 2021 . Actualizado a las 10:20 h.La ley orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia ya es efectiva. El plazo de tres meses previsto en ella para que entrara en vigor se ha cumplido. Ello supone que España se une a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y algunos estados de Australia y sus ciudadanos pueden solicitar ya la eutanasia activa, aquella que es consecuencia directa de la acción de una persona.
Supuestos
La ley se refiere al «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» y también a la «enfermedad grave e incurable», causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables. Las personas que estén en cualquiera de esos casos, que sean mayores de edad y tengan plena capacidad de obrar podrán solicitarla, siempre que lo hagan de manera autónoma, consciente de informada. El solicitante tiene que tener nacionalidad española o, al menos, 12 meses de residencia en España acreditada.
Solicitud
La persona que demanda la prestación de ayuda para morir tiene que hacerlo dos veces. Ha de ser por escrito o por otro medio que permita dejar constancia y no sea el resultado de ninguna presión externa. Entre ambas solicitudes tienen que pasar necesariamente quince días. En el caso de personas incapacitadas, la solicitud deberá prestarse por otra persona mayor de edad.
Procedimiento
El médico responsable del caso deberá hablar con el solicitante a los dos días de la primera solicitud. En un proceso deliberativo le expondrá su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como información sobre posibles cuidados paliativos. Todo se facilitará, además, por escrito en un plazo de cinco días. Este proceso se volverá a repetir en la segunda petición. Después de ello, el médico preguntará al solicitante si desea continuar con el proceso para obtener la eutanasia o desistir. Si decide seguir adelante, aparece un segundo profesional, el médico consultor que deberá certificar que se cumplen los requisitos y redactar un informe. Si es negativo, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación. Si es positivo, también tiene que intervenir haciendo labores de control.
Realización
La ley contempla, en primer lugar, la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario. En segundo lugar, se prevé el suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte. El paciente, si se encuentra consciente, podrá elegir entre ambas modalidades.
Otros aspectos
Se contempla el derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas que resultan incompatibles con sus propias convicciones, indicándolo con antelación previa. Pero, al mismo tiempo, la ley recalca que el contenido de esta no puede verse menoscabado por este derecho.
El PP recurre al Constitucional, que no admite la suspensión cautelar que pedía Vox
El PP presentó ayer su recurso en el Tribunal Constitucional contra la Ley de Eutanasia. La ley se publicó en el BOE el pasado 25 de marzo, de modo que el PP la va a recurrir en el límite de los tres meses que la ley marca como límite para los recursos parlamentarios. Esta misma semana, el TC admitió a trámite el recurso presentado por Vox contra esa ley, aunque ha rechazado suspender su entrada en vigor de forma cautelar, como solicitaba ese partido. En su recurso, el partido que lidera Santiago Abascal sostiene que la ley que entra en vigor hoy supone «una derrota de la civilización» y la victoria de la cultura de la muerte.
El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo a los periodistas ayer en un acto público que su partido con este recurso «lo único que hace es, en un Estado de derecho, apelar al Tribunal Constitucional», porque «hay determinados aspectos de esa ley de eutanasia que pueden ser inconstitucionales».
Hace unos días, en la clausura de la jornada Personas mayores y pacientes vulnerables el líder del PP, Pablo Casado, criticó que el Gobierno impulsara en plena pandemia la Ley de Eutanasia. Según dijo, con «125.000 fallecidos por coronavirus» no es el «mejor momento de abordar» esa ley y hacerlo además «en la excepcionalidad» del estado de alarma —que estuvo vigente hasta el 9 de mayo—. «Y lo más importante, no se ha dialogado con nadie», se quejó, para defender que se impulsen los cuidados paliativos, ya que, hay un 0,6 de servicios por cada 100.000 habitantes en ese sentido.
Críticas al recurso
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha criticado en un tuit el recurso. «El PP recurre la Ley de Eutanasia, siempre del lado reaccionario a cualquier avance de derechos. Esa es su idea de libertad, recurrir poder decidir libremente el fin de la vida», ha lamentado.
La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, también criticó el recurso. Calificó de «terrible» que el PP recurra, una decisión que evidencia a su juicio que «siempre se oponen a los avances democráticos» en España. Ha reprochado a los populares que se presenten como «adalides de la libertad», pero cuando se trata de «garantizar el derecho a la vida y decidir sobre la muerte digna», su posición de decanta por tratar de frenar los avances sociales.
Calculan que en el 2022 habrá unas 4.000 solicitudes
La ley de eutanasia, que desde hoy ya permite que esta pueda ser solicitada, no acarreará una avalancha de casos. Así lo cree la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que prevé que en su primer año completo de vigencia, en 2022, las peticiones de ayuda supondrán un 1 %, lo que en términos globales significará 4.000 solicitudes.
Los principales demandantes de la eutanasia y el suicidio asistido serán los enfermos terminales oncológicos ya desahuciados, los que padecen dolencias crónicas como ELA, esclerosis múltiple y distrofias musculares. En menor medida, estarán también los pacientes de demencias.
Los enfermos mentales serán quienes tengan más difícil invocar ese derecho, dado que tales «patologías están muy estigmatizadas y se supone que quienes las sufren son incapaces», asegura el presidente de DMD, Javier Velasco. La organización está recibiendo muchas demandas de información para saber cómo formalizar el testamento vital o documento de voluntades anticipados.
A la vista de lo ocurrido en Bélgica y Países Bajos, es muy improbable que los ciudadanos españoles presenten masivamente peticiones para que se les ayude a morir. En los Países Bajos, donde la demanda es mayor, se suelen presentar un 3,8 % de peticiones, cifra que Velasco considera muy lejos de las que registrará España. «El éxito de la ley no estriba en cuántos sean los demandantes de la eutanasia, sino que los solicitantes puedan ejercer libremente su derecho», dice Velasco subrayando que en España la muerte es un tabú.
Señala que las comunidades autónomas van con retraso en la creación de comisiones de garantías y evaluación, que son las que deben aprobar cada caso, y la constitución de un registro de médicos objetores. Por ahora solo seis administraciones (Baleares, Extremadura, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) se han dotado de este organismo. Según Velasco, el Consejo Interterritorial de Sanidad está trabajando en la elaboración de guías prácticas para regular las farmacias hospitalarias y el ejercicio de la objeción de conciencia.
Para solicitar la eutanasia el paciente debe «sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que le genere un «sufrimiento intolerable». En la asociación están inquietos porque está detectando mucha actividad de colectivos médicos que se oponen a la ley y tratan de dificultar su aplicación mediante el uso del derecho a la objeción de conciencia. «Enturbian el ambiente diciendo que los médicos no son verdugos, que la norma convierte a España en un campo de exterminio y atribuyendo a la ley fines eugenésicos».
«Decisión individual»
Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa), argumenta que la eutanasia «es una decisión individual», y como tal se respeta. «Los documentos de voluntades anticipadas son bastante frecuentes en nuestros pacientes. En el caso de la ley de eutanasia es evidente que había personas dentro del colectivo que esperaban que la ley entrara en vigor para que ese derecho se extendiera a personas que tienen una demencia», arguye Cantabrana.