El Gobierno de Baleares copia en un decreto la ley de salud gallega que suspendió el Tribunal Constitucional

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Aunque incluyó el artículo de la vacunación obligatoria, el Ejecutivo central aún no la recurrió, como hizo con la norma de Galicia

25 may 2021 . Actualizado a las 21:46 h.

Desde que acabó el estado de alarma, el marco legal para aplicar restricciones es muy endeble, tal y como indican numerosos juristas y especialistas en Derecho. Pero el Gobierno estatal no lo cree así y, aunque el año pasado se comprometió a aprobar una ley que permita tomar medidas con mayor claridad en una pandemia, no lo hizo. Así que las comunidades autónomas están tratando de hacerse con sus propias herramientas legales. Galicia elaboró una ley, que se publicó el 26 de febrero y que incluía un controvertido artículo, porque recoge la vacunación obligatoria. El Ejecutivo Central decidió entonces presentar un recurso ante el Constitucional por ese punto y este lo admitió a trámite, quedando suspendido al momento. Pese a esa circunstancia, el Gobierno balear publicó el día 8 de mayo un decreto que prácticamente copia la ley gallega e incluye incluso el polémico artículo, con una ligerísima variación.

El Ejecutivo balear, cuya presidencia ostenta el PSOE —que gobierna en coalición con Podemos y un partido regional llamado Més— no hizo como la Xunta, que redactó una ley y la llevó al Parlamento (donde el PP tiene garantizada la mayoría absoluta) sino que optó por publicar un decreto ley —lo cual implica limitar derechos fundamentales sin siquiera haber tramitado una ley ordinaria—. Pero, pese a elegir un mecanismo, el decreto publicado por la Administración balear el 8 de mayo es prácticamente una copia de la ley gallega. Llama la atención que plagien el artículo de la vacunación obligatoria, teniendo en cuenta que ese fue el problema con el que se encontró, hace solo un mes, la norma de Galicia.

Dos palabras de diferencia

Lo copian con una levísima modificación. Así, la ley gallega indica que se habilita a las autoridades autonómicas para que puedan proceder al «sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas». Y la balear señala exactamente lo mismo, pero dice que habilita a las autoridades para el «sometimiento a medidas profilácticas, incluida la vacunación o inmunización a determinados colectivos». Es decir, añade solo esa puntualización de «determinados colectivos».

¿Cambia eso mucho las cosas? Los especialistas en Derecho consultados dicen que, claramente, no. «Está incluyendo igual la vacunación obligatoria, da igual que sea para todos que para determinados colectivos. Y el caso balear es mucho peor que el gallego, porque ni siquiera se ha tramitado una ley ordinaria, se ha hecho un decreto y se limitan derechos fundamentales, lo cual es una barbaridad», opina Luis Míguez, catedrático de Derecho Administrativo.

Pese a que el decreto balear es prácticamente idéntico al gallego, el Gobierno todavía no lo ha recurrido, como ocurrió en el caso de Galicia. Está a tiempo de hacerlo, eso sí. En el caso gallego, el proceso fue bastante rápido: la ley se publicó el 26 de febrero, el Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado el 17 de marzo y el 23 ya estaba listo. Y, automáticamente, se llevó el asunto a un Consejo de Ministros el 30 de marzo. Es decir, en mes y medio recurrieron la ley, que luego quedó suspendida al admitir a trámite el Constitucional (que todavía no se pronunció sobre la normativa). Si el Ejecutivo recurre el decreto balear y quiere hacerlo en el mismo plazo utilizado con Galicia, le quedaría un día para solicitar el informe al Consejo de Estado.