El Sergas creará unidades de seguimiento poscovid

Estarán formadas por profesionales de neumología, medicina interna, atención primaria y enfermería. Se creará un comité clínico específico para que siga los casos más complejos


santiago / la voz

Los servicios sanitarios de Galicia han tratado hasta el momento a un total de 111.167 pacientes diagnosticados con coronavirus y aunque la experiencia y el conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de estos meses permite mejorar el tratamiento, hay personas que están sufriendo los efectos secundarios del covid-19 y no solo los causados por la propia enfermedad, sino las consecuencias derivadas de haber pasado un largo período inmovilizados en el caso, por ejemplo, de los que han permanecido en cuidados críticos.

Para atender a estos pacientes, el Sergas creará unidades de seguimiento poscovid, que estarán formadas por especialistas en medicina interna y neumología, así como por profesionales de atención primaria y de enfermería, que se encargarán de abordar de manera multidisciplinar la atención de los pacientes con secuelas del coronavirus.

Los pacientes que no han requerido cuidados hospitalarios continuarán su seguimiento en atención primaria y si a los tres meses siguen teniendo síntomas, se consultará a la unidad. Los que sí han tenido que ser ingresados se le hará un seguimiento telefónico y con consultas presenciales a los tres, seis y doce meses. Para los casos más complejos se creará un comité clínico poscovid.

Así lo anunció el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en su comparecencia en el Parlamento para informar sobre la evolución de la pandemia en Galicia, en la que también anunció un plan de reactivación de la actividad ordinaria en los hospitales que se pondrá en marcha en cuanto la presión asistencial mejore y se puedan cuantificar las necesidades exactas para dar salida a la actividad pendiente.

El plan tendrá una dotación de al menos 15 millones de euros y servirá para recuperar la actividad que se ha visto suspendida para atender las necesidades derivadas de la tercera ola. Para ello se echará mano de la actividad extraordinaria y del concepto de hospital único.

Sobre la recuperación de la presencialidad en la atención médica, el conselleiro ha explicado que «os datos finais do ano amosan que case un 40 % das consultas de médico de atención primaria xa foron presenciais» y que si se tiene en cuenta el conjunto del personal de atención primaria, la presencialidad asciende al 58 %.

El Sergas continuará trabajando en recuperar la presencialidad, pero también en dotar de nuevas herramientas a pacientes y personal sanitario a través de una nueva aplicación, Sergas Móbil, a través de la que se podrá acceder a la tarjeta sanitaria virtual y que permitirá poner en marcha el sistema de videoconsulta, que se implantará progresivamente y que tiene como objetivo «mellorar a comunicación co doente» y que se utilizará pa ra aquellas situaciones en las que no sea posible la consulta presencial o si el profesional y el paciente creen que se puede resolver la cita a través de este sistema.

Finalmente, García Comesaña ha anunciado la creación de un departamento específico para avanzar en la Estratexia de Saúde Integral y en retomar el nuevo modelo de Atención Primaria, «no que se priorice a atención ao doente, e os sanitarios conten cos recursos necesarios».

La comparecencia ha servido al conselleiro para hacer un repaso de la evolución epidemiológica de Galicia, que este viernes arranca la desescalada. Comesaña ha defendido el sistema de cribados poblacionales -del que el portavoz del PSdeG, Julio Torrado, ha criticado a nivel organizativo- que desde el mes de diciembre ha llegado a más de 368.000 ciudadanos y en los que se han detectado algo más de un millar de positivos, así como los cribados sistemáticos que se realizan en el sector de las residencias, que han detectado de manera precoz desde noviembre a unos 2.500 casos.

Sobre la evolución de los indicadores epidemiológicos, Comesaña ha alertado de que a pesar de que la transmisión se ha reducido considerablemente y la presión asistencial ya ha comenzado a remitir, «estamos nun momento no que calquera cambio levará á situación previa de máximo risco», por lo que «a mellora da situación non pode servir de excusa para desatender o cumprimento das medidas».

El PP aprueba en solitario su agenda anticovid: una ley de salud y otra de reactivación económica

La oposición se desmarca advirtiendo que la norma sanitaria es un «dislate xurídico» que puede ser tumbada por el Tribunal Constitucional

Domingos Sampedro

De poco han servido las apelaciones a la unidad y al diálogo realizadas por las fuerzas políticas en los últimos meses para tomar medidas frente a la pandemia, pues el Parlamento gallego sigue mostrando la misma fractura de siempre, la foto que sitúa de un lado al PP y, del otro, a los grupos de la oposición, sin capacidad alguna de entenderse entre ellos. Ocurrió de nuevo este martes, durante el debate final de los textos legislativos impulsados por el Gobierno de Feijoo frente a covid-19, la reforma de la Lei de Saúde y la de Simplificación Administrativa e Reactivación Económica. Ambos textos fueron aprobadas por los populares en solitario, con los negacionistas protestando a las puertas y con el PSOE advirtiendo que la nueva norma sanitaria podría ser incluso anticonstitucional.

