¿Qué se puede hacer y qué no en cada comunidad con las nuevas restricciones a la hostelería y el ocio nocturno?

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SOCIEDAD

Kike Rincón | europa press

La Xunta mantendrá sus normas mientras no sepa si la orden es vinculante

08 jun 2021 . Actualizado a las 11:02 h.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente al covid-19 que incorpora las medidas por las que debe regirse en toda España la hostelería y el ocio nocturno hasta que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, «apruebe la finalización de su vigencia» previo acuerdo de este órgano, encargado de la coordinación, cooperación, comunicación entre las autonomías y el Estado. La orden ministerial, elevada a oficial en forma de «resolución» de la Secretaría de Estado de Sanidad, deja claro que estas normas son de obligado cumplimiento, a pesar de que las comunidades que votaron en contra -Madrid, Andalucía, Murcia, el País Vasco y Galicia, que albergan a cerca de dos tercios de los habitantes de toda España- ponen en duda que puedan imponerse legalmente si no fueron respaldadas por unanimidad. Solo Cataluña se ha mostrado dispuesta a acatarlas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, avanzó el viernes que, mientras no haya un pronunciamiento de la asesoría jurídica del Gobierno gallego sobre hasta qué punto es vinculante este protocolo, la comunidad seguirá con su hoja de ruta y mantendrá intacta la fórmula que lleva meses aplicando el comité clínico, que volverá a reunirse el próximo martes. Insistió en ello este sábado el vicepresidente, Alfonso Rueda: «No somos un Gobierno insumiso. Primero vamos a ver si efectivamente es obligatorio o no es obligatorio».

Rueda criticó en declaraciones a los medios desde el Gaiás, en Santiago, que «el Gobierno central se desentendió en los momentos más duros» de la pandemia y que «ahora aparece otra vez queriendo imponer una serie de medidas sin ningún diálogo ni argumentación». Observa el vicepresidente «incoherencias» en el texto publicado en el BOE, ya que «no contempla un análisis para poder ir levantando las restricciones que impone», y avanzó que esta semana se reunirá con representantes del ocio nocturno y de la hostelería para explicarles la situación. «Vamos a hacer con ellos lo que no hizo el Gobierno, dialoga», sostuvo.

¿Qué dice este nuevo plan y qué permite hacer a cada comunidad? Para determinar hasta qué hora y de qué manera podrán abrir y atender a sus clientes los bares, restaurantes, locales de copas y discotecas este verano, Gobierno y comunidades optaron el miércoles por seguir guiándose por el conocido como semáforo covid de Sanidad, una clasificación de los territorios españoles en diferentes niveles de riesgo, en función de su situación epidemiológica y asistencial, que el ministerio revisa y pone al día cada semana. Esta es la última actualización, del 3 de junio.

Nivel 1: Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Valencia, Murcia, Baleares y Canarias

El nuevo protocolo permitir reactivar el ocio nocturno hasta las dos de la madrugada, incluso hasta las tres, en las comunidades en nueva normalidad (ninguna actualmente) y en nivel de alerta 1 (Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, Valencia, Murcia, Baleares y Canarias). Esto no significa que todos estos territorios tengan que abrir obligatoriamente pubs y discotecas, sino que pueden hacerlo si así lo considera oportuno el Ejecutivo regional. Porque la cogobernanza permite a los Gobiernos autonómicos imponer medidas todo lo estrictas que quieran, siempre que no se restrinjan los derechos fundamentales -por eso, sin toque de queda no se puede limitar ni la movilidad ni las reuniones-. Si actualmente tienen normas más duras que las acordadas en el Interterritorial, podrán flexibilizarlas, pero nunca abrir más la mano, ir más allá de los límites pactados. Y aquí es donde más chocan las regiones díscolas con el ministerio.

El punto de fricción se localiza sobre todo en la hostelería, más que en el ocio nocturno. El plan pactado el miércoles establece que todos los bares y restaurantes de España, terrazas incluidas, deben estar cerrados como muy tarde a la una de la madrugada. Sobre la mesa del comité clínico que asesora a la Xunta estaba, sin embargo, revisar estos límites en mesas al aire libre de cara al verano, lo que con esta orden quedaría descartado. Feijoo no entiende el planteamiento: dice que no tiene sentido que haya horarios más restrictivos en terrazas que en el interior de las discotecas.

