Las fiestas ilegales se desbordaron en la segunda etapa de la pandemia

La ley no permite a la policía entrar por la fuerza en una vivienda privada

La policía desaloja una «rave» en una nave de Cataluña con más de 200 personas
La policía desaloja una «rave» en una nave de Cataluña con más de 200 personas

MADDRID / COLPISA

Las reuniones de jóvenes que incumplen las medidas sanitarias y continúan la fiesta más allá de la hora establecida por el toque de queda en pisos o locales alquilados se han convertido en una estampa habitual durante los fines de semana en España. El confinamiento domiciliario provocado por el covid-19 en marzo del pasado año redujo al mínimo los comportamientos irresponsables, pero, con el nuevo estado de alarma decretado en octubre, el fenómeno de las fiestas ilegales se ha disparado hasta situarse en el centro de la polémica.

Por ello, las grandes ciudades son las que se sitúan a la cabeza en incumplimientos de las medidas decretadas. Las autoridades han llegado a contabilizar, en los últimos cinco meses, 28.901 propuestas de sanción en Madrid, 23.219 en Málaga, 11.472 en Cádiz, 11.714 en Zaragoza, 37.105 en Alicante, 4.514 en Badajoz, 7.099 en A Coruña, 5.686 en Pontevedra o 5.004 en Murcia.

Muchas de estas incidencias tienen que ver con fiestas ilegales durante el toque de queda y en la mayoría de casos se trata de jóvenes que alargan en los domicilios las reuniones que previamente mantienen en los bares o incluso en la misma calle. Aunque la Policía también se ha visto obligada a intervenir en fiestas programadas, y con una afluencia que recuerda a tiempos anteriores a la pandemia.

El buen tiempo ha propiciado un cambio de tendencia en ciudades como Madrid o Barcelona, donde las denuncias por estar en la vía pública más allá de la hora permitida han aumentado. De hecho, las calles de ambas ciudades se han llenado de turistas, muchos de ellos franceses, y que estos hayan incumplido sistemáticamente las medidas sanitarias y el toque de queda ante la impotente mirada de los vecinos.

Opciones de sanción

La Policía dispone de tres vías para actuar ante los incumplimientos de la normativa vigente que suponen ciertas reuniones sociales. Una vez que los agentes constatan que se está infringiendo la norma, estos pueden recurrir a la Ley de Seguridad Ciudadana y que sea la Delegación o Subdelegación del Gobierno quien tramite la denuncia; o como sucede en la mayoría de los casos, a la Ley General de Salud Pública, y ahí son las comunidades autónomas las encargadas de hacer efectiva la sanción.

A la vía penal, por su parte, recurren para hechos más graves, como puede ser un atentado a la autoridad. «Son un porcentaje mínimo», aseguran desde el Ministerio del Interior, donde admiten que, obviamente, «siempre tiene un plus de reproche en el plano administrativo y penal un organizador que un asistente».

A pesar de la opinión generalizada entre los juristas de que impedir una fiesta no justifica entrar por la fuerza en una vivienda privada, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diferenció entonces entre pisos de alquiler y pisos turísticos empleados como bares clandestinos.

Estos últimos, a su juicio, «no constituyen una morada» y las intervenciones policiales se ajustan a derecho.

No obstante, según el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Vidal, la posición de Interior «no aguanta ningún análisis jurídico serio». «El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia muy consolidada según la cual en el domicilio uno ejerce su ámbito de libertad más amplio». Asimismo, el catedrático defiende que «el único modo que tiene la Policía de entrar en el domicilio es ir al juez de guardia, conseguir una orden de entrada en el piso, y mientras tanto, para que no salga nadie de allí, dejar a dos agentes que identifiquen a las personas que salgan y entren».

Prueba piloto para poder empezar a reabrir con seguridad el ocio nocturno

La Voz
Un trabajador de la sala Apolo, de Barcelona, toma la temperatura a una mujer antes de realizarse un test de antígenos rápido para poder acudir al concierto masivo de Love of Lesbian el 27 de febrero
Un trabajador de la sala Apolo, de Barcelona, toma la temperatura a una mujer antes de realizarse un test de antígenos rápido para poder acudir al concierto masivo de Love of Lesbian el 27 de febrero

Tras el concierto masivo de Love of Lesbian, los empresarios catalanes preparan un nuevo proyecto que prevé reunir a más de 400 personas en cinco locales distintos

La patronal catalana de ocio nocturno, el gremio de hostelería y el Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) trabajan en una prueba piloto «única en Europa» que tiene como objetivo la reapertura de estos locales gracias a un sistema de test similar al que se recurrió para el concierto de Love of Lesbian que hace dos fines de semana reunió a 5.000 personas en el Palau Sant Jordi. El proyecto ya ha sido presentado al Departamento de Salud de la Generalitat, que deberá dar su visto bueno para su desarrollo en fechas próximas.

El ensayo se llevaría a cabo en horario nocturno, dentro de la franja del toque de queda, con más de cuatrocientas personas en cinco locales distintos de la calle conocida popularmente como calle del Pecat. Las personas que deseen disfrutar de un rato de ocio en estos bares de copas deberán dar negativo previamente en una prueba de antígenos.

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