La reforma de la Lei de Saúde de Galicia fue promovida directamente por el PP, que no por el Gobierno gallego, para dotar a la Xunta de base legal para poder aplicar sin problemas restricciones en la movilidad, aprobar confinamientos o cuarentenas forzosas de infectados, a la vez que sienta las bases para, llegado el caso, obligar a la población a vacunarse. «Dá garantías para actuar con responsabilidade», defendió la popular Encarna Amigo, que añadió que Galicia se dota así de una herramienta legal para gestionar mejor la pandemia a la que renunció el Gobierno central.

Galicia no solo es la primera comunidad autónoma que se dota de un marco legal para poder obligar a la población a vacunarse, si así se considera, sino que además establece un régimen de sanciones por incumplimientos que pueden traducirse en multas que oscilan entre los 1.000 y los 600.000 euros, en función de la gravedad del hecho. Por citar un ejemplo, será considerado una infracción leve, susceptible de ser multada con un mínimo de 1.000 y un máximo de 3.000 euros, el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla, la negativa a someterse a una prueba diagnóstica o a una medida de prevención, como la vacunación, siempre y cuando esta fuese considerada obligatoria.

Desde la oposición, en cambio, objetan que la ley la impulsó el PP, y no la Xunta, para «esquivar» informes jurídicos preceptivos. El socialista Julio Torrado dijo que era un «dislate xurídico» que pretendía regular derechos constitucionales a través de una norma autonómica, y advirtió que el texto podía «saltar polos aires» en algún tribunal. La nacionalista Iria Carreira reparó, al igual que Torrado, en que «nin se contempla maior contratación de profesionais nin se contempla maior dotación de medios» para la sanidad en la nueva ley, que considera vacía de contenido.

La misma suerte corrió el texto impulsado desde el Gobierno gallego para en materia de simplificación administrativa y reactivación económica que, en palabras del diputado Miguel Tellado, apuesta por «evitar solapamentos e duplicidades», así como por reducir la burocracia en la tramitación y sentar las bases para la recuperación económica y la creación de empleo.

Especialmente crítica se mostró la diputada del BNG Noa Presas, que aludió al texto como un «cabalo de Troia» al servicio de la gran empresa para el «baleirado do público», a través del cual el PP «legaliza a barra libre» para regalar los recursos naturales de Galicia a los fondos de inversión. La socialista Begoña Rodríguez Rumbo destacó que la norma «obvia as bases para un cambio na estrutura productiva», a la vez que la consideró «pouco traballada» y sin buscar el diálogo social ni el consenso con los concellos. A Tellado poco más le quedó que minusvalorar los reproches y acusar especialmente el BNG de querer caminar «cara a autarquía galega» o una economía planificada que espanta las inversiones y la generación de riqueza.

Todavía un tercer proyecto, la Lei de Acción Exterior e Cooperación, que no forma parte de la agenda contra el covid del Gobierno gallego, pero que corrió la misma suerte, pues fue aprobado en solitario por los populares, pese a que durante el trámite en comisión sí incorporó buena parte de las enmiendas que habían hecho los socialistas.

La vacunación a profesores será por orden alfabético para no alterar la docencia

Juan Capeáns
En directo: Sanidade y Educación explican el plan de vacunación de los profesores en Galicia Julio García Comesaña y Román Rodríguez informarán del calendario de inmunización en la comunidad educativa

Los docentes de infantil, primaria y secundaria serán citados desde este miércoles por las áreas sanitarias en las que trabajen y acudirán a los hospitales de referencia

Tras dos jornadas de «pilotaxe», el Sergas pondrá en marcha este miércoles la maquinaria ordinaria para vacunar a gran parte del profesorado de Galicia. El objetivo inicial es llegar a unos 50.000 docentes entre los que no entran, de momento, los mayores de 55 años. Los que sí sean convocados dentro del sexto grupo de preferencia serán beneficiarios de la vacuna de AstraZeneca, todavía no testada para mayores de esa edad, según indicó el conselleiro Julio García Comesaña, quien dejó abierta la posibilidad de ampliar el criterio de edad si España se suma a otros países que están levantando esta restricción. 

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