La ministra Teresa Ribera tuitea en gallego por un vídeo contra la Ley del Cambio Climático
SOCIEDAD
Ha publicado un hilo en su cuenta, íntegramente escrito en gallego, en el que alude al caso particular de Ence
28 mar 2021 . Actualizado a las 18:58 h.La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha salido este domingo al paso de un vídeo contra la Ley de Cambio Climático con un hilo en Twitter en el que ha recurrido al gallego para replicar al contenido de la pieza.
Así, ha asegurado que en ese trabajo «anónimo» publicado en la red se acusa «desgraciadamente en falso ao PSOE e ao BNG». «A lei, como noutros eidos afectados polo Cambio Climático, defende e incorpora garantías e cautelas para o litoral», subraya la ministra.
La representante del Gobierno ha advertido que el texto legislativo «non afecta a ningunha das concesións xa outorgadas nin ás súas prórrogas legais». De este modo, ha pedido que «non mintan nin asusten á xente, por favor. Sexan responsables». Además, ha aludido al «caso particular» de Ence, en la ría de Pontevedra, para estimar que su «concesión depende da decisión dos tribunais ao ter sido recurrida ante a Audiencia Nacional».
«Lamento profundamente que para defender ese interese haxa quen acuda ao medo, á mentira e á demagoxia», ha criticado Ribera. Igualmente, ha sostenido que la «costa e Galicia son enormemente queridos» en su ministerio y afirma que se defenderá «a súa correcta xestión e a prosperidade das súas xentes».
La Ley de Cambio Climático podría someterse a votación en el Congreso de los Diputados este próximo mes de abril.
La Xunta pide al Gobierno central que modifique la Ley de Cambio Climático para evitar perjuicios a la industria gallega vinculada a la costa
Las conselleiras de Mar y de Medio Ambiente reclaman al Ejecutivo que ponga fin a la inseguridad jurídica en que deja al sector conservero e industrial del litoral gallego la actual redacción del artículo 18.4
Marcos Gago
Las conselleiras de Mar y Medio Ambiente, Rosa Quintana y Ángeles Vázquez, se han dirigido por carta al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para que transmita al Gobierno de Pedro Sánchez la necesidad de modificar la redacción propuesta del artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático, que se está tramitando en comisión en las Cortes Generales. Las dos titulares autonómicas actúan ante la inseguridad jurídica en que, a su entender, quedarían el sector conservero e industrial de Galicia que esté ligado a ubicaciones costeras. Este es el mismo artículo que pone en riesgo la continuidad de Ence en Pontevedra y sobre el que se han pronunciado en contra también colectivos empresariales como la plataforma ProIndustria de Pontevedra y la Cámara de Comercio por su impacto en aquellas instalaciones que existan en la costa, al interpretar la actual redacción de la futura Ley como imponiendo el carácter retroactivo sobre las concesiones.
Vázquez y Quintana enviaron esta carta al delegado del Gobierno en Galicia después de que Losada asegurase esta semana, tras una reunión con el comité de empresa de Ence, que la Ley de Cambio Climático no tendrá carácter retroactivo ni afectará a las prórrogas de las concesiones como es el caso de la pastera de Lourizán. Esta es la misma postura que sostiene el PSOE pontevedrés, cuyo diputado Guillermo Meijón enfatiza que no existirá esa retroactividad en las concesiones ya otorgadas para ningún sector y que insistió en que Ence en particular tiene un problema judicial, que no jurídico, por el recurso contra la prórroga de su concesión en Lourizán que todavía está por fallar en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, la redacción actual del artículo se presta a esta interpretación y las conselleiras, como también lo expresaron organizaciones empresariales en el pasado reciente, reclaman que se modifique el texto para despejar cualquier duda. Entienden que está en juego no solo Ence, la empresa que más visibilidad está teniendo en este conflicto en Galicia, sino todo el sector conservero y transformador de productos marítimos y la acuicultura en el litoral autonómico. En su misiva dirigida a Losada, las titulares de Medio Ambiente y de Mar afirman: «Nesta comunidade autónoma, como sabes, estamos moi preocupados polas consecuencias que pode ter para as concesións existentes no dominio público marítimo terrestre a intención do Goberno central de incluír na futura Lei de Cambio Climático un artigo, o 18». En esa misma carta, se recalca que el dictamen del Consejo de Estado y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas del 2013 son contrarios al carácter retroactivo que las conselleiras entienden que el PSOE quiere aplicar ahora con la Ley de Cambio Climático.
En su valoración de la nota oficial de Losada tras su reunión con el comité de Ence en que negaba que el polémico artículo 18.4 tuviese valor retroactivo, Quintana y Vázquez afirman que sí existe esa inseguridad jurídica al que desde Madrid se expone al sector de mar e industria en Galicia, una inseguridad «agravada polas súas propias declaracións como delegado del Gobierno», apuntan las conselleiras. En la jornada en que Losada se reunió con los representantes sindicales de la fábrica de Pontevedra de la pastera, negó que hubiese esa retroactividad en el artículo 18.4 que sí ve la Xunta, Comisiones Obreras, la propia Ence y otras empresas e industrias afincadas en la costa y adscritas al sector conservero y de transformación de productos marítimos en Galicia. Para las dos titulares del Ejecutivo de Feijoo, las afirmaciones de Losada «non fan máis que incrementar a confusión na que, ao noso xuízo, o Goberno central está sumindo a todas as industrias que operan nas nosas costas».
