La norma fue aprobada con el respaldo del 98,85 % de los miembros de la cámara territorial
13 may 2021 . Actualizado a las 10:00 h.España contará este año con el primer órgano asesor formado por niños y adolescentes. Su principal cometido será aconsejar y fiscalizar al Gobierno sobre todos las políticas que afecten a los menores. El mandato para su rápida puesta en marcha quedará incluido en la ley de la Infancia. Es una de las enmiendas que la norma va a incorporar en su paso por el Senado, cuyo pleno aprobará esta tarde prácticamente por unanimidad su texto final, que entrará en vigor en cuanto lo ratifique el Congreso.
Los senadores, a propuesta del PSOE, dan al Gobierno un máximo de seis meses para crear el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia. La norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, lo que ocurrirá antes de finales de junio, por lo que el órgano asesor debe estar constituido antes de las Navidades.
Pretende ser el cauce que garantice la participación infantojuvenil en el proceso político, una demanda de la Convención de los Derechos del Niño y de la ONU. Los miembros del comité podrán presentar iniciativas al Gobierno y tendrán que ser consultados sobre todos los planes, programas y políticas nacionales que afecten a la infancia, además de vigilar y evaluar su aplicación.
El Senado da luz verde que aspira a poner coto a las decenas de miles de casos de maltrato, acoso escolar o abusos sexuales que cada año sufren los menores españoles, con el mayor consenso de la legislatura. Con la única oposición de los tres senadores de Vox, la norma fue aprobada con el respaldo del 98,85 % de los miembros de la cámara territorial.
Las enmiendas del Senado recogen la mayor parte de las demandas de las oenegé que trabajan con la infancia que no entraron en el texto inicial del Congreso. Por ejemplo, aumentan las garantías para preservar la los derechos de los inmigrantes a los que el Estado somete a pruebas médicas para comprobar si son menores de edad, por viajar sin documentos. Además de tener que contar con el consentimiento informado del chico, no podrán incluir «en ningún caso» desnudos integrales o exploraciones genitales.
Prueba preconstituida
En un tercer aspecto solo han hecho caso a las oenegés en parte. Versa sobre el trato que debe dar la justicia al menor para evitar su revictimización. La ley dirá que, en el caso de menores de 14 años, su primera declaración judicial, sea víctima o testigo, se convertirá en prueba preconstituida y no tendrá que repetirla ni en el juicio. Los senadores establecen que sean los expertos de los equipos psicosociales los que, con las preguntas del juez y las partes, hagan la indagación y que, además, siempre quede grabada.
El bloque de enmiendas de más calado es el que desterrará el uso de la fuerza en los centros de menores, tanto en los de protección como en los específicos para problemas de conducta. La nueva ley prohibirá la contención mecánica (atar a menores a camas o anclajes). La sujeción de las muñecas (esposar) solo se permitirá como último recurso y en los centros de niños con problemas de conducta, y la inmovilización física solo podrá usarse si todo lo demás falla y ante situaciones de riesgo vital o para integridad del menor o de un tercero
La ley de la Infancia, en su punto clave, establece que los pederastas podrán ser perseguidos al menos hasta que su víctima cumpla 40 años, lo que amplía en 17 años el momento en el que hasta ahora tenía efectividad la denuncia por el abuso sexual o la violación sufrida por un niño en el pasado. La prescripción de las agresiones más graves contra niños y adolescentes no empezará a contar hasta que las víctimas cumplan 35 años, por lo que, en la práctica, los pederastas podrán ser sentados en el banquillo hasta que sus supervivientes tengan entre 40 y 50 años. La razón es que el plazo de prescripción de estos delitos oscila entre 5 y 15 años, según la gravedad.