El Tribunal Superior gallego avala que puedan limitarse derechos fundamentales tras el día 9 de mayo
SOCIEDAD
Cree que con la legislación ordinaria es suficiente para aplicar medidas como cierres perimetrales
06 may 2021 . Actualizado a las 11:04 h.A partir del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma el control de la pandemia vuelve a estar en manos de los jueces. Las comunidades tendrán que pedir entonces autorización a sus correspondientes tribunales superiores para aplicar restricciones. En el caso de Galicia, todo está en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Concretamente, de la sala contenciosa del mismo, que es la que avalará o no las medidas, si es que la Xunta propone algunas. Antes del estado de alarma, algunos de estos tribunales, como el gallego, avalaron las medidas propuestas por las comunidades pese a limitar derechos fundamentales. Otras salas dijeron que no, que con la legislación ordinaria -sobre todo la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública- no es suficiente para ello. La presidenta de la sala de lo contencioso del TSXG, María Dolores Rivera, señaló ayer que el tribunal sigue considerando que esta norma sirve de marco legal para limitar esos derechos.
Rivera, lógicamente, no puede adelantar si el TSXG avalará o no las medidas que le pida la Xunta -no sabe siquiera si se las propondrá ni cuáles-. Pero sí dice algo muy importante. Indica que la sala gallega considera que con la legislación ordinaria, aunque no le parece que sea muy completa, sí se pueden restringir derechos fundamentales, siempre que se trate de medidas proporcionales y debidamente justificadas. Así, advierte de que «no se pueden imponer sacrificios innecesarios». Pero deja la puerta abierta a aceptar cierres perimetrales -como ya hizo hace meses, cuando no había estado de alarma-, toques de queda o limitaciones a las reuniones.
La postura de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en realidad, y en un principio, pone más fácil que se apliquen restricciones en Galicia a partir del 9 de mayo que en otras comunidades, donde sus salas de lo contencioso consideran, ya de entrada, que sin estado de alarma no se pueden limitar los derechos fundamentales. Es decir, ni siquiera entran en las medidas, ya las rechazan porque creen que no hay marco legal para aplicarlas.
La reprimenda del Supremo
Precisamente, para evitar esta disparidad de criterios entre regiones, el Gobierno aprobó a contrarreloj un real decreto ley que permite que aquellas comunidades cuyos tribunales superiores rechacen las medidas que estas propongan puedan recurrir en casación al Supremo y comprobar si entonces les dejan aplicarlas. Con esto, se busca que el Supremo cree doctrina y que en poco tiempo haya jurisprudencia suficiente para que cada tribunal autonómico no tenga que hacer sus propias interpretaciones. Pero, ojo. El camino del Supremo, que al Gobierno le parecía liso y llano, se ha topado con una fuerte contestación por parte del tribunal, que por boca del presidente de la sala del contencioso, César Tolosa, le ha echado una reprimenda al Ejecutivo.
El embrollo se veía venir. El Gobierno, con su decreto de última hora, dejó al Supremo la última palabra sobre las restricciones a partir del 9 de mayo. Y desde el tribunal le han respondido que los jueces «no están para gobernar», que eso le corresponden a los poderes públicos. En esa línea, el presidente de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo dijo que el panorama judicial a partir del 9 de mayo será «sumamente complejo» y le recriminó al Gobierno que no hubiese propiciado un nuevo marco legal, ya que él también ve un «déficit» en la legislación sanitaria. Es la misma reclamación que le hizo al Ejecutivo de Pedro Sánchez el Consejo del Estado, el máximo órgano consultivo español, que le afeó que no se cuente aún con una ley estatal para la pandemia. Máxime cuando el Gobierno se comprometió a ello en junio, pero no cumplió.
Además, fuentes del Supremo reconocieron que hay un malestar enorme en el tribunal porque la ministra Carmen Calvo dijo que sus miembros eran conocedores de esta reforma exprés que se introdujo para maquillar el fin del estado de alarma y que, en realidad, ellos se enteraron por los medios de comunicación. Amén de que creen que, simplemente, se les ha «pasado la pelota» de las restricciones.
La fiscalía superior gallega, lista para afrontar el nuevo escenario
Fernando Suances, fiscal superior de Galicia, señaló ayer que la Fiscalía Superior de Galicia se encuentra en disposición de asumir «con toda normalidad» la tramitación de cualquier asunto relativo a restringir los derechos fundamentales una vez que acabe el estado de alarma, «tal y como vino sucediendo en no pocos asuntos relacionados con recursos contra las medidas adoptadas por la Xunta». Suances, al igual que el TSXG, no adelanta si se mostrará a favor o no de las medidas que pueda proponer la Xunta para limitar esos derechos. Pero tiene claro que se analizará cada caso concreto. Lo que deja la puerta abierta a que medidas que proponga la Xunta cuenten con su aval.