El Gobierno prepara un borrador para que las comunidades puedan confinar a la población en casa

Los técnicos del Ejecutivo trabajan en un «plan B» para que esté listo antes del 14 de noviembre y la idea es evitar, de momento, un mando único

Una chica, durante el primer confinamiento en el mes de abril, en Santiago
Una chica, durante el primer confinamiento en el mes de abril, en Santiago

Madrid / Colpisa

Salvador Illa se mostró este jueves esperanzado en no tener que recurrir a los encierros masivos en casa. De hecho, la consigna oficial del Gobierno central es la de no adelantar acontecimientos; evitar las comparaciones con las duras medidas dictadas en países como Francia, Alemania e Italia; y esperar a ver qué ocurre en los próximos días con la evolución de los indicadores de la pandemia. «El actual decreto de alarma no prevé los confinamientos domiciliarios. Nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las comunidades no va a ser necesario llegar ahí, aunque la situación es muy grave. Esperamos estabilizar, doblegar y mantener baja la curva», ha afirmado el ministro de Sanidad.

Pero en Moncloa, en realidad, no tienen claro que el aislamiento de las comunidades y municipios y los toques de queda sean suficientes. Es más, sus técnicos trabajan desde principios de esta semana en un «plan b» para el supuesto de que no se pueda frenar la expansión del virus en las próximas dos semanas, porque la segunda ola sigue avanzando. Los servicios jurídicos del Estado apenas acabaron de redactar el decreto del estado de alarma del domingo, se pusieron a perfilar otro borrador de una posible nueva orden para otro estado de alarma que permitiría, llegado el caso, a las comunidades llegar hasta el temido confinamiento domiciliario.

Pero el proyecto del Ejecutivo tendría importantes matices con respecto al decreto que el pasado marzo ordenó en encierro en casa. El Gobierno, según revelan algunos de los técnicos que trabajan en ese borrador, no tiene previsto -al menos por el momento- volver a asumir el mando único, aunque la situación epidemiológica en esta segunda ola se agrave. De acuerdo con estas fuentes, las comunidades, como viene ocurriendo desde el fin de la desescalada el 22 de junio, seguirán siendo las «autoridades delegadas», aunque bajo el paraguas de que sería cuarto estado de alarma decretado por el Ejecutivo central.

Por lo tanto, serían los gobiernos autonómicos los que, si llega a entrar en vigor este nuevo decreto, decidan si hacen uso de este nuevo marco normativo y hasta dónde. Y es que la idea del Ejecutivo es dar un «nuevo instrumento» con el que las autonomías puedan superar los actuales confinamientos perimetrales y toques de queda, pero de forma «gradual», hasta poder llegar, si lo vieran necesario, a las cuarentenas en las viviendas. En cualquier caso, lo que se rechaza es una orden nacional de confinamiento como de la marzo porque la incidencia sigue siendo muy dispar en el territorio nacional.

Los técnicos de Sanidad y los expertos jurídicos del Gobierno piensan sobre todo en una marco jurídico «flexible» y «a la carta» en el que las propias autonomías, en función de su evolución, puedan decidir desde aplicar las medidas mínimas comunes (entre las que se estudia que sigan vigentes los toques de quedas o los confinamientos ‘menores'), pasando por los actuales aislamientos perimetrales autonómicos, hasta llegar a las restricciones más duras como el encierro domiciliario y otros escenarios de «restricciones generalizadas de la libre circulación».

Otra de las grandes diferencias con el estado de alarma de marzo sería que las comunidades podría mantener abiertos los centros educativos ante la evidencia de que la transmisión en estas instalaciones sigue siendo muy baja. Además, cada autoridad autonómica tendría cierto margen para definir cuáles son las actividades imprescindibles que quedarían fuera del confinamiento generalizado en su región.

La idea de Moncloa y Sanidad es que este borrador esté listo antes del fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Esa es la fecha máxima que el Gobierno se ha fijado para comprobar los efectos de las medidas que las comunidades han empezado a implementar bajo el paraguas del estado de alarma aprobado el pasado domingo por el Consejo de Ministros. En el Ministerio de Sanidad no se llaman a engaño a pesar del optimismo mostrado ayer por Illa. Pocos son los expertos que esperan que los confinamientos perimetrales de las comunidades tengan efectos «importantes» en la «reducción» de la transmisión.

Algo más de esperanzas se tienen puestas en que los toques de queda y los cierres de la hostelería puedan ayudar a la contención del coronavirus. Sin embargo, por ahora, estas medidas, que en algunas zonas de España ya llevan cerca de dos semanas aplicándose, no han tenido efectos «contundentes» como demuestra que la incidencia acumulada nacional ha seguido creciendo en los últimos días.

Después de que los servicios jurídicos del Estado rechazaran que el actual decreto permita el encierro domiciliario, siquiera temporal como llegó a estudiar Cataluña en un primer momento, habían sido varias las comunidades, que tanto en el Consejo Interterritorial de Salud como en contactos informales, habían pedido al Gobierno que tuviera en la recámara un instrumento para poder recurrir, llegado el momento, a esta medida extrema.

Este futuro y todavía hipotético decreto -precisan fuentes gubernamentales- no recortaría la capacidad de las autonomías para otras restricciones de su competencia como fijar horarios de comercio o el cierre de la hostelería.

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