La Xunta decide el jueves las medidas que regirán tras el estado de alarma

Tamara Montero
tamara montero SANTIAGO / LA VOZ

SOCIEDAD

ALBERTO LÓPEZ

La transmisión del coronavirus en Galicia se mantiene estable y con tendencia a la baja, lo que demuestrs que «as medidas funcionan» para contener la pandemia

04 may 2021 . Actualizado a las 11:48 h.

Con Galicia asentada en la estabilidad epidemiológica e incluso con una tendencia a la baja, la incógnita que se abre esta semana es cómo se gestionará la pandemia a partir del domingo, cuando está previsto que decaiga el estado de alarma y con él, la posibilidad para las comunidades de utilizar instrumentos como el toque de queda. Mañana se producirá la última reunión del consejo interterritorial antes de la fecha prevista del fin del estado de alarma y una vez que esté clara la posición del Gobierno central, la Xunta reunirá al comité clínico para acordar las medidas que regirán a partir de este fin de semana en Galicia.

«Unha vez que teñamos o parámeto de comportamento nacional, de toda España, veremos como concretamos». Lo explicaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en una visita al hospital de Pontevedra, en la que también recordó que la recta final del estado de alarma ha arrancado con seis comunidades en riesgo alto de transmisión y que sin un «instrumento adecuado» para la gestión, la situación de relativa tranquilidad en la que está Galicia podría trasladarse a cifras más preocupantes. Así que no será hasta el jueves, después del comité interterritorial cuando se producirá la reunión extraordinaria del comité clínico para abordar un nuevo capítulo en la gestión del coronavirus, informa Cristina Barral.

«As medidas demostraron que funcionan». Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y uno de los miembros del comité clínico que asesora a la Xunta en esta crisis sanitaria, explica que es proclive a continuar con la misma estrategia de control de la transmisión del coronavirus, que se traduce en los cuatro niveles de restricciones en vigor en este momento. Pero sin estado de alarma, la última palabra la tienen los tribunales. «Se un concello sobrepasa os 500 de incidencia acumulada, o lóxico é que non haxa problemas para decretar o peche da hostelería e restriccións de mobilidade». Es decir, las medidas quirúrgicas —establecidas en pequeños territorios en los que hay un brote que debe ser controlado— son sencillas de motivar. Otra cosa es medidas globales en una comunidad en la que la cuarta ola, de momento, ha tenido impacto limitado. Y eso es lo que habrá que tratar en el comité extraordinario.

De momento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha refrendado todas las medidas adoptadas por la Xunta, incluyendo el cierre perimetral de A Mariña el pasado mes de julio, cuando no había estado de alarma en vigor. Pero tras la previsible desaparición de este instrumento jurídico surgen las dudas, no solo en las medidas globales para Galicia (cierre perimetral, toque de queda y límite en las reuniones de personas) sino también en aquellos brotes con límites más difusos. ¿Qué ocurre si un concello tiene una incidencia a siete días que crece de 62 a 90 casos por cien mil? En la situación actual pasaría a nivel medio de restricciones (que afectan a la hostelería), pero quizá la Justicia no lo vea tan claro.

El jueves se anunciará cómo será la etapa post estado de alarma, pero hoy mismo el comité clínico se reunirá para volver a actualizar el mapa de restricciones, según anunció ayer a última hora Sanidade. La incidencia acumulada sigue por debajo de los 100 y los 50 casos a catorce y siete días, respectivamente, e incluso tiende ligeramente al descenso, lo que pone a Galicia en disposición de ir «ampliando horarios e ir deixando sen efecto o toque de queda», ha explicado el presidente de la Xunta, que ha apelado a la prudencia por la presencia de variantes del virus preocupantes, la última la india que se ha detectado en Vigo.

Este lunes ha sido la cuarta jornada consecutiva de caída de nuevos positivos, con 103 en las últimas 24 horas y ha habido un nuevo descenso en los casos activos, un total de 3.030. La situación hospitalaria se mantiene estable, con mínimas variaciones en la uci (50 pacientes) y en las plantas covid (164). El balance de fallecidos se sitúa en las 2.391 personas, tras comunicar ayer el Sergas una nueva víctima.

Las comunidades preparan a contrarreloj sus alternativas al estado de alarma

Cataluña descarta prolongar el toque de queda si los datos son buenos y Valencia ya ha anunciado que levantará el cierre perimetral

redacción

La cuenta atrás para el fin del estado de alarma ha puesto a las comunidades contra las cuerdas, y la mayoría busca a contrarreloj soluciones para afrontar la gestión de la pandemia, que en la actualidad afecta de forma muy desigual a las diferentes zonas del país. Los gobiernos autonómicos han comenzado a preparar el escenario para después del 9 de mayo y ya están planeando el marco legal que les garantice seguir tomando ciertas medidas para contener la pandemia del coronavirus, si bien algunos ejecutivos regionales reconocen la dificultad de establecer restricciones sin esta norma jurídica.

