Sánchez carga a las autonomías el peso del estado de alarma, que defenderá Illa

Juan Ventura Lado Alvela
j. v. lado REDACCIÓN / LA VOZ

SOCIEDAD

Quique Garcia

El Gobierno insiste en los seis meses de duración y que se vote mañana

28 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Seis meses de plazo y votarlo en el Congreso mañana mismo. Esa es la propuesta inamovible del Gobierno para este nuevo estado alarma, cuyo peso traslada a las autonomías y que será defendido por el ministro de Sanidad Salvador Illa y no por Pedro Sánchez.

La justificación del Ejecutivo a la incomparecencia del presidente, aparte de que tiene que participar por la tarde en un Consejo Europeo extraordinario por videoconferencia sobre la pandemia, es que «a partir de ahora quedará a criterio de cada autoridad competente delegada, es decir de cada presidente autonómico, cuáles son las restricciones de movilidad que hay que imponer», según señaló ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero. Entiende que no hay medidas de alcance estatal como en el primer decreto y sus prórrogas, con lo que ese control parlamentario continuo, que pretende evitar Sánchez y que exigen los grupos de la oposición, incluidos los socios de la investidura, está garantizado a través de las cámaras autonómicas.

«No es admisible que fuerce un Estado de alarma de seis meses sin control judicial ni parlamentario y ni se digne a ir al Congreso a presentarlo», consideró el presidente del PP, Pablo Casado, para quien Sánchez «está a tiempo de rectificar» y pactar su propuesta de reducir el plazo de alarma y «legislar de una vez contra la pandemia». Más dura se mostró incluso la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, que acusó al jefe del Ejecutivo de usar al ministro de Sanidad como «escudo humano» para «suspender libertades públicas de 47 millones de españoles».

Vox, por su parte, no apoya ni los seis meses, por «inconstitucionales» y porque «recortan libertades», ni los dos que propone el PP. Y hasta el momento ningún grupo, al margen del PSOE y Podemos- ni siquiera los habituales aliados parlamentarios- ha explicitado su apoyo. En cualquier caso, el Gobierno cuenta con obtenerlo y prevé negociar en las horas que quedan otras cuestiones que le permitan mantener el plazo de seis meses.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha adelantado que junto con el diputado de Compromís, Joan Baldoví, está preparando una resolución que obligue al Gobierno a rendir cuentas con una periodicidad concreta. «Los mecanismos de excepción no pueden durar medio año con el piloto automático» y el Congreso «no puede dar un cheque en blanco», opinó Errejón.

«Chirría democráticamente»

«Es que chirría democráticamente que el Congreso esté seis meses sin votación en algo tan restrictivo como el estado de alarma», consideró Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, un grupo cuyo apoyo puede resultar crucial para sacar adelante la medida, al igual que el de Ciudadanos, que hasta ahora ha respaldado todos estos decretos, pero que ya ha dejado claro que no le gusta y que negociará hasta última hora.

La portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, ve «excesivo, abusivo y peligrosísimo» un plazo tan largo y cree que Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso al menos cada mes o mes y medio para ser controlado.

Mertxe Aizpurua, de Bildu, asume por su parte que el estado de alarma debe tener una vigencia larga, incluso contemplar un horizonte hasta mayo, pero cree «excesivo» prorrogarlo directamente durante seis meses «sin apenas control parlamentario».