Fracasa la demanda popular contra la UE por el clima

En 2018, diez familias de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Kenia y Fiji plantearon su caso ante la justicia


Redacción

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró este jueves inadmisible el llamado «caso popular del clima» planteado por familias de Europa, Kenia y las Islas Fiyi, y una asociación de jóvenes sami de Suecia contra la Unión Europea (UE) por su «falta de acción» para proteger a los ciudadanos del cambio climático. Tal y como informa Efe,  la corte con sede en Luxemburgo confirmó así el dictamen emitido en primera instancia en 2019 y declaró inadmisible de manera definitiva esta demanda.

El TJUE dictaminó básicamente que el paquete de medidas legislativas de la Unión Europea de 2018 contra el cambio climático, contra el que encaminaban su acción los demandantes por considerarlo insuficiente, no les afecta individualmente.

En 2018, diez familias de Portugal, Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Kenia y Fiji, que operan en el sector de la agricultura o del turismo, y la asociación de jóvenes sami de Suecia, cuyos medios de vida dicen que se ven afectados por los impactos del cambio climático, llevaron a la UE a los tribunales por su falta de acción climática para proteger a los ciudadanos y sus derechos fundamentales. Los demandantes pedían a la UE que adoptase medidas más severas que las previstas en un paquete de medidas legislativas de 2018 en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En particular, solicitaban la anulación de este paquete de medidas legislativas en cuanto fija un objetivo del 40 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en relación con el nivel de 1990 y, en lugar de una indemnización dineraria por sus supuestas pérdidas individuales, solicitaban que se ordenase al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo la adopción de medidas que impongan una reducción comprendida, como mínimo, entre el 50 % y el 60 %.

En 2019, el tribunal de primera instancia -Tribunal General de la Unión Europea- reconoció que las familias y los jóvenes sami que presentaron el caso se ven afectados por el cambio climático. Sin embargo, ordenó la desestimación del caso por motivos procesales porque una persona debe verse afectada de forma exclusiva por una legislación de la UE para poder solicitar protección legal en los tribunales de la Unión.

Las familias y los jóvenes indígenas interpusieron recurso al TJUE en base «a la razón de ser de los derechos fundamentales, que es el deber de protección de cada persona». Por lo tanto, solicitaron a la justicia europea que reconsiderara su interpretación del criterio de «singularidad/peculiaridad» en consonancia con la emergencia climática y que proporcionara acceso a la justicia a las personas afectadas por el cambio climático.

Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal General y confirma de este modo la inadmisibilidad del recurso de manera definitiva. El Tribunal de Justicia destaca, en particular, que la alegación de que un acto de la Unión Europea vulnera derechos fundamentales no es suficiente, por sí misma, para hacer admisible el recurso de un particular, so pena de vaciar de su esencia los requisitos de admisibilidad establecidos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Recuerda, además, que el juez de la Unión no puede, sin excederse en sus competencias, interpretar estos requisitos de una manera tal que se aleje de lo que prevé expresamente el TFUE, y ello incluso a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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