«Amenazaron a nuestro abogado con un tiro en la nuca»: el conflicto detrás de la vacunación de la policía en Cataluña

Obligada por la Justicia, la Generalitat se compromete a iniciar la inmunización de agentes nacionales y guardias civiles el lunes. Mientras, se hacen declaraciones incendiarias, tal y como narran policías gallegos destinados allí

Marcos Veiras, policía gallego destinado en Cataluña y portavoz del sindicato Jupol en la comunidad catalana, mostrando el auto en el que la Justicia obliga a la Generalitat a vacunarlos
Marcos Veiras, policía gallego destinado en Cataluña y portavoz del sindicato Jupol en la comunidad catalana, mostrando el auto en el que la Justicia obliga a la Generalitat a vacunarlos

Redacción / La Voz

Se veía venir el conflicto. Y finalmente ha estallado. Hace semanas, sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil denunciaron por pasiva y activa lo que estaba pasando con la vacunación de los agentes en Cataluña: contaban que se había inmunizado a los miembros de otras fuerzas de seguridad catalanas o al personal de emergencias, como a los Mossos D´Esquadra o los bomberos, y que sin embargo a sus colectivos los habían saltado deliberadamente. La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoció que lo que decían tenía razón de ser y señaló entonces que mientras en el resto de España ya se ha administrado la primera dosis a más del 76 % de los agentes, en esta comunidad esa cifra no alcanza el 15 %, a pesar de que la estrategia de vacunación les dio prioridad como personal esencial. Y anunció una decisión insólita: que el Gobierno vacunaría a policías nacionales y guardias civiles al no hacerlo la Generalitat. Pero, para entonces, los sindicatos policiales ya habían recurrido a la Justicia, que anteayer les dio la razón. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un auto en el que da diez días a la Generalitat para vacunar a los policías y guardias civiles al menos en el mismo porcentaje que a los Mossos. Ahí debería haber parado el conflicto. Pero no. Desde el Gobierno catalán, que indica que comenzará a inmunizar a policías y guardia civiles el lunes, se está insistiendo en que, a cuenta de esta decisión judicial, se va a perjudicar a los mayores, cuya inmunización se retrasará. Y eso está provocando, una vez más, un enfrentamiento tan desagradable como doloroso.

Lo cuenta en primera persona Marcos Veiras, uno de los policías gallegos destinados en Cataluña y, además, portavoz del sindicato policial Jupol, que señala con impotencia: «A nuestro abogado lo amenazaron con un tiro en la nuca y a nosotros nos echan a la gente encima diciendo que por nuestra culpa se quedan sin vacunar los mayores, es tremendo lo que nos hacen, es una presión enorme». 

Veiras repasa lo ocurrido desde el inicio. Señala que los policías y guardia civiles fueron testigos, desde que comenzó la vacunación de trabajadores considerados esenciales (como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) de que se vacunaba a los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona (los policías locales) y sin embargo a ellos se les dejaba atrás. Pasaban los días y la situación era idéntica, así que comenzaron a apelar a distintas instancias. Se dirigieron a la delegada del Gobierno en Cataluña, al Defensor del Pueblo o a la ministra Darias. Pero, como no había contestación, finalmente su sindicato, Jupol, como otros como el SUP, recurrieron a la Justicia pidiendo que se obligase a la Generalitat a vacunarles. La respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña les legó hace dos días, el 27 de abril, en forma de auto. En este documento,  se obliga a la Generalitat «a vacunar a los policías y guardias civiles destinados en la comunidad. Así, se insta al Departament de Salut de la Generalitat a que, sin excusa alguna, garantice de inmediato y sin dilaciones la vacunación, contra el coronavirus, de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Catalunya». Se le dan diez días de plazo, que ya empezaron a contar, para iniciar esa inmunización. Y se apoya la decisión en datos elocuentes que, según la Justicia, demuestran que hay una «apariencia de discriminación» con la Policía Nacional y la Guardia Civil de Cataluña. Así, el tribunal indica que a día 22 de abril, estaban vacunados (con primeras dosis) el 9,9% de los policías y el 6,3% de los guardias civiles, frente al 80,3% de los Mossos, el 79,1% de la Guardia Urbana de Barcelona y el 71,2% del resto de policías locales

¿Cuál fue la reacción de la Generalitat al auto judicial? El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, señaló enseguida que ve «ridículo» el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la vacunación de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y, aunque garantizó que se acataría el mandato judicial, añadió esta coletilla: «Cumpliremos, pero para ello retrasaremos vacunación de gente de 70 años, ahí lo dejo».

