La Justicia vasca abre los bares y la hostelería gallega prepara sus recursos

SOCIEDAD

Interior de un bar en Vitoria
Interior de un bar en Vitoria JON RODRIGUEZ BILBAO

El TSXG denegó en varias ocasiones las reclamaciones de los empresarios

10 feb 2021 . Actualizado a las 09:06 h.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ordenó la apertura de la hostelería, en contra de lo decretado por el Gobierno autonómico, tras aceptar las medidas cautelares solicitadas por las asociaciones de hostelería, para evitar el grave perjuicio económico. El Ejecutivo vasco, que ya consideró «especialmente grave que los tribunales entren a valorar aspectos sanitarios, tiene cinco días para recurrir el auto. Al hilo de la decisión del tribunal, la hostelería gallega prepara, por tercera vez, el recurso al cierre decretado por la Xunta.

El TSJPV argumenta que, con las restricciones vigentes hasta el momento (cierre a las 20.00 horas y aforo al 50%) «la hostelería no parece un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública» y añade que el Gobierno vasco vulneró los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad. José Martínez, secretario general Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, recalca: «Consideramos que con las restricciones era suficiente para controlar la pandemia sin castigarnos. Y nos opusimos al cierre de la hostelería en municipios con una incidencia de 500 casos por cada cien mil habitantes. Porque cuando el Gobierno vasco abre la mano en las normas en Navidad, aumentando los grupos, anulando los cierres perimetrales y retrasando el toque de queda, pensamos que esa actividad social es la que causa la ola actual y no la hostelería». «Basan sus decisiones en estudios de Estados Unidos y no en argumentaciones científicas sólidas adaptadas a nuestra realidad. Y si lo que decide el TSJPV no sienta jurisprudencia, al menos que haga reflexionar a las autoridades sobre decisiones que afectan a 1,3 millones de trabajadores», añade.

El TSJPV es el verso suelto en los tribunales superiores autonómicos y ya en julio se decantó en favor del ocio nocturno cuando se le restringió el horario de apertura en agosto. Tras su última decisión, la hostelería gallega prepara, por tercera vez, un recurso ante el cierre decretado por la Xunta. La asociación provincial de hostelería de A Coruña, la Asociación Hostalaría Compostela y la Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Santiago ya presentaron sendas reclamaciones en agosto y todas fueron rechazadas por el TSXG, que volvió a denegar las medidas cautelares antes del final de año, basándose en «la preponderancia del interés general en la protección de la salud pública». En otras comunidades, como Madrid o Cantabria, ciertas medidas como la prohibición de fumar en las terrazas, también acabaron en los tribunales.

Por lo general, los Gobiernos autonómicos han recurrido las medidas cautelares o han optado por decretar nuevas normas restrictivas para reiniciar el proceso. Aun con estos precedentes, las asociaciones de hostelería de Galicia preparan unos recursos contencioso-administrativos basados en los argumentos similares a los presentados por las patronales vascas, aunque tras el anuncio del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, de que sopesa aliviar restricciones la próxima semana, asumen el riesgo de que la decisión del TSXG llegue tarde.

«El día 17 deberían dejarnos abrir», reclama el presidente de la asociación provincial coruñesa, Héctor Cañete, «porque la situación generada con cada comunidad dictando normas divergentes es anticonstitucional y una vergüenza; se requiere una acción conjunta». Hostalaría Compostela y la Plataforma para la Defensa de la Hostelería Gallega estudian el recurso, «a pesar da pouca marxe de tempo, xa que se o presidente anuncia alivio, consideramos que será na hostalaría», asegura su directivo Lois Lópes. «O dictado polo tribunal superior vasco, que hai que facer valer en Galicia, coincide coa nosa postura de que non está xustificado que a actividade da hostalaría estea ligada ós contaxios e ó desenvolvemento da pandemia».

El profesor de Derecho Administrativo de la USC, Xavier Ferreira, explica por qué el TSJPV y el TSXG han tomado decisiones opuestas. «O tribunal vasco insiste en que non hai motivación suficiente con datos empíricos para o peche. Hostalaría Compostela, con moi bo criterio, pediu que a Xunta motive e acredite as medidas. Hai un ano era razoable decidir a cegas para protexer a saúde. Pero agora non semella que determinado tipo de establecementos sexan os causantes la expansión da pandemia, porque as relacións sociais se producen neles con moitas medidas de seguridade», expone.

«Cando hai intereses contrapostos, hai que valorar e ponderar. O dano económico á hostalaría é evidente, pero faise sen evidencia empírica. Fronte a outra actividades económicas, o foco púxose no sector hosteleiro. E vése que hai comunidades coa hostalaría aberta e mellores datos sanitarios. As autoridades deberían reflexionar se a causa real está nas reunións privadas descontroladas», argumenta.

Asimismo, Xavier Ferreira apunta que «existe un recurso de unificación de doctrina que se presenta no Tribunal Supremo cando varios tribunais se pronuncian con criterios diferentes. Cando haxa sentencias dos tribunais superiores autonómicos tras estos autos de medidas cautelares, haberá que presentalo e o Supremo terá que pronunciarse», concluye.

Demandas colectivas por daños y perjuicios

Ante los cierres y la pérdida de ingresos, la hostelería ha comenzado a mover ficha para presentar demandas colectivas por daños y perjuicios. La recientemente constituida plataforma estatal La Hostelería de Todos ha contratado al bufete Cremades & Calvo-Sotelo —con sede en Madrid y oficinas en distintas ciudades de España, entre ellas A Coruña y Pontevedra— para presentar reclamaciones de carácter económico.

El socio en Galicia del despacho, el abogado Atilano Vázquez, explica que los empresarios han decidido reclamar porque «se echa en falta una compensación económica. Vamos a ver si acudiendo a la vía judicial se obtiene una respuesta mejor».

El primer paso, explica Atilano Vázquez, será la presentación de reclamaciones administrativas contra el Estado y las comunidades autónomas. Estas serán de carácter individual por parte de cada empresario: «La Administración tiene seis meses para resolver. En caso de no dar respuesta, se presentará una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. No en todas las medidas han sido iguales».

Precisamente, representantes del despacho tenían previsto mantener ayer por la tarde una reunión con miembros de la plataforma para abordar los pasos a dar. Atilano Vázquez comentó que las reclamaciones administrativas comenzarán a presentarse dentro de una o dos semanas.

Con el objetivo de cuantificar el daño en cada caso analizarán los resultados económicos de los ejercicios comprendidos entre el 2017 y el 2019, para efectuar después una media: «Eso nos permitirá hacer una valoración del perjuicio, descontando el dinero que hayan podido recibir en concepto de ayudas durante este período de incidencia del covid».

Por otra parte, desde la Asociación de empresarios de Hostelería de A Coruña se canalizarán dos demandas patrimoniales. Una, por medio de un despacho de abogados de la ciudad herculina y a la que se pueden adscribir los hosteleros que lo deseen, y otra por medio de la patronal nacional (Hostelería de España). Ambas pedirán indemnización por daños y perjuicios por pérdida de ingresos.

Algunas fuentes del sector apuntan que las demandas colectivas que deben partir de reclamaciones individuales pueden verse mermadas por el desembolso que deben afrontar los pequeños empresarios para iniciar el trámite legal. En esta línea, Hostalaría Compostela y la Asociación de Bares, Pubs e Discotecas de Compostela anunciaron que presentarán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Xunta y que sus servicios jurídicos estudian ahora si será de naturaleza colectiva o individual.