El Congreso aprobará hoy la ley que permitirá la muerte asistida en España
SOCIEDAD
PP y Vox anuncian que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional
18 mar 2021 . Actualizado a las 09:29 h.Aprobación por mayoría absoluta en el Congreso y entrada en vigor tres meses después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) apara la ley de la eutanasia. Si el guion previsto por el Gobierno se cumple, en junio ya podrán solicitar la muerte asistida en España aquellas personas con enfermedades graves e incurables o que sufran padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes. Esta prestación la ofrecerá el Sistema Nacional de Salud, teniendo el paciente que confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso. Este será controlado por una comisión de garantías y la persona que lo solicite podrá echarse atrás en cualquier momento.
Ese es el núcleo de la ley de eutanasia que hoy superará su último paso en la Cámara Baja, con amplia mayoría. Además de todas las fuerzas de izquierdas, formaciones como Ciudadanos o el PNV han respaldado la iniciativa del Gobierno en los pasos previos. Hoy, previsiblemente, votarán en el mismo sentido. Frente a ellos se encuentra el bloque de derechas conformado por PP, Vox, Foro Asturias y UPN. De hecho, los dos primeros ya se apresuraron ayer no solo a mostrar su rechazo frontal a la norma, sino a apuntar sus planes de futuro. Anunciaban por la mañana su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Lo hacían en un acto convocado por la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, a las puertas del Congreso de los Diputados. Tal escenificación hace prever un debate bronco. Señala a las claras, además, que este tema va a ser uno de los caballos de batalla de la oposición en los próximos meses. Tienen presente lo ocurrido en Portugal, cuando a finales de enero se aprobaba la norma que integraba al país luso en la lista de los que permitían el suicidio asistido. En febrero, el propio presidente Rebelo de Sousa la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Esta semana hubo pronunciamiento de la Justicia, rechazando la ley e indicando que usaba conceptos «imprecisos». Las formaciones que la impulsaron se comprometieron a elaborar una nueva redacción para volver a aprobarla.
«Capricho político»
En España, los reproches del PP aluden a que se trata de un «capricho político» del Gobierno. También, que carece de «rigor sanitario». Así lo indicaba el diputado conservador José Ignacio Echániz. Además, acusaba a Pedro Sánchez de impulsar una «tramitación acelerada» y de no contar con la opinión de la sociedad española «en una norma que afecta a los principios básicos de la sociedad». Más allá fue Vox. Su diputada Lourdes Méndez se refirió a la norma como «dictatorial y autoritaria», asegurando que vulnera muchos artículos de la Carta Magna, «especialmente el 15, del derecho a la vida». Siguiendo la línea argumental de los últimos meses, destacó la importancia de reforzar los cuidados paliativos. Para ello, anunció que registrarán una propuesta de ley específica en las próximas semanas.
En el acto también se encontraba el exdirigente del PP, miembro de la Asamblea por la Vida, Jaime Mayor Oreja. Comparó la norma con la «socialización del miedo» que ETA propició en su «etapa en el País Vasco», indicando que ahora se «socializa el mal entre los médicos, los pacientes y las personas de una familia». Igualmente, respaldó este movimiento el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés. Este, subrayó que la nueva norma va contra «la esencia de la medicina y el código deontológico» de los profesionales sanitarios.
Objeción de conciencia
La ley incluye la posibilidad de objeción de conciencia del médico en estos casos. En el supuesto de querer hacerla valer, deberá comunicarlo por escrito y por anticipado. En todo caso, esta facultad del médico no podrá bloquear el derecho del paciente para que sea otro facultativo el que se encargue de su caso.
El paciente deberá solicitar dos veces la muerte asistida. La norma impone que existe un espacio de 15 días entre ambas solicitudes. A raíz de esas peticiones, la ley prevé la apertura de «un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre los posibles cuidados paliativos».