Una gitana demanda a España en el Tribunal Europeo porque le denegaron la pensión de viudedad

La mujer se había casado a los 15 años por el rito romaní


Madrid / Colpisa

La gitana Joaquina Cortés solicitó la pensión de viudedad cuando su marido, José Fernández, falleció en el 2014 con 65 años. Ella tenía 55 y se había casado por el rito gitano con 15 años, en 1974. La Seguridad Social denegó su solicitud, con el argumento de que su matrimonio no se había legalizado ante las autoridades españolas. En efecto, durante 40 años de matrimonio, en los que se ganaron la vida en los mercados ambulantes de Jaén y tuvieron cinco hijos, los romaníes Joaquina y José nunca se conformaron como pareja de hecho.

Cuando se desposaron según sus costumbres, no podían hacerlo: se imponía la ley franquista. Las cosas comenzaron a cambiar en 1978 con la Constitución. Sin embargo, sus vínculos con el Estado eran casi nulos. Por ejemplo, no solicitaron subvenciones ni formalizaron bienes en común. En su larga convivencia ininterrumpida, Joaquina y José solo cumplieron con el registro de sus hijos en el Libro de familia. La pareja iba junta, como matrimonio, pero en la realidad paralela de los despachos, en las partidas de nacimiento se señala a sus hijos con las palabras «hijo natural» y «extramatrimonial» y a ellos les definen «solteros». Ocurrió con Juana, en 1978; José, al año siguiente; María, en 1988; Emilia, en 1994, y Laura, en el 2000. Estos registros efectuados en el Ayuntamiento de Baeza, manuscritos por un funcionario, serán la piedra angular de un litigio que ha recorrido todas las instancias nacionales y que ahora se prepara para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

Cuando la Seguridad Social rechazó su petición en el 2014, la familia decidió acudir a tribunales. Hay un precedente que también había perdido ante el Constitucional español pero que ganó en Estrasburgo, el de la gitana gallega María Luisa Muñoz Díaz, conocido como «caso Nena», la primera viuda casada por el rito gitano que se enfrentó a España, y que ganó la demanda. Ahora, otra viuda gitana se apresta a enfrentarse con el Estado para percibir una pensión que podría llegar hasta los 480 euros mensuales. «No es una cuestión de dinero, sino de justicia», afirma Juan Pablo Mola, su abogado. «Ambas se casan de buena fe y con la creencia absoluta de su validez, antes de la promulgación de la Constitución».

Si bien no hay documentos que acrediten la legalidad del matrimonio, sí existe la posibilidad de que desaparecieran por una «discriminación indirecta».

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