El Consejo Interterritorial tomará el mando de la pandemia, aunque no está claro que pueda limitar derechos fundamentales

Jorge Casanova
jorge casanova REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

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Pedro Sánchez cree que la justicia avalará sus decisiones tras el anuncio del fin del estado de alarma

07 abr 2021 . Actualizado a las 09:12 h.

Más de medio año después, el presidente del Gobierno anunció ayer el final del estado de alarma para el 9 de mayo. No fue tajante, pero de sus palabras se desprende que todas las restricciones y limitaciones de derechos que se han llevado a cabo bajo el amparo de esta situación excepcional se acabarán en la fecha prevista: «Lo que queremos es que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma, este es nuestro objetivo, nuestro propósito y para eso trabajamos», dijo ayer Pedro Sánchez.

La evolución de la pandemia y el ritmo de vacunación hacen prever al presidente del Gobierno que la gestión en la lucha contra el coronavirus pueda quedar en manos del Consejo Interterritorial de Salud, del que participan todas las comunidades autónomas. ¿Tendrá este organismo entidad suficiente como para establecer limitaciones a la movilidad por medio de cierres perimetrales, por ejemplo? Ahí el presidente no quiso pillarse los dedos: «La propia judicatura nos está dando una respuesta de que el Consejo Interterritorial, en todos los acuerdos que se enmarquen en él, puede contar con la validación de la Justicia».

Habrá que ver si se cumplen las expectativas de Sánchez y si los jueces autorizan medidas que limiten derechos fundamentales fuera del estado de alarma. En cualquier caso, la expectativa de acabar con esta situación fue bien recibida por la mayor parte de los partidos políticos, si bien varios portavoces emplazaron al Gobierno a buscar fórmulas, incluso a través de reformas legales, para reforzar la adopción de medidas administrativas que permitan, por ejemplo cierres perimetrales, sin tener que estar vinculados al estado de alarma.

Algunos expertos consideran que las autonomías, aún con acuerdos en el Interterritorial, tendrán que circunscribir sus restricciones fundamentalmente a limitar horarios y actividades comerciales o fijar aforos, pero sin limitación de derechos fundamentales como el de la libertad de movimientos o el de reunión.

Pedro Sánchez hizo ayer una cerrada defensa de la cogobernanza para poner en valor la legitimidad del Consejo Interterritorial para manejar la gestión de una eventual cuarta ola a través de la decisión colegiada de los representantes de las comunidades autónomas, que son quienes detentan las competencias en materia de sanidad.

Con esta hoja de ruta el presidente del Gobierno evitaría tener que pedir una nueva prórroga en el Congreso a través de un debate probablemente incómodo que se produciría durante la recta final de la campaña electoral en Madrid.

Diez meses de restricciones

Si finalmente el estado de alarma decae el 9 de mayo, España habrá pasado casi 10 meses bajo esta situación después de que se decretara el confinamiento el 14 de marzo de 2020. A este primer acuerdo le siguieron seis prórrogas, una cada quince días: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. Y cada una de ellas salió adelante en el Parlamento con menor apoyo que la anterior.

Tras un verano el que parecía que la situación había quedado finalmente controlada y en el que desaparecieron las restricciones a la movilidad, el inicio de la segunda ola obligó a una reedición del estado de alarma que el Gobierno sacó adelante en el Parlamento el 25 de octubre y que se renovó el 3 de noviembre con una vigencia de seis meses. Esa última prórroga es la que decae el 9 de mayo y que Pedro Sánchez pretende no renovar.

Malestar en la Xunta porque Moncloa no haya consultado la decisión con las autonomías

La Xunta mostró ayer su malestar con el anuncio de Pedro Sánchez sobre la intención del Ejecutivo de no prorrogar el estado de alarma, sin haber abordado esta cuestión con las comunidades autónomas. Según fuentes de presidencia de la Xunta, recriminan que «una vez más» las autonomías tengan que conocer «una decisión trascendental que nos afecta especialmente a las comunidades sin que ni siquiera nos hayan contactado» y sin que se hayan propuesto alternativas a estas medidas «porque seguimos sin legislación estatal para gestionar la pandemia». Estas fuentes apuntan que este proceder es «un nuevo ejemplo de cómo entiende la cogobernanza este Gobierno» después de que tampoco se comunicase a la Xunta la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Lei de Saúde.