Gobierno y Xunta tratarán de desbloquear la ley de salud gallega, que permitiría a Galicia aplicar restricciones con más facilidad
SOCIEDAD
Alfonso Rueda y Miquel Iceta pactaron negociar las discrepancias sobre la norma, que fue recurrida al Constitucional por el Ejecutivo de Pedro Sánchez
21 may 2021 . Actualizado a las 18:00 h.Galicia y Aragón fueron las dos únicas comunidades autónomas que, en este año de pandemia, se preocuparon de confeccionar leyes de salud propias para que cuando acabase el estado de alarma pudiesen aplicar restricciones sin tener que pedir autorización judicial. Es decir, para tener un mejor marco legal para gestionar la pandemia. Aragón tiene en vigor su ley y funciona con ella. Pero Galicia no. ¿Por qué? Porque el Gobierno la recurrió ante el Tribunal Constitucional al considerar que recurría en anticonstitucionalidad por el polémico artículo en el que se ponía la vacunación como una cuestión obligatoria. Al presentarse ese recurso y admitirlo a trámite el Constitucional, la ley quedó coja, y actualmente Galicia no puede apoyarse en ella para aplicar restricciones. Pero las cosas podrían dar un giro.
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, firmaron un acuerdo en el que se comprometen a tratar de buscar una nueva redacción al apartado segundo del artículo 38 de la ley de salud gallega al margen del proceso abierto en el Tribunal Constitucional, que suspendió este aspecto normativo. Es decir, que la norma podría llegar a reajustarse sin tener que esperar a lo que diga el Constitucional. De hacerlo y contar Galicia con una ley al completo para controlar la pandemia, la Xunta lo tendría más fácil para aplicar restricciones.
Concretamente, ambas partes han acordado constituir un grupo de trabajo con los representantes designados por cada parte. Este equipo, según recoge el acuerdo, publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que recoge Europa Press, tiene como misión «alcanzar un acuerdo extraprocesal respecto de las discrepancias manifestadas por la interposición del recurso de inconstitucionalidad» (asunto 1975-2021) en relación al apartado cinco de la reforma de la ley gallega de salud, que se corresponde con el nuevo artículo 38.2.
La segunda parte de este acuerdo, que se firmó en el marco de la comisión bilateral de cooperación Estado-Xunta con fecha del 14 de mayo, también incluye «designar un grupo de trabajo con los representantes que designe cada una de las partes que proceda a desarrollar las negociaciones necesarias para tal efecto».
La ley gallega de salud introduce un artículo 38 con dos apartados, uno de los cuales se recurrió al Constitucional, que admitió a trámite el recurso, dejando así en suspenso ese punto de forma inmediata. El problema es que esa parte que se suspendió, a expensas de lo que diga el Constitucional, no solo afecta al asunto de la vacunación, sino a todo tipo de restricciones relacionadas con el control de la pandemia. De esta forma, como el artículo está pendiente del recurso, la ley no sirve para amparar esas medidas por el momento.
Entre las cuestiones que recoge la norma, en ese artículo en suspenso, están las medidas de control para personas que hayan estado en contacto con personas enfermas (como actualmente los aislamientos de contactos positivos); o el sometimiento a medidas profilácticas de prevención, incluida la vacunación o inmunización. Este apartado de la ley también habilita medidas de control del «entorno inmediato» de las personas enfermas o que hayan estado en contacto con ellas, así como de «zonas afectadas» (lugares geográficos), lo que puede conllevar, por ejemplo, la limitación de movilidad o circulación (como han sido los cierres perimetrales de ciudades o áreas sanitarias) o restricciones a las agrupaciones de personas (como el límite en las reuniones, tal y como está vigente en este momento en Galicia).
Por tanto, si tal y como pactaron Iceta y Rueda se intenta redactar conjuntamente un nuevo artículo y entra en vigor la Xunta lo tendrá más fácil para aplicar restricciones, ya que ahora mismo necesita el aval de la Justicia cada vez que quiere dar un paso que implique limitar los derechos fundamentales.