El PP traslada al Parlamento la reforma legal para aplicar mejor las restricciones y los confinamientos

SOCIEDAD

Lavandeira jr

La nueva norma recopilará todas las medidas susceptibles de ser aplicadas frente a una pandemia y las sanciones por incumplimientos

19 nov 2020 . Actualizado a las 19:42 h.

El Grupo Popular registró este jueves en el Parlamento gallego una iniciativa dirigida a reformar la Lei de Saúde de Galicia, que data del 2008, con el fin de dotarse de una base jurídica más precisa para aplicar sin problemas las medidas y restricciones que van a asociadas a la gestión de la pandemia de coronavirus, tales como las cuarentenas, los aislamientos o confinamientos sociales, así como las sanciones derivadas de los incumplimientos.

El portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, compareció en rueda de prensa junto al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la portavoz de sanidad de los populares, Encarna Amigo, para explicar los trazos gruesos de una reforma normativa que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, llevaba más de medido año reclamando al Gobierno central para dotar de nuevos instrumentos legales a las autoridades sanitarias, más allá de la declaración del estado de alarma, para hacer frente a los efectos de una pandemia. En concreto, la Xunta planteó una revisión de la Ley General de Sanidad de 1986, para que las restricciones dictadas en una comunidad no fueran reprochadas ante la Justicia, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo descartó esta opción, sino que también lo hizo el Congreso al tumbar por mayoría una iniciativa del PP que tenía ese mismo propósito.

Cerrada esta puerta, el PPdeG decidió cambiar de campo de juego y puso la vista en el Parlamento gallego para reformar al menos la Lei de Saúde de Galicia. Y es el propio grupo parlamentario, que no la Xunta, quien se encargó de registrar este jueves una proposición de ley para dotar de «amparo xudicial», señaló Puy, a muchas medidas susceptibles de ser tomadas por las autoridades sanitarias y que «limitan ou condicionan os derechos das persoas».

Pedro Puy puso de relieve que la declaración de un estado de alarma por un período tan prolongado, «que non é bo para a saúde democrática dun país», no es el mejor instrumento para manejar una situación epidemiológica. Es más, abundó que algunas comunidades —y aludió a Asturias— lo consideran insuficiente para decretar de forma efectivas medidas como un confinamiento, que no está recogido de manera explícita en el estado de alarma.

La reforma planteada por los populares consiste en un artículo único que modificar varios aspectos de la norma del 2008. Delimita el concepto de autoridad sanitaria, enumera las medidas preventivas ante una pandemia que son susceptibles de ser aplicadas, que van desde las limitaciones de aforos, las restricciones de horarios, la aplicación de protocolos o el control de enfermos, hasta otras de protección de la salud pública, tales como la prohibición de aglomeraciones o del consumo de alcohol en los espacios públicos, así como las cuarentenas, aislamientos y confinamientos sociales.

El texto refleja que todas las restricciones han de ser proporcionadas, debidamente motivadas y limitadas en el tiempo, al objeto de que supongan una «mínima intrusión» en el ejercicio de los derechos individuales. También se crean tres supuestos de sanciones para los casos de infracciones leves, como pueden ser el incumplimiento de un horario o de la obligatoriedad del uso de mascarilla, hasta otras de tipo graves o muy graves. García Comesaña, el responsable de Sanidade, indicó que esta reforma «vainos dar unhas ferramentas máis estables e robustas para tomar decisións dun xeito máis debatido». Y de una forma casi «preditiva», dijo, pues los propios artículos de la ley anticipará la modulación de los pasos a tomar por las autoridades para gestionar la situación epidemiológica. La previsión del PP es que el texto sea tramitado antes del próximo mes de febrero para que pueda entrar en vigor.