Muchos ejecutivos autonómicos han criticado la decisión de Sánchez de no prorrogar este instrumento. El Gobierno vasco, por ejemplo, ha sido uno de los más críticos y advierten de que «cada vez quedan menos días» para aclarar esta cuestión. Además, desde el PNV, formación mayoritaria en el Gobierno del País Vasco, insisten en mantener esta norma.

En Valencia, la región con una incidencia menor de España, el presidente, Ximo Puig, ha planteado que se pueda levantar el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana a partir de la próxima semana -cuando se prevé que decaiga el estado de alarma y finalizan las restricciones actuales- y espera que se pueda ampliar el horario del toque de queda.

Puig ha indicado que a final de semana se reunirá la Comisión Interdepartamental para decidir las nuevas restricciones, aunque no ha concretado la fecha, ya que es una semana «complicada» a nivel de agenda.

El presidente de la comunidad ha insistido en pedir «prudencia» pese a que la Comunitat Valenciana sea la autonomía con «menos riesgo» de contagio en estos momentos, y ha defendido el «trabajo» realizado en las últimas siete semanas. Además, ha incidido en que la desescalada no puede ser «disruptiva»: «No se va a pasar a cero restricciones».

CATALUÑA

La consellera de Salud en funciones, Alba Vergés, explicó el viernes que el comité técnico Procicat avalará la apertura continuada de la restauración hasta las 23 horas y también podrán reabrir los parques y ferias de atracciones en Cataluña partir del 9 de mayo.

Vergés argumentó que la prórroga de las restricciones obedece a la voluntad de «perseverar» en la campaña de vacunación para alcanzar un volumen de inmunidad alto entre la ciudadanía antes de la reapertura de la restauración y el levantamiento del estado de alarma.

TOQUE DE QUEDA

Además, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha descartado este lunes prolongar medidas «excepcionales» como el toque de queda a partir del 9 de mayo si los datos epidemiológicos de la pandemia evolucionan de forma favorable en Cataluña. 

PAÍS VASCO

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que, salvo que el Gobierno central reconsidere su decisión de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo, este próximo viernes firmará un decreto para adaptar las medidas preventivas frente al coronavirus a la nueva situación que se producirá una vez decaiga ese instrumento jurídico a partir del próximo lunes.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas en una visita a unas instalaciones de Eroski en Vitoria, ha explicado que, si no se producen modificaciones importantes en la situación epidemiológica, el nuevo decreto mantendrá las restricciones actuales, aunque siempre «dentro de la capacidad» que tenga el Gobierno Vasco una vez se pierda la cobertura jurídica del estado de alarma.

De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco trabajará a lo largo de esta semana en la elaboración de un decreto que entraría en vigor el 10 de abril. El texto tendría el objetivo de adaptar las medidas preventivas frente a la pandemia a una situación en la que ya no se cuente con la cobertura del estado de alarma.

El decreto, que según ha indicado Urkullu debería aprobarse el viernes con el fin de que entrara en vigor el 10 de mayo, contemplaría las medidas que se consideran «eficaces» para evitar contagios, y tendría vigencia para un período de entre cuatro y seis semanas, según ha explicado Urkullu.

ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía abordará este miércoles día 5, en el seno del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), el escenario y posibles medidas en la comunidad ante el fin del estado de alarma el próximo día 9.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha indicado que ya han recibido propuestas de los distintos sectores que han sido consultados por las consejerías y que, en la tarde de este lunes, él y los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, y de Salud y Familias, Jesús Aguirre, mantendrán una reunión para «fusionarlas» y elevarlas el miércoles al Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, de manera que los andaluces sepan «qué es lo que va a pasar» en la comunidad a partir del día 10 de mayo.

«Esto es lo que debería haber hecho el Gobierno central, pero no lo ha hecho y las comunidades nos sentimos indefensas. En Andalucía vamos a articular todas las medidas que actualmente el estado de derecho nos permite», ha dicho Juan Marín.

Asimismo, ha expuesto que lo referido a la libre circulación de ciudadanos y a las restricciones a la movilidad, ya sea en distritos sanitarios, provincias o en comunidades autónomas, no lo van a poder decidir los responsables autonómicos, sino que, finalmente, va a tener que ser un juez «el que decida esto».

Según el vicepresidente de la Junta, este escenario se va a dar porque el Gobierno central «no ha hecho su trabajo y no ha articulado una vía para que las comunidades puedan tomar decisiones».

«El decreto de estado de alarma termina después de seis meses y seguimos en la misma indefensión y tendremos que someternos a las decisiones judiciales a partir del próximo día 10», según ha agregado Juan Marín.

Lo que nos queda, según ha añadido, es que si hay una situación de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en un determinado municipio, la Junta tendrá que decretar el confinamiento y después elevar esa propuestas al TSJA «y que este lo derive a una sala y nos diga si podemos mantener o no esa restricción».

Respecto a si la Junta se plantearía pedir el estado de alarma para Andalucía, ha indicado que en esta comunidad no hay en este momento una situación sanitaria como para pedir un estado de alarma, pero sí «podemos necesitar una restricción muy concreta o específica en cualquier municipio, que va a tener que pasar por una decisión judicial».

