La justicia da la razón a Ayuso y paraliza en Madrid las restricciones del Gobierno
SOCIEDAD
La comunidad había reclamado a la Audiencia Nacional que frenara de manera «cautelarísima» las medidas contra el ocio y la hostelería por «atentar contra el sentido común», mientras que Fernando Simón pide que no se «judicialice» el control de la pandemia
07 jun 2021 . Actualizado a las 19:32 h.Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ganarle un pulso al Gobierno. Si esta mañana presentaba ante la Audiencia Nacional un recurso contra la orden del Ministerio de Sanidad que le obligaba a aplicar las medidas anticovid aprobadas en el Consejo Interterritorial, pese a que seis comunidades, entre ellas Galicia, votaron en contra, el tribunal acaba de estimar la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid. ¿Qué supone esta decisión? Que la norma estatal, que entre otras medidas obligaba a dejar de servir en las terrazas a las doce de la noche y que imponía el cierre de hostelería a la una de la madrugada, quedará sin efecto en la comunidad. Los límites al ocio nocturno, que también preveían la apertura de las discotecas hasta las tres de la madrugada en las comunidades con mejor situación epidemiológica, seguirán siendo los que decida el Gobierno regional
En el auto, la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estima la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid y concede un plazo de tres días a la Administración General del Estado para que presente alegaciones y tramitar la pieza de medidas cautelares. La Xunta, según avanzó hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, incluso se plantea llevar el caso al Tribunal Constitucional por posible invasión de competencias de la comunidad.
El Tribunal considera que, a la vista de la concurrencia de dos intereses públicos en conflicto, uno el que representa la Administración del Estado y otro el que alega la Comunidad Autónoma de Madrid, en este momento y ante la eventual suspensión de la orden comunicada en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el primero no sufre riesgo apreciable.
«Por el contrario, consideramos que el interés público que alega la Comunidad Autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente en este momento procesal», aseguran los magistrados de la Sección Octava.
Además, señalan que el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares.
«Si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones. Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa», según se recoge en la decisión de la Audiencia.
En todo caso, agrega, nos parece que la seguridad jurídica, en este caso, «concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica».
Simón pide evitar «judicializar» el control de la pandemia
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos buscarán «alternativas lo más consensuadas posibles» para poder sustituir las medidas que no se puedan aplicar por «motivos judiciales».
Así se ha expresado Simón después de que la Audiencia Nacional haya aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el recurso presentado contra las medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad, acordando su suspensión en el ámbito de la región.
En este sentido, Simón ha explicado que el Ministerio de Sanidad «y las partes más técnicas» han tratado de mantener «una posición negociadora», de «mayor consenso a la hora de implementar y proponer medidas».
Así, ha señalado que la intención del departamento dirigido por Carolina Darias es seguir aplicando «con la mayor seguridad» las medidas sanitarias contra el coronavirus mientras no esté la población «lo suficientemente inmunizada».
Además, ha aclarado que si las medidas que se proponen y «se han acordado no se pueden aplicar por motivos judiciales» se buscarán otras «más consensuadas para poder sustituirlas». Por último, ha pedido «evitar judicializar» el «control de la pandemia».
