La ley gallega solo prevé esta vía en circunstancias excepcionales, pero los científicos creen que en la situación actual de pandemia no es necesario y que incluso sería contraproducente
25 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.En septiembre del 2019 se registró un brote de sarampión con cerca de 300 casos entre la comunidad judía de Nueva York, una enfermedad que se había erradicado en el 2000 en Estados Unidos y cuya reaparición suponía un grave problema de salud pública. ¿Qué hicieron las autoridades locales? Declararon la emergencia de salud pública e impusieron la vacunación forzosa. Fue un caso puntual, pero no aislado, que revela que ante circunstancias excepcionales se pueden adoptar medidas extraordinarias para salvaguardar la salud de la población. Es la filosofía que subyace en la ley de Sanidad que acaba de aprobar el Parlamento de Galicia, que abre la puerta a imponer la inmunización, aunque solo si se considera necesario para cumplir el objetivo de proteger a la población, algo que por ahora no parece probable.
La reforma legislativa ha reabierto, en todo caso, el viejo debate sobre si la vacunación debe ser o no obligatoria en España. Y sobre esta cuestión la opinión de la comunidad científica apenas ofrece un resquicio a la controversia: No, porque los porcentajes de administración de las terapias preventivas son muy elevados en el país y una imposición incluso podría resultar contraproducente.
Es una opinión compartida por Carlos Martín, catedrático de Microbiología de la Universidad de Zaragoza y que trabaja en una vacuna contra la tuberculosis. «Lo de obligar no me gusta nada, la verdad. Si hay algo que funciona bien es mejor no tocarlo». Y lanza una reflexión: «Las vacunas presentan muchos más beneficios que riesgos, pero no hay nada seguro al 100 %. Entonces, si se produce un efecto secundario en alguien a quien has obligado a vacunar, ¿quién lo va a pagar?».
Felipe García, del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, cree, como muchos, que imponer la inmunidad hasta podría resultar perjudicial. «Generaría más noticias falsas por parte del movimiento antivacunas, lo que podría aumentar el rechazo entre la población». Es la tesis que defiende el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. «La instauración oficial de una obligación legal de vacunar podría provocar sentimientos negativos hacia las vacunas en la sociedad», advierte, por lo que no es favorable a su imposición.
Pero sí es cierto que existe un debate científico en torno a esta cuestión que no está cerrado. «En el contexto mundial no existe aún una respuesta clara de cuál es la estrategia más eficaz. Hay pros y contras para defender la obligatoriedad y la voluntariedad, pero no hay datos concluyentes», sostiene Felipe García, que no ve mal que en circunstancias excepcionales, como la de Nueva York o ante brotes de ébola o sarampión en comunidades locales la medida sea forzosa.
La obligatoriedad en general, al margen de la derivada por la situación actual del coronavirus, está en vigor en 14 países europeos, entre ellos Francia, Italia y Bélgica. Pero se da la circunstancia de que los porcentajes de vacunación en estos países son inferiores a los de España. «Aquí somos muy solidarios y existe una conciencia muy importante de que si no te vacunas no solo te perjudicas a ti, sino también a tu vecino», sostiene la catedrática de Farmacia de la USC y experta en vacunas María José Alonso. Es partidaria de avanzar en la información y educación, antes que en la imposición, pero tampoco ve descabellado aplicar medidas excepcionales si «existe un peligro real para la población». «En este contexto -dice- sí podría entenderse».
Federico Martinón, jefe de Pediatría del hospital de Santiago y miembro del comité asesor de vacunas de la OMS, también considera que en la situación actual no hay motivos para imponer una obligatoriedad. Es la tesis que viene defendiendo desde hace años, avalada por el elevado porcentaje de vacunación que existe en España. Pero hecha esta aclaración, sí entiende que la ley podría tener una aplicación en circunstancias excepcionales, en el caso de que los porcentajes de vacunación bajaran de forma alarmante hasta el punto de poner en riesgo a la población o para determinados profesionales sanitarios, muy escasos, que siembran dudas sobre la inmunización o incluso se oponen a ella. «Acabamos de vivir -explica- ejemplos recientes de profesionales sanitarios manifestándose abiertamente en contra de la vacunación, lo que para mi es tan execreable como hablar en contra de los principios básicos de protección higiénica ante una cirugía. Y esta ley creo que va en ese sentido, de tener un mecanismo de contención ante personas que en el contexto sanitario, aunque son excepcionales, se niegan a vacunarse o ante una situación, que no es la actual, en la que en la población general predominase una corriente antivacunas que nos impidiese protegernos a todos de esta terrible pandemia».
«La ley gallega es constitucional, pero ¿cómo podemos obligar a vacunar a alguien cuando no es necesario?»
Al margen del debate científico y ético que suscita la ley gallega de Sanidad existe otra interrogante no menos importante: ¿Es constitucional? Federico Montalvo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas y presidente del Comité Español de Bioética, cree que sí. Primero, porque «sí respeta las competencias». «Galicia -explica- no puede regular directamente un límite a derechos fundamentales, pero sí desarrollarlos sí hay una legislación previa nacional. Y sí existe, la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud del año 86 que estable que en el caso de un grave riesgo para la salud se podrán adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias, incluida la vacunación obligatoria». Y, segundo, desde el punto de vista constitucional «Galicia no está creando un límite, sino desarrollando un límite ya creado».
Lo que sí considera es que la vacunación forzosa no es necesaria en el actual contexto de pandemia en España. Y lanza una interrogante: «¿Cómo podemos obligar a vacunarse a alguien cuando no es necesario?».
Lo que sí entiende que se ha hecho es «definir un marco legal para prever un hipotético problema futuro», lo que no ve mal. «Si realmente -dice- el parlamento gallego lo que está queriendo es dotar a su ordenamiento de un mayor número de instrumentos para poder luchar ante un hipotético rechazo masivo a las vacunas en el futuro, a mi la decisión no me parece incorrecta». Y aunque es partidario de que la medida, si fuera necesario, se tomase a nivel nacional, comprende que Galicia argumente que «si a nivel nacional no se quiere hacer, ¿por qué yo no puedo proteger a los gallegos?». Aclara también que la normativa no obliga en realidad, sino que impone multas a quien no se vacune, lo que no es estrictamente lo mismo. Ello supone un «incentivo negativo» con el que no está de acuerdo. Y más aún porque se generaría una mayor desigualdad entre pobres y ricos.