CASTILLA Y LEÓN

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo mantendrá el criterio de cerrar el interior de los establecimientos hosteleros y casas de apuestas en municipios con más de 150 casos por cada 100.000 habitantes tras el Estado de Alarma y ha avanzado que los servicios jurídicos estudian nuevas medidas que aprobarán en el Consejo de Gobierno del próximo jueves.

Casado ha insistido en su preocupación por el fin del Estado de Alarma y la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de no ampliar esta situación pese a la petición reiterada de algunas autonomías como el Pais Vasco. De este modo, ha defendido que no se aplique un Estado de Alarma por autonomías y que las medidas que se adopten se hagan de forma global.

Casado ha recordado que con el fin del Estado de Alarma las autonomías no tienen capacidad para impulsar medidas que limiten la movilidad ni la libertad de movimientos, por lo que todas las decisiones que se adopten en este sentido deben pasar por los tribunales. «No me parece bien que tengamos que judicializar el tema, debería resolverse desde el Ejecutivo y el Legislativo», ha señalado. Del mismo modo, ha insistido en que las autonomías tampoco pueden adoptar decisiones que ataquen a los derechos fundamentales como puede ser limitar las reuniones en domicilios.

Sin embargo, si se toma como ejemplo la situación vivida en el verano de 2020, sí se pueden poner acciones como la de fijar el horario de cierre de comercios o establecimientos hosteleros, siempre con informes jurídicos que lo avalen. «Todo lo que pudimos hacer el verano pasado se puede hacer ahora», ha señalado Casado, quien ha aclarado que la incidencia de casos actual es mucho mayor a la del verano pasado.

En cuanto al resto de medidas establecidas en el semáforo que se ha aprobado en el Consejo Interterritorial la Consejera ha avanzado que los servicios jurídicos analizan ahora si estas acciones requieren también respaldo judicial.

ASTURIAS

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, ha remarcado este lunes que la coordinación entre comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad que se ha venido trabajando hasta la fecha tendrá todavía «más valor» a partir del 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma por la pandemia de covid-19. El consejero también se ha referido a las nuevas resoluciones con la adecuación de medidas restrictivas en Asturias frente a la pandemia para concretar que algunas entrarán en vigor en la madrugada del jueves al viernes, día 7 de mayo, y otras el día 9 con el fin del estado de alarma.

Fernández Muñiz no ha querido avanzar el nuevo escenario, que desde su Consejería prevé exponer este martes en rueda de prensa. Las nuevas resoluciones se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) este miércoles, día 5 de mayo.

En cuanto al caso concreto de la hostelería, el consejero ha reiterado que las medidas se explicarán este martes y entrarán en vigor el día 7.

Darias insiste en que las comunidades tienen «herramientas e instrumentos suficientes»

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que las comunidades autónomas cuentan con «herramientas e instrumentos suficientes» tras la caída del estado de alarma, el próximo domingo 9 de mayo, para seguir controlando la pandemia de covid-19.

En una comparecencia ante los medios de comunicación desde Asturias, Darias ha defendido la legislación puesta en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para afrontar la pandemia. «Los miembros del Consejo Interterritorial hemos ido poniendo medidas. Espero que cuando dejemos atrás esta maldita pandemia tengamos herramientas para seguir enfrentando posibles amenazas», ha señalado.

Una vez finalice el estado de alarma, Darias ve «fundamental» el rastreo de casos, la secuenciación «para poder aislar el virus» y la vacunación. De la misma forma, ha recordado que las CCAA y el Ministerio de Sanidad acordaron un documento de actuaciones coordinadas, conocido como «semáforo», que supone «una guía de actuación con medidas para llevar a cabo en función de la incidencia».

Así, ha defendido que «cuando pase el 9 de mayo hay herramientas e instrumentos suficientes». «Esperemos que las comunidades las sigan aplicando como lo están haciendo. La legislación que tenemos creemos que es suficiente y con las medidas que hemos ido tomando en el Consejo Interterritorial también», ha remachado.

El Gobierno mantiene su intención de levantar el 9 de mayo el estado de alarma y, por ello, ha comenzado ya a preparar la nueva fase que se abrirá entonces, y a analizar con los Ministerios qué medidas sociales y económicas dependen de la vigencia de este instrumento, para prorrogar vía decreto las que sigan siendo necesarias en la etapa final de la pandemia del coronavirus.

La idea del Ejecutivo es aprobar próximamente un decreto ley que permita dar continuidad a aquellas cuestiones que los Ministerios consideren que hace falta seguir manteniendo más allá del 9 de mayo. Serían medidas, en todo caso, que no necesitan que este instrumento constitucional siga vigente, ya que no tienen que ver con la restricción de derechos fundamentales.

Es el caso, por ejemplo, de la medida que se aprobó en febrero para permitir que los sanitarios jubilados pudieran volver a trabajar para ayudar en la lucha contra la pandemia, sin perder su pensión. Esta cuestión estaba ligada expresamente a que estuviera vigente el estado de alarma.