El Gobierno lleva al Constitucional la Lei de Saúde de Galicia

La Voz REDACCIÓN

SOCIEDAD

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado martes
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado martes E. PARRA

El Ejecutivo central cuestiona que la norma impulsada por Feijoo pueda abrir la puerta a la vacunación obligatoria. El recurso supone la suspensión cautelar de los artículos impugnados

30 mar 2021 . Actualizado a las 22:18 h.

El Consejo de Ministros ha aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley gallega de salud, aprobada recientemente por el Parlamento de Galicia

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció el recurso en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo y dijo que «solo es posible restringir derechos fundamentales a través de legislación estatal».

El Gobierno central ya había elevado una consulta sobre la norma (ley de Galicia 8/2021) al Consejo de Estado. Cuestionaba su constitucionalidad en un aspecto determinado: la posibilidad de obligar a la vacunación en situaciones epidemiológicas que lo requieran. Y ahora recurre ante el alto tribunal. La acción supone la suspensión cautelar de los artículos impugnados.

En su alegación ante el Consejo de Estado el Gobierno central consideraba que la norma autonómica introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que, según el artículo 81 de la Constitución Española, están reservadas a una Ley Orgánica, que por tanto solo puede ser dictada por el legislador estatal.

Es el caso del artículo 5, que establece entre otras medidas preventivas en materia de salud pública que la comunidad autónoma podrá someter «a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización». O el del artículo 7, que añade medidas preventivas en materia de salud pública. Igualmente, según el Gobierno, resultarían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.

Por otra parte, de acuerdo con esta argumentación, la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del vigente estado de alarma, las comunidades autónomas ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria, de su competencias.

También se alega a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad que recoge la Constitución.

Finalmente, respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse que recoge la ley, también se entiende que además de afectar a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado en materia sanitaria, no considera la Estrategia de Vacunación frente al covid-19 en España, aprobada el 28 de enero por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de obligado cumplimiento. La estrategia recoge que la vacunación será voluntaria.