La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria carga contra los políticos por la gestión de la pandemia

SOCIEDAD

ANTON VAGANOV

Exige que la respuesta de las Comunidades Autónomas se base en la ciencia y pide cooperación con las autoridades sanitarias

25 nov 2020 . Actualizado a las 08:51 h.

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha emitido un extenso documento en el que analiza las consecuencias de la descoordinación política en la lucha contra el coronavirus. De este modo, la SESPAS advierte de que «en las últimas semanas de esta segunda ola de la pandemia, los datos en España de incidencia de contagios, hospitalizaciones, ingresados en uci y fallecidos por el covid-19 se encuentran a la cabeza de Europa y aún del mundo y siguen siendo muy altos. A pesar de este preocupante balance de resultados, persiste una inadecuada coordinación entre las distintas Administraciones Sanitarias que dificulta la gestión de la pandemia en nuestro país».

La sociedad hace hincapié en que «la deslealtad institucional y politización de la gestión de la pandemia, y constantes cambios en los protocolos de actuación conllevan desafección de la ciudadanía, agotamiento de los profesionales y una menor efectividad de las medidas de prevención y control». «Todas las autoridades, estatales y autonómicas, deberían coordinarse evitando el conflicto. El Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud debe ser el órgano donde se fije la coordinación entre una necesaria estrategia nacional y las estrategias más específicas de cada territorio», pide. «Los responsables políticos con competencias de salud pública no deben condicionar políticamente una respuesta a la pandemia desde el ámbito técnico, convirtiéndola en arma arrojadiza de los que entiende son sus intereses electorales. Ante esta falta de credibilidad, la unificación y consenso en la actuación sanitaria, las conductas preventivas, individuales y sociales, se resienten y pierden efectividad de cara al control de la pandemia», lamenta.

Por eso, solicita una «respuesta territorial a la pandemia en base a criterios científicos y racionales, atendiendo a las capacidades disponibles, con un plan articulado y sólido de actuación, así como medidas efectivas e intensas de prevención y control». «Resulta imprescindible una planificación racional según los principios de la epidemiología generalmente aceptados, un plan de contingencia marco común, especialmente de la vigilancia y detección de contactos, seguimiento, análisis, diagnóstico y aislamiento de contagiados. Y también de los recursos destinados al control de la pandemia, basados en esta racionalidad y no en medidas de cara a la galería, sin efectividad ni criterio. Las consecuencias de estos comportamientos son graves», añade.

Salud y economía

«Por otro lado, no se trata de poner la economía en un lado de la balanza y la salud en el otro, como erróneamente defienden los responsables de algunas comunidades autónomas, sino de un equilibrio mucho más complejo. No tomar medidas duras de respuesta y contención para salvar la actividad económica es una estrategia condenada al fracaso. Los países que tienen más infectados, hospitalizados y fallecidos son los que también tienen peor comportamiento económico. La economía no se recuperará hasta que consumidores e inversores no recobren la confianza gracias a una disminución drástica de las infecciones y la percepción de que las medidas gubernamentales son coherentes», añade la SESPAS.

Como consecuencia, señala «las repercusiones en salud, desigualdades sociales, sobrecarga emocional y agotamiento laboral de profesionales producidas por la inadecuada respuesta a la pandemia por parte de las autoridades». «Estas malas respuestas a la pandemia están incrementando todavía más las dificultades para atender a los pacientes que sufren otras patologías distintas del covid-19. Existen ya datos sobre la omisión y el retraso de diagnósticos y tratamientos de enfermedades graves, como las oncológicas, los infartos de miocardio y los ictus», analiza.

«De manera simultánea, los profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales, como los de residencias de ancianos y personas con discapacidad, policías, comercios de alimentación o transporte público, han estado y siguen estando sometidos a pruebas muy duras, en términos de contagios y fallecimientos, sobrecarga emocional y agotamiento laboral. Las malas políticas de salud pública no permiten superar esta realidad», concluye.