Sus declaraciones se complementaron con un mensaje incendiario en las redes sociales del expresidente Puigdemont. En él, señalaba: «Los que agredieron ciudadanos al grito de '¡a por ellos!' continúan privilegiados y protegidos por el sistema español. Los vacunarán pasando por delante de personas indefensas y pacíficas a las cuales golpearon de forma salvaje el día 1 de octubre de 2017». Sus declaraciones, como cabía esperar, fueron el catalizador necesario para que el conflicto se amplificase y muchos policías sintiesen presión y recibiesen malas contestaciones a pie de calle. «Nos echan a la gente encima diciendo estas cosas, claro que sí», señala Marcos Veiras. 

A cuenta de esta situación, que se fue tensionando con el paso de las horas y con el altavoz de las redes sociales, ya hay una investigación en marcha. La Policía Nacional trata de averiguar la identidad de la persona que escribió un tuit en el que amenaza al abogado del sindicato Jupol, que fue el que consiguió que la Justicia obligase a la Generalitat a vacunarlos. 

Aún así, pese a esas declaraciones, la polémica inmunización parece estar en marcha. El Departamento de Salud de la Generalitat administrará la vacuna de Moderna a los guardias civiles y policías nacionales destacados en Cataluña a partir del próximo lunes, han informado este jueves a Colpisa fuentes conocedoras de la organización de la vacunación. Que el lunes será el día del inicio es algo que, aunque falta de confirmación oficial, también indican hoy desde sindicatos policiales. Así lo explicaba otro agente gallego de la Policía Nacional destinado en Cataluña, José Vaz, representante del sindicato policial SUP en Mataró: «Parece que el lunes empezarán, o eso es lo que se dice. Al final tuvo que ser por mandato judicial, se le ha dado un plazo de diez días a la Generalitat y esperemos que se cumpla», indicaba este policía. 

La consejera de Salud critica la «judicialización de la vacunación»

La consejera de Salud de la Generalitat en funciones, Alba Vergés, ha criticado la «judicialización» de la vacunación en Cataluña, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya obligado a la Generalitat a vacunar a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por considerarles esenciales y para equiparar el ritmo de vacunación de estos cuerpos al de los Mossos d'Esquadra. Lo ha dicho en la sesión de control al Govern este jueves en el Parlament, cuando el diputado de Vox Joan Garriga le ha acusado de discriminar a policías y guardias civiles, en «un acto supino de sectarismo», y ha pedido que la Generalitat no agote el plazo de 10 días que les ha dado el TSJC y que pague las facturas de los abogados que han recurrido a los tribunales en este proceso.

Vergés ha pedido al grupo de Garriga que no judicialice el trabajo de los profesionales sanitarios y que no cuestione su plan de vacunación, y ha reiterado en varias ocasiones que «el objetivo es vacunar a toda la población de Cataluña».

Críticas de PP y Ciudadanos 

La diputada del PP en el Parlament Lorena Roldán ha acusado al Govern de haber excluido a los miembros de Guardia Civil y Policía Nacional de la vacunación porque «todo lo que huele a Estado les produce urticaria, hasta el punto de que les han dejado desprotegidos ante el virus, por venganza, porque no son de los suyos».

«Es una prueba evidente de que se guían por el odio y no por criterios sanitarios», ha continuado Roldán, a quien la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dicho tras su intervención que el Código de Conducta del Parlament exige respeto a la cortesía parlamentaria y evitar acusaciones como las que ha lanzado a Vergés.

La consejera de Salud ha subrayado que el objetivo del Govern es combatir la pandemia y vacunar a toda la población de Cataluña: «Habla de discriminación pero, ¿por qué no la he oído hablar de discriminación cuando se apartan vacunas para un colectivo que van fuera de la estrategia de vacunación, para los militares?».

El diputado de Cs Matías Alonso ha tachado de discriminación flagrante la situación de estos agentes, y ha preguntado a la consejera Meritxell Budó si ha sido una decisión del Govern «al dictado del prófugo de Waterloo», en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Budó ha insistido en que «la voluntad del Govern es garantizar la vacunación de toda la población de Cataluña», y ha remarcado que el plan de vacunación ha permitido tener a la población más vulnerable vacunada, paso muy importante tras el que se seguirá con el resto de colectivos, ha dicho la portavoz del Govern en funciones.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
10 votos
Comentarios

«Amenazaron a nuestro abogado con un tiro en la nuca»: el conflicto detrás de la vacunación de la policía en Cataluña