Lo que sí entiende que se ha hecho es «definir un marco legal para prever un hipotético problema futuro», lo que no ve mal. «Si realmente -dice- el parlamento gallego lo que está queriendo es dotar a su ordenamiento de un mayor número de instrumentos para poder luchar ante un hipotético rechazo masivo a las vacunas en el futuro, a mi la decisión no me parece incorrecta». Y aunque es partidario de que la medida, si fuera necesario, se tomase a nivel nacional, comprende que Galicia argumente que «si a nivel nacional no se quiere hacer, ¿por qué yo no puedo proteger a los gallegos?». Aclara también que la normativa no obliga en realidad, sino que impone multas a quien no se vacune, lo que no es estrictamente lo mismo. Ello supone un «incentivo negativo» con el que no está de acuerdo. Y más aún porque se generaría una mayor desigualdad entre pobres y ricos.
