El Gobierno se desmarca del borrador de la Ley Trans que quiere impulsar Igualdad

La Voz REDACCIÓN

SOCIEDAD

EUROPA PRESS / E. Parra. POOL

Siguen las tensiones entre PSOE y Podemos respecto a la legislación que, según los primeros, solo responde a los postulados de los segundos

03 feb 2021 . Actualizado a las 12:25 h.

El Gobierno ha querido dejar claro que el borrador de la Ley Trans elaborado por el Ministerio de Igualdad es la propuesta de este departamento pero no la del Ejecutivo. Según explican a Europa Press fuentes gubernamentales, el texto solo recoge de momento los postulados de Unidas Podemos y todavía debe concluir su trámite y ser estudiado por el resto de Ministerios que tienen competencias en materias afectadas.

Tal y como informa Europa Press, esta futura ley lleva ya meses siendo objeto de discrepancias dentro del Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la cabeza, desde que Irene Montero diera a conocer sus intenciones de recoger en la norma la libre determinación de género, algo que finalmente ha incluido y que varios colectivos feministas no comparten.

En concreto, el borrador que se ha difundido y al que ha tenido acceso Europa Press, elimina la despatologización de la transexualidad, permitiendo el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, y recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la «declaración expresa» de la persona.

La número dos de Podemos pretende llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, si bien las fuentes consultadas avisan de que el texto todavía no ha acabado de ser tramitado dentro del Gobierno, porque solo ha pasado por Igualdad, y «solo recoge los postulados de Unidas Podemos».

El equipo de la ministra Montero se encuentra en la actualidad negociando esta norma con Calvo, en su calidad de ministra de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, por lo que es susceptible de sufrir algún cambio antes de su aprobación por parte de todos los miembros del Ejecutivo.

En este contexto, Calvo y Montero mantuvieron una reunión la semana pasada para analizar la propuesta de Igualdad de la ley Trans y también la ley LGTBI, que la ministra quiere impulsar conjuntamente en febrero.

La Plataforma Trans acusa al PSOE de querer imponer un «documento transfóbico»

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha lamentado que el PSOE está intentando imponer en la Moncloa el «documento transfóbico» que envió a integrantes de la formación y en el que muestra su posición en contra de la autodeterminación de género. «Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos», recoge el texto socialista. En este documento también se muestra «contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres» y acaba cargando contra «la autodeterminación sexual».

Europa Press indica que Cambrollé cree que al PSOE se le «está cayendo la careta» con el colectivo trans, yendo, además «en contra» de la sentencia del Tribunal Constitucional que determinaba que requerir informes médicos o psicológicos a las personas transgénero «atenta contra la dignidad y los derechos humanos» del colectivo; e incluso en contra de las 11 leyes autonómicas ya existentes en esta materia.

También ve como «una gran contradicción» que «un partido que presume de europeísta» se «tape los oídos» antes las múltiples directivas del Consejo de Europa en las que se invita a los gobiernos a acabar con la discriminación de los trans y a impulsar la libre de autodeterminación de genero.

No es una ley de máximos

La presidenta de la Plataforma Trans, critica que los socialistas estén usando la «demagogia» y los «argumentos manidos» para criticar la Ley Trans del Ministerio de Igualdad, cuando dicen que hay inseguridad jurídica y que temen que pueda ser llevara al Constitucional. «Inconstitucional es que no tengamos derecho a trabajo o que seamos tratados como enfermos, y me parece una afrenta muy grave contra la infancia, ya que esta Le Trans emana de la Ley de Protección del Menor y de la Carta Internaciones por los Derechos del Niño», ha declarado Cambrollé, en declaraciones a Europa Press.

Además, ha explicado que la norma ha sido valorada positivamente por una de las personas «más autorizadas en derecho constitucional» como es el catedrático de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo.

«Ni siquiera es una ley de máximos», ha apuntado Cabrollé, que ha explicado que el colectivo podría haber exigido que el texto incluyera «una reparación histórica» de las víctimas de discriminación durante la dictadura y la democracia, con un subsidio para que «puedan vivir con dignidad».

Delgado evita valorar el borrador de ley trans hasta conocer el texto final

Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha evitado opinar, «por prudencia» y hasta que no se conozca el texto final, sobre el borrador de la ley para la igualdad de las personas trans diseñado por el Ministerio de Igualdad, aunque ha valorado la importancia de reconocer «derechos y libertades».

En una entrevista en Onda Cero que recoge EFE, Delgado no ha querido por el momento dar su opinión sobre el borrador que se conoció este martes y que plantea permitir el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores.

La fiscal general ha hecho referencia a ese carácter temprano del borrador, que hace que le resulte «muy complicado» opinar sobre sus detalles y consecuencias jurídicas, algo que «por prudencia» ha rechazado hacer hasta que no se sepan «los términos de la norma».

«Cuando conozcamos ese texto final o pase la fase parlamentaria, de alguna manera podré opinar», ha prometido Delgado,».«Esperemos a ver cómo se define», ha insistido Delgado, que se ha declarado al mismo tiempo «feminista» y ha destacado la importancia de «reconocer derechos y libertades teniendo en cuenta las mayores garantías para toda la sociedad».