La ley de la Infancia, en su punto clave, establece que los pederastas podrán ser perseguidos al menos hasta que su víctima cumpla 40 años, lo que amplía en 17 años el momento en el que hasta ahora tenía efectividad la denuncia por el abuso sexual o la violación sufrida por un niño en el pasado. La prescripción de las agresiones más graves contra niños y adolescentes no empezará a contar hasta que las víctimas cumplan 35 años, por lo que, en la práctica, los pederastas podrán ser sentados en el banquillo hasta que sus supervivientes tengan entre 40 y 50 años. La razón es que el plazo de prescripción de estos delitos oscila entre 5 y 15 años, según la gravedad.