Las comunidades tumban el intento de imponer el «cóctel» vacunal también a los sexagenarios

Melchor Sáiz-Pardo / Álvaro Soto COLPISA / MADRID

SOCIEDAD

Pepa Losada

Sanidad pretendía inocularles Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca siguiendo su estrategia fallida con los trabajadores esenciales

23 jun 2021 . Actualizado a las 18:40 h.

La rebelión masiva de las comunidades autónomas evitó a última hora del martes que Sanidad impusiera el polémico «cóctel» de vacunas a los cerca de 5 millones de sexagenarios que fueron inoculados la pasada primavera con AstraZeneca y que precisamente en estos días están comenzando a ser llamados para recibir el segundo pinchazo, tras las doce preceptivas semanas entre las dos inyecciones. Todas las autonomías -excepto una abstención- votaron en contra en la Comisión de Salud Pública del proyecto de Carolina Darias de pinchar Pfizer como segunda dosis a las personas nacidas entre 1952 y 1961. El 'alzamiento' regional que hizo finalmente a Sanidad enterrar su plan, que fue presentado por sorpresa a los expertos de los territorios, que en ningún caso habían tenido noticias previas de que la Administración central, pretendía extender la controvertida pauta vacunal heteróloga.

El departamento que dirige Darias intentó imponer el cóctel de vacunas a pesar de la controversia provocada por esta fórmula, que no cuenta con el amparo de la Agencia Europea del Medicamento ni con el visto bueno de gran parte de la sociedad científica. Y todo ello, a pesar del rechazo frontal que el 'cóctel' ha provocado entre la población.

De hecho, según las propias estimaciones de Sanidad, entre el 80 y el 90% de los cerca de dos millones de trabajadores esenciales (profesores, policías, militares.) que fueron inoculados con AstraZeneca antes que los sexagenarios ha optado por repetir con la misma marca, a pesar de que para ello tuvieron que firmar expresamente un consentimiento informado para seguir con la pauta que marca el propio laboratorio y las autoridades sanitarias internacionales.

Intento fallido de convencer a los técnicos

Los expertos de Sanidad trataron el martes de convencer sin éxito a los técnicos de las comunidades de introducir una pauta heteróloga que ya no tendría sentido ni siquiera por los raros episodios de trombos y problemas de coagulación, ya que los tres centenares de embolias detectadas en Europa tras la inoculación de la primera dosis de AstraZeneca lo fueron entre personas menores de 48 años (sobre todo mujeres), razón por la que se prohibió la inoculación por debajo de 60 años en un primer momento, autorizándose expresamente su uso solo por encima de esta edad.

 Aun así, el equipo de Darias insistió en los supuestos beneficios del cóctel vacunal que habría demostrado el controvertido estudio CombivacS, en el que el ministerio embarcó al Instituto de Salud Carlos III, y que concluyó que el popurrí vacunal no solo no tenía efectos negativos sino que, además, aumentaba supuestamente la inmunidad. Aquel estudio - realizado en apenas dos semanas, con menos de 600 voluntarios y sin comparación con personas que recibieron como segunda dosis AstraZeneca- fue muy criticado por la comunidad científica por su falta de rigor.

Los sexagenarios -que han sido junto a los trabajadores esenciales los grandes perjudicados de la crisis de AstraZeneca y los trombos- son en la actualidad el grupo más vulnerable de toda la sociedad frente al coronavirus, ya que menos del 33% de ellos tiene a día de hoy la pauta completa. Frente a ellos, el grupo de 50 a 59 años está inmunizado completamente en casi un 57%.

Diversos miembros de la Ponencia de Vacunas y de los equipos técnicos de las comunidades vieron en el movimiento del martes de Sanidad para tratar de imponer el cóctel a grupos etarios en los que no se han detectado trombos más «política» que «ciencia». España, dentro de la UE, es uno de los países que con más entusiasmo ha apoyado la decisión de Bruselas de convertir a Pfizer en socio estratégico de los 27 hasta 2023 (con un contrato para comprar hasta 1.800 millones de dosis) y de rescindir los contratos con AstraZeneca y Janssen, que en cualquier caso han incumplido de forma reiterada sus acuerdos de suministro con la UE, poniendo en aprietos los calendarios vacunales de todos los estados miembros.