«Capricho político»
En España, los reproches del PP aluden a que se trata de un «capricho político» del Gobierno. También, que carece de «rigor sanitario». Así lo indicaba el diputado conservador José Ignacio Echániz. Además, acusaba a Pedro Sánchez de impulsar una «tramitación acelerada» y de no contar con la opinión de la sociedad española «en una norma que afecta a los principios básicos de la sociedad». Más allá fue Vox. Su diputada Lourdes Méndez se refirió a la norma como «dictatorial y autoritaria», asegurando que vulnera muchos artículos de la Carta Magna, «especialmente el 15, del derecho a la vida». Siguiendo la línea argumental de los últimos meses, destacó la importancia de reforzar los cuidados paliativos. Para ello, anunció que registrarán una propuesta de ley específica en las próximas semanas.
En el acto también se encontraba el exdirigente del PP, miembro de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja. Comparó la norma con la «socialización del miedo» que ETA propició en su «etapa en el País Vasco», indicando que ahora se «socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia». Igualmente, respaldó este movimiento el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés. Este, subrayó que la nueva norma va contra «la esencia de la medicina y el código deontológico» de los profesionales sanitarios.
