El Gobierno se pone en contacto con las comunidades para repensar las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno

Tras insistir en que las restricciones acordadas en el último consejo interterritorial y publicadas este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) eran de obligado cumplimiento y darse de bruces con el rechazo frontal a acatarlas de hasta cinco comunidades -Madrid, Andalucía, Murcia, el País Vasco y Galicia, que en total suman casi 30 millones de los 47 millones de habitantes que tiene España-, el Ministerio de Sanidad ha comenzado a tantear a los consejeros autonómicos para repensar los límites a la hostelería y al ocio nocturno. La Xunta avanzó este lunes que, en caso de que el Ejecutivo central mantuviese la imposición de estas medidas para todo el territorio español, pediría amparo al Tribunal Constitucional y la Comunidad de Madrid hizo lo propio con la Audiencia Nacional, que en un decisión totalmente inusual y en cuestión de horas concedió medidas cautelares al recurso, lo que en la práctica significa que suspende aquí la obligatoriedad de la aplicación de las restricciones hasta que se analice el fondo de la cuestión.

Antes de este varapalo judicial, el departamento de Carolina Darias ya había puesto en marcha una ronda de consultas con el objetivo de atender a las alegaciones de las comunidades. Desde la consellería de Sanidade confirman que su titular, Julio García Comesaña, recibió este lunes por la tarde una llamada del ministerio, dispuesto a escuchar sus argumentos. El objetivo del Gobierno no es otro que sondear a los consejeros sobre la posibilidad de aprobar el miércoles, en una nueva reunión del interterritorial, otro documento distinto, en el que, en esencia, las restricciones en bares y restaurantes dejarán de ser de «obligado cumplimiento» para convertirse en simples «recomendaciones», recoge Colpisa. Sigue insistiendo, eso sí, en la necesidad de poner límites horarios a las discotecas, aunque también se muestra abierto a discutir este punto tras la polvareda provocada por el acuerdo y el fallo a favor de Madrid. Ya el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, anticipó a media tarde, en su habitual rueda de prensa d elos lunes, que el ministerio buscaría consenso y trataría de evitar la judicialización del proceso.

La Xunta, contraria a implantar un horario rígido para la hostelería y una norma invariable hasta que se consiga la inmunidad de grupo, se mantendrá a la espera de los movimientos de Sanidad, pero tal y como aseguró su presidente, Alberto Núñez Feijoo, la asesoría jurídica «ten xa a avanzada a posición» para abrir la vía judicial. Así, no descarta presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional si la situación no cambia. El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que este lunes se reunió junto a los conselleiros de Sanidade y Emprego con los representantes del sector hostelero y del ocio nocturno, manifestó que los juristas de la Administración gallega entienden que esa es «a vía máis axeitada» para dirimir judicialmente el asunto. Feijoo, que afirmó que le gustaría «non ter que facelo», expresó su deseo de volver a sentarse con Darias para hablar sobre esta cuestión antes de llegar a los tribunales, quizás esta misma semana.

Entrando en la materia de tensión, el dirigente gallego considera poco acertado plantear unas medidas para junio que, en el caso de la hostelería, quedarían desfasadas en agosto. Por ello, pide Sanidad que le permita seguir trabajando con los protocolos previos que fija el comité, con análisis por municipios.

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