En estos territorios en nivel 1 solo se podrá consumir sentado, tanto alimentos como bebidas y tanto en interiores como al aire libre. Nada de tomar unas copas de pie en el chiringuito de la playa o en la plaza del pueblo. Además, deberá mantenerse una distancia de seguridad de al menos un metro y medio entre mesas, recoge la orden de Sanidad. En los locales cerrados no podrá superarse el 50 % del aforo máximo permitido y se mantiene el límite de seis personas por mesa dentro y diez, fuera. 

Nivel 2: Asturias, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía

Si el territorio se encuentra en nivel de alerta 2, que entre otras cosas exige una incidencia acumulada de entre 50 y 150 casos por cien mil habitantes a 14 días -Asturias, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía-, el Ejecutivo regional podrá valorar autorizar la apertura de pubs y discotecas siempre y cuando los indicadores complementarios, como la ocupación de camas y la tasa de positividad, presenten una evolución favorable y utilizando solo un tercio de su aforo.

Nivel 3: País Vasco y Navarra

A día de hoy hay solo dos comunidades en nivel de alerta 3: el País Vasco y Navarra. El acuerdo del Interterritorial dicta que en estos territorios el ocio nocturno todavía tendrá que esperar y que los interiores de los locales de hostelería deben permanecer cerrados. Solo pueden abrir las terrazas al 75 % de su aforo y, como máximo, seis clientes por mesa.

Fuera de los niveles de riesgo

En nueva normalidad (por debajo de 25 casos por cien mil habitantes), se permite el servicio y consumo en barra, pero solo en bares y restaurantes, manteniendo la distancia de metro y medio. La orden no recoge este supuesto en locales de ocio nocturno, que pueden funcionar exactamente igual que en los territorios en nivel 1, es decir, hasta las dos de la madrugada, ampliable a las tres, sin baile, mesas de seis personas en interiores y de diez en terrazas y ocupando solo el 50 % del aforo en los espacios cerrados. En la hostelería, el aforo podrá incrementarse un 10 % más (hasta el 60 %) «si se aplican medidas de control de riesgos que garanticen un alto nivel de ventilación y control de la calidad del aire».

¿Qué dicen las comunidades?

Mientras el Gobierno gallego se mantiene a la espera de la conclusión se sus servicios  jurídicos, el vasco reiteró este sábado que la normativa que sigue en «vigor» en su territorio es la regional, aprobada el pasado lunes, pese a la publicación en el BOE de la resolución con los acuerdos de la Interterritorial. Madrid, por su parte, hizo pública su intención de recurrir ante la Audiencia Nacional unos acuerdos «ilegales», en palabras del consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que suponen «una auténtica barbaridad» desde el punto de vista sanitario. «No puede haber medidas más restrictivas en estos momentos que con incidencias que superaban los mil casos por cien mil habitantes en cinco comunidades», defendió.

También Castilla y León, que se abstuvo en la votación, está estudiando plantear recurso. Su borrador es muy similar al madrileño, recoge Colpisa, con un argumento central que expone que el Interterritorial no puede imponer su criterio porque es un mero órgano de coordinación técnica entre técnicos (que no políticos) de las diferentes administraciones territoriales. Los alegatos pretenden incidir en el artículo 69 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fue el que en el 2003 dio carta de naturaleza a este foro, definiéndolo exclusivamente como un «órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado».

Esa normativa, que no es una ley orgánica que pueda afectar a derechos fundamentales, en ningún momento -entienden los juristas de las comunidades rebeldes- fija el obligado cumplimiento de ninguna de las resoluciones del consejo. De hecho, en el artículo 71, en el que se regulan las funciones del Interterritorial, se establecen que estas serán exclusivamente «emitir recomendaciones» sobre todo tipo de materias sanitarias, el «asesoramiento, planificación y evaluación» en diversos campos del Sistema Nacional de Salud, la «coordinación» de ese Sistema Nacional de Salud y «funciones de cooperación» entre la administración central y las autonomías.

Por su parte, el Gobierno central pone todo el acento en que el Interterritorial no es más que una «conferencia sectorial» y que, por tanto, tiene que plegarse a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en el 2015 bajo la mayoría del PP, cuyo artículo 151 establece que «cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial (...) será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto». En ese punto, las comunidades replican que no ha existido tal «acuerdo» porque nunca ha habido el imprescindible «consenso».