Ante esta situación y la aparente contradicción que, desde el punto de vista de la Xunta, existe entre las declaraciones de Losada y el texto del anteproyecto de Ley de Cambio Climático, Quintana y Vázquez piden al dirigente de la Administración central en Galicia que aclare si «o Goberno central recoñece agora que a actual Lei 2/2013 [Ley de Costas] permite, respecto das concesións outorgadas con anterioridade á citada lei, que o prazo total das concesións existentes máis o prazo das súas prórrogas extrarodinarias poida superar o prazo máximo de 75 anos. Sendo así que as prórrogas concedidas baixo o mandato da lei do 2013 son conformes a dereito aínda que supere o máximo de 75 anos». De ser así, sostienen desde la Xunta, «porque non poden entenderse doutro modo as súas declaracións [las de Losada]», las titulares de Medio Ambiente y Mar piden al PSOE que «modifique o artigo 18.4 da Lei de Cambio Climático para dar seguridade xurídica e para cumprir, nin máis nin menos, que o sinalado polo Consejo de Estado no seu dictame». Y añaden: «E para non crear máis inquedanzas nas industrias que desenvolven a súa actividade nas costas galegas».
¿Qué dice el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático?
El polémico texto que se debate en comisión en el Congreso dice lo siguiente: «Los plazos de duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo».
El dictamen del Consejo de Estado sobre este artículo 18.4 fue negativo, apoyándose en el régimen jurídico actual aplicable a la costa, en base a la Ley del 2013, que dice así: «2. El plazo de la prórroga se computará desde la fecha de la solicitud, con independencia del plazo que reste para la extinción de la concesión que se prorroga. 3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a su vez, prórrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal». Es este enunciado de la Ley de Costas el que hace que el máximo órgano consultivo de España concluya: «El anteproyecto ahora consultado viene a fijar un criterio claro y diferente del que resulta de la literalidad del artículo segundo de la Ley 2/2013». El Consejo de Estado determinó que la Ley de Costas «permite que el plazo total de las concesiones más las prórrogas supere el máximo de 75 años» y abunda en el mismo sentido en su dictamen del real decreto que aprobó el reglamento general de Costas».
Por lo tanto, las conselleiras de Medio Ambiente y de Mar le recuerdan al delegado del Gobierno en Galicia que el Consejo de Estado advirtió de que, de llevar adelante la Ley de Cambio Climático, sería necesario, por razones de seguridad jurídica, que se modificase también la Ley de Costas del 2013 para «evitar que a superposición de distintas normas reguladoras da mesma realidade material suscite dúbidas interpretativas». Segundo, instan al Gobierno de Pedro Sánchez a que en el artículo 18.4 la referencia a la nulidad de pleno derecho de las prórrogas se modifique para evitar dejarlo a interpretación para que ponga en vez de «los actos administrativos dictados», es decir, a los pasados y ya en vigor, «a los que se dicten», con lo que solo se aplicaría esa nueva limitación a las concesiones y prórrogas futuras.
Las representantes del Gobierno gallego abundan en que el Consejo de Estado fue «moi claro» en que no se puede aplicar la retroactividad a las concesiones y prórrogas otorgadas en base a la Ley de Costas del 2013, por lo que entienden que es necesario cambiar la redacción del anteproyecto de la Ley de Cambio Climático que tramita el Ejecutivo español. Sin embargo, las consideraciones del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo de España, no fueron tenidas en cuenta por el Ministerio de Transición Ecológica y el futuro texto legal se está tramitando en comisión para su debate en pleno sin incluir atender esas modificaciones.
En su carta a Losada, Vázquez y Quintana aluden también al criterio del Tribunal Constitucional, en su sentencia 233/2015, de 3 de noviembre, en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el grupo parlamentario socialista y contra la Ley de Costas del 2013. El PSOE argumentó en aquella ocasión que una prórroga extraordinaria por 75 años permitiría situaciones de ocupación de dominio público superior al plazo máximo concesional establecido en la legislación de patrimonio de la Administración General del estado, pero el Constitucional no apoyó el recurso del PSOE contra la Ley de Costas del 2013. En su explicación sobre su decisión, el Constitucional precisó que la Constitución no permite el carácter perpetuo del uso privativo del dominio público, pero que el plazo de duración de las concesiones demaniales y sus prórrogas previsto en la Ley del 2013 estaba dentro de los principios y valores de la Constitución.
Por todos estos motivos, las portavoces de la Xunta manifiestan en su carta a Losada que «non entendemos que o Goberno central fixese caso omiso ao Consejo de Estado e ao Constitucional e non clarificase que a regulación do artigo 18.4 se aplicará para o futuro».
En la actualidad, el texto del anteproyecto se está debatiendo en comisión en el Congreso, después de haber pasado las fases de exposición pública y alegaciones. Este debate en comisión será la última oportunidad que tendrán los críticos con el artículo 18.4 de que se modifique la polémica redacción, ya que una vez que se vote la ponencia en comisión, ya se remitirá la Ley para su debate en Cortes. En el Congreso y, posteriormente en el Senado, la votación sobre la Ley de Cambio Climático se hará sobre el total y no habrá cabida para alterar artículos concretos. De ahí, la urgencia con la que Quintana y Vázquez se han dirigido una vez más a Losada y, a través de él como máximo representante de la Administración de Estado en Galicia, al Gobierno de Pedro Sánchez.
Sobre la mesa está en juego no solo inversiones millonarias, como los 400 millones de euros que Ence se comprometió a invertir en Pontevedra en los próximos años si se le garantiza la seguridad jurídica de su factoría de Lourizán, sino también muchas otras en acuicultura, conserveras y otras actividades del sector marítimo y pesquero de Galicia que están paralizadas, mientras sus empresas intentan clarificar qué pasará con su futuro y la vigencia de sus concesiones y prórrogas de Costas.