«Amenazaron a nuestro abogado con un tiro en la nuca»: el conflicto detrás de la vacunación de la policía en Cataluña

María Hermida
María Hermida REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

Marcos Veiras, policía gallego destinado en Cataluña y portavoz del sindicato Jupol en la comunidad catalana, mostrando el auto en el que la Justicia obliga a la Generalitat a vacunarlos
Marcos Veiras, policía gallego destinado en Cataluña y portavoz del sindicato Jupol en la comunidad catalana, mostrando el auto en el que la Justicia obliga a la Generalitat a vacunarlos Cedida por JUPOL

Obligada por la Justicia, la Generalitat se compromete a iniciar la inmunización de agentes nacionales y guardias civiles el lunes. Mientras, se hacen declaraciones incendiarias, tal y como narran policías gallegos destinados allí

29 abr 2021 . Actualizado a las 15:35 h.

Se veía venir el conflicto. Y finalmente ha estallado. Hace semanas, sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil denunciaron por pasiva y activa lo que estaba pasando con la vacunación de los agentes en Cataluña: contaban que se había inmunizado a los miembros de otras fuerzas de seguridad catalanas o al personal de emergencias, como a los Mossos D´Esquadra o los bomberos, y que sin embargo a sus colectivos los habían saltado deliberadamente. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoció que lo que decían tenía razón de ser y señaló entonces que mientras en el resto de España ya se ha administrado la primera dosis a más del 76 % de los agentes, en esta comunidad esa cifra no alcanza el 15 %, a pesar de que la estrategia de vacunación les dio prioridad como personal esencial. Y anunció una decisión insólita: que el Gobierno vacunaría a policías nacionales y guardias civiles al no hacerlo la Generalitat. Pero, para entonces, los sindicatos policiales ya habían recurrido a la Justicia, que anteayer les dio la razón. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un auto en el que da diez días a la Generalitat para vacunar a los policías y guardias civiles al menos en el mismo porcentaje que a los Mossos. Ahí debería haber parado el conflicto. Pero no. Desde el Gobierno catalán, que indica que comenzará a inmunizar a policías y guardia civiles el lunes, se está insistiendo en que, a cuenta de esta decisión judicial, se va a perjudicar a los mayores, cuya inmunización se retrasará. Y eso está provocando, una vez más, un enfrentamiento tan desagradable como doloroso.

Lo cuenta en primera persona Marcos Veiras, uno de los policías gallegos destinados en Cataluña y, además, portavoz del sindicato policial Jupol, que señala con impotencia: «A nuestro abogado lo amenazaron con un tiro en la nuca y a nosotros nos echan a la gente encima diciendo que por nuestra culpa se quedan sin vacunar los mayores, es tremendo lo que nos hacen, es una presión enorme». 

Veiras repasa lo ocurrido desde el inicio. Señala que los policías y guardia civiles fueron testigos, desde que comenzó la vacunación de trabajadores considerados esenciales (como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) de que se vacunaba a los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona (los policías locales) y sin embargo a ellos se les dejaba atrás. Pasaban los días y la situación era idéntica, así que comenzaron a apelar a distintas instancias. Se dirigieron a la delegada del Gobierno en Cataluña, al Defensor del Pueblo o a la ministra Darias. Pero, como no había contestación, finalmente su sindicato, Jupol, como otros como el SUP, recurrieron a la Justicia pidiendo que se obligase a la Generalitat a vacunarles. La respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les legó hace dos días, el 27 de abril, en forma de auto. En este documento,  se obliga a la Generalitat «a vacunar a los policías y guardias civiles destinados en la comunidad. Así, se insta al Departament de Salut de la Generalitat a que, sin excusa alguna, garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación, contra el coronavirus, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Catalunya». Se le dan diez días de plazo, que ya empezaron a contar, para iniciar esa inmunización. Y se apoya la decisión en datos elocuentes que, según la Justicia, demuestran que hay una «apariencia de discriminación» con la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña. Así, el tribunal indica que a día 22 de abril, estaban vacunados (con primeras dosis) el 9,9% de los policías y el 6,3% de los guardias civiles, frente al 80,3% de los Mossos, el 79,1% de la Guardia Urbana de Barcelona y el 71,2% del resto de policías locales