El Gobierno eleva al Consejo de Estado la ley de salud de Galicia al ver visos de inconstitucionalidad

El Gobierno ha decidido elevar al Consejo de Estado la ley gallega de salud, que ha sido recientemente aprobada por el Parlamento de Galicia (la Ley de Galicia 8/2021, que modifica la Ley 8/2008, de salud autonómica), con el objetivo de que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de aspectos de la normativa autonómica como la posibilidad de obligar a la vacunación en situaciones epidemiológicas que lo requieran.

La norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de la salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes Departamentos Ministeriales.

La solicitud se realizará a la Comisión Permanente del Consejo de Estado con carácter urgente y tendrá hasta el 23 de marzo para emitir un dictamen. El plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo. En caso de que vaya adelante, la defensa jurídica de la normativa gallega estaría a cargo tanto del Parlamento, como Legislativo, como de la Xunta.

La impugnación se plantea al considerar que la norma autonómica introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que, según el artículo 81 de la Constitución Española, están reservadas a una Ley Orgánica, que por tanto solo puede ser dictada por el legislador estatal.

Es el caso del artículo 5, que establece entre otras medidas preventivas en materia de salud pública que la comunidad autónoma podrá someter «a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización». O el del artículo 7, que añade medidas preventivas en materia de salud pública. Igualmente, según el Gobierno, resultarían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.

Por otra parte, de acuerdo con esta argumentación, la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del vigente estado de alarma, las comunidades autónomas ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria, de su competencias.

También se alega a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad que recoge la Constitución.

Finalmente, respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse que recoge la ley, también se entiende que además de afectar a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado en materia sanitaria, no considera la Estrategia de Vacunación frente al covid-19 en España, aprobada el 28 de enero por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de obligado cumplimiento. La estrategia recoge que la vacunación será voluntaria.

Respuesta de la Xunta

Desde el Gobierno gallego se apunta que «la ley gallega es plenamente constitucional para luchar contra la pandemia. En este sentido, y pese a las reiteradas demandas de la Xunta de Galicia al Gobierno central para que incorporase nuevas herramientas legislativas, con el ánimo de gestionar la pandemia de una forma más efectiva y dotar estas medidas de una mayor seguridad jurídica, éste ha desatendido las solicitudes trasladadas por el gobierno autonómico gallego».

«Por otra parte, resulta sorprendente que el Gobierno central vaya a recurrir la ley gallega, cuando no se ha pronunciado sobre otros decretos leyes como pueden ser los de las comunidades de Aragón y Cataluña, las cuales, aprobaron medidas y restricciones similares a las previstas en la ley gallega. Finalmente, es preciso indicar que no se utilizan los mecanismos habituales, como es una comisión bilateral», apunta la Xunta.

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