Aprobada la ley que concede tres años a los concellos para organizar la recogida de biorresiduos

El Parlamento gallego da luz verde a la la Lei de Residuos e Solos Contaminantes solo con el respaldo del PP


El pleno del Parlamento gallego aprobó este martes la Lei de Residuos e Solos Contaminantes, un texto que incorpora el acervo europeo en materia de reducción, reciclaje y reutilización de basuras con un calendario de objetivos muy preciso, y que concede un plazo de tres años a los concellos para que organicen la recogida separada de los biorresiduos, tales como restos de alimentos, frutas, verduras o corchos naturales.

La nueva norma echa a andar solo con los votos favorables del grupo del PP, ya que la oposición considera que la ley «é do pleistoceno, obsoleta e anticuada», dijo el nacionalista Luís Bará, por la renuncia que se hace en la misma a superar el modelo de tratamiento de residuos basado en la incineración que representa Sogama. Con todo, la diputada popular Marta Nóvoa insistió que no es texto de parte, sino «de todos», que representa a la mayoría de Galicia y hace una apuesta más decidida por la reutilización de los materiales.

El texto establece una serie de objetivos muy concretos, que pasan, por ejemplo, por reducir en un 15 % el peso de los residuos antes del 2025, fecha para la cual el porcentaje de reutilización de materiales como el papel, vidrio, metal y plástico debe llegar al 55 %. Del mismo modo, fija una reducción del 30 % de los residuos alimentarios en el 2025, que se eleva al 50 % 2030, y uno de los aspectos que se regula para alcanzar esta meta es la obligación que tendrán los establecimientos de restauración de entregar las sobras de los alimentos a los clientes, preferentemente en recipientes reutilizables, para que se la puedan llevar a casa.

Hay deberes para los ayuntamientos en la nueva norma, pues además de disponer de tres años para organizar la recogida separada de biorresiduos, la del contenedor marrón, dispondrá de cinco años, es decir, hasta el 2026, para organizar la recogida de restos textiles y residuos peligrosos de origen doméstico.

También dedica la norma dedica un amplio apartado al régimen de sanciones, que pueden derivar en la imposición de multas de hasta 1,7 millones de euros para los casos de contaminación con residuos peligrosos. Por ejemplo, el abandono o vertido incontrolado de un mueble o de un aparato electrónico que no es llevado a un punto limpio se sancionará con una multa que puede oscilar entre los 901 y los 45.000 euros, llegando incluso a los 300.000 euros si se trata de residuos peligrosos.

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