Cree que con la legislación ordinaria es suficiente para aplicar medidas como cierres perimetrales
06 may 2021 . Actualizado a las 11:04 h.
A partir del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma el control de la pandemia vuelve a estar en manos de los jueces. Las comunidades tendrán que pedir entonces autorización a sus correspondientes tribunales superiores para aplicar restricciones. En el caso de Galicia, todo está en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Concretamente, de la sala contenciosa del mismo, que es la que avalará o no las medidas, si es que la Xunta propone algunas. Antes del estado de alarma, algunos de estos tribunales, como el gallego, avalaron las medidas propuestas por las comunidades pese a limitar derechos fundamentales. Otras salas dijeron que no, que con la legislación ordinaria -sobre todo la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública- no es suficiente para ello. La presidenta de la sala de lo contencioso del TSXG, María Dolores Rivera, señaló ayer que el tribunal sigue considerando que esta norma sirve de marco legal para limitar esos derechos.
Rivera, lógicamente, no puede adelantar si el TSXG avalará o no las medidas que le pida la Xunta -no sabe siquiera si se las propondrá ni cuáles-. Pero sí dice algo muy importante. Indica que la sala gallega considera que con la legislación ordinaria, aunque no le parece que sea muy completa, sí se pueden restringir derechos fundamentales, siempre que se trate de medidas proporcionales y debidamente justificadas. Así, advierte de que «no se pueden imponer sacrificios innecesarios». Pero deja la puerta abierta a aceptar cierres perimetrales -como ya hizo hace meses, cuando no había estado de alarma-, toques de queda o limitaciones a las reuniones.
La postura de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en realidad, y en un principio, pone más fácil que se apliquen restricciones en Galicia a partir del 9 de mayo que en otras comunidades, donde sus salas de lo contencioso consideran, ya de entrada, que sin estado de alarma no se pueden limitar los derechos fundamentales. Es decir, ni siquiera entran en las medidas, ya las rechazan porque creen que no hay marco legal para aplicarlas.
