Sánchez pone fecha a la inmunidad contra el covid-19 en España: finales de agosto

El Gobierno pretende que haya 15 millones de inmunizados a mediados de junio y 33 millones a finales de agosto. «Queremos que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma», aseguró el presidente. La Xunta recrimina al Ejecutivo central que no se haya abordado este tema con las comunidades


Redacció

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que el ritmo de vacunación en España se acelerará en las próximas semanas y estableció varias metas que se alcanzarán, aseguró, en la peor de las situaciones. Garantizó que se cumplirá el objetivo de vacunación fijado del 70 % de la población a finales del verano y también que «la próxima semana habrá más vacunados con las dos dosis que contagiados». Concretó que el 3 de mayo habrá en nuestro país «5 millones de vacunados con la pauta completa»; la primera semana de junio, 10 millones; y el 14 de junio, 15 millones. Las previsiones del Gobierno hablan de 25 millones de vacunados el 19 de julio y de 33 millones a finales de agosto.  

Sánchez avanzó además que el objetivo de su Ejecutivo es «que no sea necesario prorrogar más allá del 9 de mayo el actual estado de alarma». «Queremos que el 9 de mayo sea el punto y final al estado de alarma», insistió. 

El presidente del Gobierno confirmó que «el siguiente grupo en estar plenamente vacunados será el de entre 70 y 79 años, además de los pacientes de muy alto riesgo. Y a continuación, los de entre 66 y 69 años». Anunció también que en el tercer trimestre se recibirán en total 48 millones de dosis de vacunas y que, en total, llegarán más de 87 millones entre abril y septiembre. «Recibiremos 3,5 veces más vacunas que hasta ahora», explicó.  Sobre los fármacos que se aplican en nuestro país dijo que «las cuatro vacunas autorizadas son seguras, sin ninguna duda», en referencia a las aprobadas en la UE: Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. 

En concreto sobre la vacuna de AstraZeneca, Sánchez insistió en que el Gobierno está «muy pendiente», pero que, de momento, no hay una posición oficial de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre las relaciones entre la vacuna y los trombos. «Todas las que estamos suministrando están validadas por la EMA y el mensaje es de seguridad», reiteró. 

El presidente recordó que «hace poco más de un año la OMS declaró una pandemia global» y que, desde entonces, «hemos asistido a muchas cosas». «Hoy en nuestro país casi cuatro de cada cinco mayores de 80 años, el 79,1 %, ha recibido ya la primera dosis, y el 44 % las dos dosis. Casi la totalidad de las 405.179 personas en residencias o con discapacidad ha recibido la primera dosis», añadió, recordando que «estamos ante el principio del fin de la pandemia».

En lo que se refiere a las negociaciones de Madrid con los productores de la vacuna Sputnik, Sánchez consideró que todos los gobiernos, «autonómicos, de España o en Europa», tienen que ser «responsables, serios, leales y solidarios». «Uno de los éxitos de la estrategia europea es haber centralizado las compras de las vacunas en manos de la UE», añadió, al tiempo que pidió «responsabilidad».  Explicó también que «por la seguridad de los ciudadanos» se están suministrando las dosis que cuentan con la validación de la EMA. «Esto hace el Gobierno de España, los gobiernos en Europa y con la Comisión Europea al frente», subrayó. 

¿Cómo se va hacer frente a la expansión del virus sin el estado de alarma? 

Si el estado de alarma decae supondrá el fin tanto de los cierres de las comunidades autónomas como del toque de queda, advierten los juristas, ya que son restricciones que afectan a derechos fundamentales. Aunque se coordinen en el Consejo Interterritorial de Salud, a partir del 9 de mayo las regiones solo podrían adoptar «medidas ordinarias» en materia de sanidad. Para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales, pero solo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

En su artículo tres, esta norma señala que con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Atendiendo a esto, los expertos indican que sí que podrían verse aún cierres perimetrales, pero serían de zonas sanitarias, barrios o como mucho de ciudades, nunca de toda una comunidad autónoma. Además, esos cierres que se adoptarían por decreto, tendrían que contar con el aval de los tribunales.  La situación sería la misma que la del verano pasado y las administraciones autonómicas podrían por ejemplo restringir horarios comerciales y de hostelería.

Desde las asociaciones judiciales señalan que las comunidades autónomas pueden ordenar restricciones por razones de salud pública, siempre y cuando no afecten a los derechos fundamentales. Concepción Rodríguez, del Foro Judicial Independiente (FJI), recuerda a Europa Press que la limitación de la circulación y permanencia de personas en determinados lugares están incluidas entre las restricciones que reserva la ley de 1981 para el estado de alarma.

Mientras algunos partidos políticos como el PP o Ciudadanos defienden no seguir limitando derechos, otras formaciones como Más País o JxCAT abogan por medidas de consenso con las comunidades autónomas frente a la fórmula actual del estado de alarma, recordado que existen medidas administrativas que pueden tomarse frente a la propagación del virus que, entre otras cosas, permitirían cierres perimetrales.

¿Y qué opinan las comunidades?

Galicia

Malestar.  La Xunta de Galicia ha mostrado este martes su malestar con el anuncio del presidente del Gobierno sin haber abordado esta cuestión con las comunidades. Según fuentes de Presidencia, el Gobierno autonómico que dirige Alberto Núñez Feijoo no ha recibido «información ninguna» sobre el fin del estado de alarma pese a que, con la conclusión de la situación de excepción, dejarían de tener efecto restricciones de movilidad, como el toque de queda o los cierres perimetrales. Por ello, desde el Ejecutivo gallego recriminan que «una vez más» tengan que conocer «una decisión trascendental» que les afecta sin que ni siquiera se les haya informado y sin haber propuesto «alternativas» a estas medidas «porque seguimos sin legislación estatal para gestionar la pandemia».

Andalucía

«Precipitado». El portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha calificado de «precipitado» el anuncio del presidente del Gobierno sobre el fin del estado de alarma, una decisión que ha estimado adopta el Ejecutivo central porque «vuelve a mirar con el prisma político en vez con el sanitario». «No sabemos cómo evolucionará la cuarta ola», ha señalado, por lo que la decisión, ha considerado, debería evaluarse «cada semana para ver si se flexibilizan las medidas». «Me parece precipitado a dos meses vista y ante la virulencia de la cuarta ola», ha esgrimido Bendodo, que cree que este movimiento estaría relacionado con el hecho de que a Sánchez «le costará sumar apoyos parlamentarios para renovarlo».

Canarias

«Magnífico».  El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha considerado por su parte «una noticia magnífica» que Moncloa no tenga intención de prorrogar el estado de alarma cuando finalice su plazo vigente, ya que será, ha dicho, la hora de «la responsabilidad social». Torres ha celebrado así que este marco legal vaya a decaer dentro de un mes «después de tantos meses de sufrimiento, zozobra, angustia y dificultades». «Todo evolucionará acorde a la responsabilidad individual y colectiva», ha añadido.

CATALUÑA

«Precaución». La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha pedido decidir con «toda la precaución posible» y atendiendo a «cómo evolucionen los datos», porque «nada dice que no pueda haber una cuarta ola» en España.

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